Finalmente quedó promulgada la ley que reduce a la mitad la composición de los Concejos Municipales de Rosario y Santa Fe, además de reducir el gasto presupuestario al 2%. A su vez, en el resto de los municipios (considerados «de segunda categoría») se congeló el número actual de bancas. Las iniciativas llegan para responder a la demanda de menor gasto político en la provincia, pese a la resistencia de los concejales de la capital provincial, que contrataron a un constitucionalista cordobés (Antonio Tuta Hernández) para evitar el recorte.
Quedó firme, además, que las dietas que perciban los ediles no podrán superar la retribución del intendente municipal, en tanto que los funcionarios que ejerzan cargos electivos o políticos deberán presentar sus declaraciones sobre antecedentes curriculares y patrimoniales.
Sin embargo, para la promulgación no medió un decreto del gobernador sino el mero paso del tiempo, en un mecanismo que se denomina promulgación ficta o de hecho, y que funciona cuando se cumplen diez días desde la aprobación legislativa, sin que en el interín el Ejecutivo firme un decreto de promulgación o, en su defecto, la vete.
Precisamente, ayer fue el décimo día desde que la Legislatura sancionó los recortes a los Concejos Municipales, y Reutemann no firmó el decreto de promulgación. Pero tampoco vetó esa norma, por lo que su promulgación quedó firme de hecho. La resolución terminó con las dudas que se reprodujeron en los despachos oficiales y que, presumiblemente, hicieron que el gobernador declinara firmar un decreto expreso. Esas dudas habían surgido a partir de observaciones señaladas por la Fiscalía de Estado respecto a la pertinencia legal del congelamiento del número de bancas en las ciudades de menos de 200 mil habitantes.
Los cabildeos tenían además otro condimento: la oposición de los concejales de casi toda provincia, principalmente opositores, aunque también de algunos justicialistas, quienes habiendo fracasado en el intento de impedir su tratamiento legislativo en tiempo y forma amenazan ahora con distintas acciones, incluso legales, para impedir su aplicación efectiva. Aun así, hasta el momento se trata de un final feliz para una de las iniciativas con las que más se había comprometido e identificado el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, a punto de haber llegado a admitir en privado que si la ley no se promulgaba su permanencia en el cargo corría riesgos.
Lo que viene
Suponiendo que la escaramuza finalmente se desate y que su escenario sean los Tribunales, la suerte de la ley quedará en manos de la Justicia y a merced de sus tiempos.
El entretanto promete jugosos cruces que ya se iniciaron. El vicepresidente del Concejo santafesino, el justicialista Eduardo Errante, salió al cruce «de la metodología mediática que los restos de lo que se dio en llamar Alianza han convertido en dogma», y ataca el argumento de la autonomía municipal que la oposición dice defender.
En la reforma se incluye la enmienda a la ley de lemas y el decreto que promulga la obligatoriedad de publicar vía Internet todas las resoluciones y leyes que produzca el gobierno a fin de hacer más transparente su manejo y permitiendo el acceso de la ciudadanía a dicha documentación. En este punto, lo que resta es la publicación.
El Boletín Oficial incluyó ayer en su tapa la transcripción del nuevo texto de la ley de lemas: la polémica norma ya está en vigencia, aunque la oposición siga poniendo el grito en el cielo.
Hermes Binner criticó la disminución en el número de concejales. «Es peor que el retoque a la ley de lemas, están avanzando sobre la Constitución. Esto es gravísimo para la democracia», sorprendió el intendente rosarino.
