¿Cómo reaccionar cuando el árbitro, a fuerza de penales sin sentido, decide el destino de un campeonato?
Un dilema que el Gobierno se vio obligado a responder ante los sucesivos avances de la Corte Suprema sobre los otros poderes.
En la política argentina se juega la final de la Copa del Mundo. Aunque al principio disimula un poco, el árbitro empieza a inclinar la cancha y no pasa mucho tiempo hasta que cobra el primer penal. Muy polémico, pero por lo menos dentro del área. El segundo llega poco después y lo curioso es que castiga al arquero por tomar la pelota con la mano. El séptimo lo cobra por una palabra de más en mitad de la cancha.
¿Qué debe hacer el equipo perjudicado, aguantar estoico hasta el final de un partido que ya pierde 7 a 0 (un gol por cada penal) o retirarse generando un escándalo que deje planteada la protesta? En el hipotético partido no se sabe, pero en la realidad Alberto Fernández eligió la segunda opción: pateó el tablero y presentó el juicio político al árbitro supremo, la Corte, empezando por su presidente Horacio Rosatti.
La analogía ni siquiera es demasiado forzada. Después del tercer penal absurdamente cobrado nadie puede pensar que es una casualidad ni que el partido puede ser remontado. Lo mismo le ocurrió al Gobierno con las sucesivas resoluciones de la Corte, todas convalidando los fallos contra las y los dirigentes peronistas y en defensa de las y los opositores.
Cada vez que enfrentó uno de esos fallos, Cristina Kirchner los denunció sin ambigüedades y varios de sus allegados presionaron por el pedido de juicio político. Pero el tema da un verdadero salto institucional cuando es el propio titular del Poder Ejecutivo quien se pone al frente de la decisión de acusar a la cuádruple cabeza del Poder Judicial.
Perder callado o a los gritos
La disyuntiva parece de fácil resolución, pero no lo es. Si el equipo se mantiene en la cancha, soportando estoicamente el robo, será elogiado por todo el establishment y el periodismo, que resaltará la caballerosidad y el respeto a las normas de los derrotados.
En otras palabras, perderá el partido por escándalo (en las dos acepciones del término), pero se mantendrá dentro del sistema institucional que organiza el campeonato, reparte premios y maneja los grandes negocios del fútbol.
Parte de los hinchas pueden ponerse furiosos, pero otros encontrarán algún consuelo cuando llegue el próximo campeonato del Mundo y Argentina pueda volver a participar, algo que en el otro caso quedaría claramente en duda. Romper las reglas siempre trae un castigo.
Alguien podría argumentar que el que rompe las reglas es el árbitro, y tendría formalmente razón, pero solo formalmente. Las reglas, tanto en el deporte como en la política, no son solo las normas escritas y acordadas sino también el uso que hacen de ellas los que tienen el poder de interpretarlas y ejecutarlas.
La decisión de Fernández
El Gobierno se vio en la encrucijada, se tomó su tiempo, pero finalmente optó por repudiar el rol del árbitro y poner en discusión al sistema que les garantiza el control casi absoluto de la realidad nacional. Como en el fútbol, todo se medirá por los resultados, así que para sacar conclusiones definitivas habrá que esperar a ver adónde lleva el proceso de juicio político abierto, pero ya se puede hacer una primera evaluación de su pertinencia.
Con el Congreso paralizado por la paridad de las fuerzas en la Cámara de Diputados y la imposibilidad del oficialismo de reunir en el Senado los dos tercios necesarios para nombramientos judiciales importantes, a lo que se suma un Consejo de la Magistratura bloqueado por la intervención de la propia Corte Suprema, al Gobierno solo le queda enfrentar la situación con jugadas testimoniales.
Si se calla y consiente, más tarde o más temprano seguirían llegando los penales en pleno año electoral. Los políticos, más fallos contra Cristina Kirchner y sus exfuncionarios, y los económicos, duros golpes a los bolsillos populares y vaciamiento del federalismo a favor de la campaña opositora.
