En una virtual declaración de guerra, el Concejo aprobó ayer en una sorpresiva sesión autoconvocada una poda de 28 millones de pesos al presupuesto municipal del año 2002 enviado por el intendente Hermes Binner. Así, los 294 millones proyectados para gastar este año se convertirán en 266.157.286 pesos. La pregunta que quedó flotando ayer es cómo hará el Ejecutivo para llevar adelante este recorte, cuando ya se gastó el 90 por ciento de esos fondos y el otro 10 por ciento está comprometido.
El Concejo sólo se limitó a decir que no se podrán tocar las partidas de Promoción Social y Salud Pública, y en la ordenanza final quedó explícito que se deberán sumar dos millones a cada una de esas áreas.
La decisión del recorte la tomaron 25 concejales de la oposición, en una sesión que contó con la ausencia de los bloques oficialista y celeste (radical) y los ediles Gloria Sotelo, Silvana Svatetz y Gustavo Gerosa.
Apenas iniciada la reunión se pasó a un cuarto intermedio de diez minutos, en los que se hizo la última intentona para que «el oficialismo recapacite, y se sume al debate». Así lo expresó Evaristo Monti, en una moción que fue apoyada por todos los presentes. Esto es, los bloques del Progreso Social, peronista, justicialista, la Unión Cívica Radical y los concejales Alberto Joaquín, Federico Steiger, Omar Paredes y Alberto Cortés.
Ataque al binnerismo
Con un quórum ajustado (apenas tres ediles más de lo necesario), se largó la sesión, caracterizada por un certero ataque político a la administración Binner. Cada uno a su modo, con mayor o menor énfasis, se encargó de condenar «las actitudes antidemocráticas del Ejecutivo», al menos así lo expresó el pesepista Ricardo Marengo. También se habló del «ocultamiento de los datos reales del destino de los fondos municipales», al decir del peronista Alberto Joaquín.
A contramano de su habitual perfil bajo, la concejala del Progreso Social, Hilda Gontín, puso el grito en el cielo: «Pongámosle límites al intendente», enfatizó. E hizo un pormenorizado detalle de los ingresos a las arcas municipales. Según sus cifras -que suman la recaudación del primer semestre, lo proyectado para el segundo, los préstamos y el déficit estimativo- se llega a unos 250 millones contra los 294 que solicita el Ejecutivo.
«No podemos autorizar más gastos que los recursos que se obtienen», dijo Gontín, quien contó con total adhesión.
Tras cuatro horas y media de debate, se decidió pasar a un nuevo cuarto intermedio para definir la redacción final de la ordenanza de presupuesto. Así se fijó que la suma del gasto municipal para el 2002 no debe pasar los 266.157.286 pesos, que resulta de afectar unos 255 millones a la administración central, unos 7,5 millones a los organismos descentralizados, y 2,7 millones al Instituto de Seguridad Social. También se establece en el documento, que no se podrán afectar los créditos presupuestarios destinados a Salud Pública y Promoción Social. Es más, deberán ser incrementados en dos millones de pesos para cada jurisdicción.
En el artículo 10 y 11 de la nueva ordenanza, los ediles apuntaron directamente a los fondos que tienen destinos específicos. Si bien parece una obviedad, le dejaron en claro al Ejecutivo, que no podrá disponer de ese dinero para otra cosa que no sea la puntualmente determinada. Por ejemplo, la recaudación por el fondo del gas derivada a pavimentos no podrá usarse para otro fin ni ir a parar a rentas generales.
Y los concejales fueron más allá. Recalcaron que los capitales remanentes de partidas específicas de un año a otro deberán quedar depositados en cuentas especiales y no podrán tener otro uso más que el establecido originariamente.
En una conferencia de prensa convocada en el búnker oficialista mientras trascurría la sesión, el concejal Sergio Liberati -junto al bloque socialista en pleno- disparó: «Este recorte es una barbaridad. Y no es más que una maniobra política de la oposición para hacer peligrar al municipio en su viabilidad institucional».