Qué se juega el peronismo
Explicitar claramente la pelea de fondo puede acelerar esos fallos, pero también hacer más evidente su naturaleza política. El árbitro ya no sería reconocido como imparcial, aunque mantenga el silbato y el traje negro.
Por supuesto, todos los convencidos de la maldad intrínseca del peronismo solo verán confirmadas sus peores convicciones, pero en un año electoral no deberían ubicarse en el centro de las preocupaciones del oficialismo: ninguno de ellos votará nunca por uno de sus candidatos.
La atención tendría que concentrarse en los antiguos decepcionados del Frente de Todos, que en 2019 eligieron esa sigla para repudiar el más que repudiable gobierno de Macri. Hace años que reciben una dosis diaria de odio contra todo lo que huela a kirchnerismo, pero no estaría mal tratar de que vean que los fallos judiciales no son una convalidación neutral de esa catarata de descalificaciones sino que forman parte central de ese sistema de destrucción de los valores democráticos.
Todo empieza en Diputados
La iniciativa oficial jugará su primer round en la Comisión de Juicio Político de Diputados, donde el Frente de Todos tiene la presidencia y 16 integrantes contra 15 de la oposición. Si consigue mantenerlos unidos, estará dado el escenario para desplegar durante meses sus argumentos contra el Partido Judicial y su cúpula.
Intentará entonces mostrar a los decepcionados que la anomia judicial afecta su tranquilidad y, lo más importante, sus alicaídos bolsillos. No será fácil, no es imposible.
Tampoco hay que descartar otros desarrollos surgidos del propio devenir de la jugada aunque hoy parezcan inimaginables. Eso es la política. Aunque conseguir los dos tercios de la Cámara necesarios para avanzar con la acusación no aparezca aún en el radar, algunos en el oficialismo sueñan con revelaciones que lleven a renuncias imprevisibles o que horaden la hasta ahora monolítica unidad opositora que tiene bloqueado el Congreso.
Los chats de D’Alessandro y la final del Mundo
En su última aparición pública, Cristina Kirchner hizo mención a la filtración de la primera tanda de chats del ministro porteño Marcelo D’Alessandro, la que puso al desnudo la componenda de jueces, políticos y medios opositores en el ya legendario viaje a Lago Escondido. Enseguida, para graficar la situación de la justicia argentina, citó definiciones de Eugenio Raúl Zaffaroni que parecen referirse tanto a la cúpula del Poder judicial como al arbitraje que encabeza esta nota.
“El caos es tan grande que no hay ante quien reclamar nada, porque aquellos que deberían custodiar la eficacia de las normas son los que las violan. Así desaparece el derecho: no sabemos qué es lícito y qué ilícito. Estamos ante un vacío jurídico generado por la propia Corte Suprema”, dijo el principal jurista argentino en diálogo con Raúl Kollmann.
La difusión de la segunda filtración de chats de D’Alessandro, con la explícita lista de instrucciones que Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Horacio Rosatti, le da a su amigo del PRO para armar operaciones conjuntas contra el peronismo, supera cualquier descripción analítica y solo admite comparaciones como la de los siete penales en la final de la Copa del Mundo.
Pero a la hora de buscar un camino de salida terminan las analogías. Más allá del resultadismo, las reglas del deporte no son las de la política. Las sociedades reescriben permanentemente sus reglamentos a la luz de los cambios económicos y culturales. El conflicto es constante y fija a cada paso las nuevas relaciones de fuerza.
Por eso el propio Zaffaroni es consciente de que “un vacío de derecho no lo puede resolver el propio derecho, porque quienes debían dar eficacia al derecho, optaron por hacer lo que les da la gana y vaciaron de derecho el espacio social. El caos debe resolverlo la política y, conforme a toda idea democrática, el protagonista de la política es por esencia el soberano, es decir, el pueblo”.
Y no hay VAR que lo contradiga.
