Sus legisladores presentaron el informe final este mediodía, en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, y como anticipó LPO, los oficialistas firmaron en disidencia y redujeron las culpas a los militares exonerados.
Pero no lograron torcer al menos a un opositor para estirar los plazos de presentación, como intentaron la semana pasada, y el material podría convertirse en la fuente principal de las causas judiciales que investigan los motivos del naufragio.
Intentaron persuadir al diputado massista Alejandro Grandinetti y el senador peronista Alfredo Luenzo, que hizo algunas consideraciones propias pero estampó su firma para acusar al Gobierno de al menos haber actuado con inoperancia. Los acompañaron los senadores José Ojeda (PJ), Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ), Magdalena Odarda (progresistas); y los diputados Pedro Miranda (Argentina Federal); Nilda Garré y Guillermo Carmona (FpV-PJ).
En minoría, la defensa al Gobierno se limitó a los senadores Esteban Bullrich e Inés Brizuela y los diputados Luis Petri y Guillermo Montenegro.
El submarino Ara San Juan desapareció el 17 de noviembre de 2017 y fue hallado un año más tarde por la empresa Ocean Infinity, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a una profundidad de 900 metros. La bicameral se creó por ley y empezó a funcionar el 20 de marzo de 2018, realizó 55 reuniones, con más de 50 expositores, en su mayoría ex militares, funcionarios y especialistas.
En la primera parte del informe, subido a los sitios web de ambas Cámaras del Congreso, los legisladores señalan que el Ministerio de Defensa ignoró las inspecciones navales sobre el mal estado de la flota, que podrían haber hecho repensar a las autoridades la decisión de zarpar.
Y considera que como responsable de la cadena de mando, Aguad debió haber actuado para prevenir la tragedia, al igual que el presidente Mauricio Macri.
«Las autoridades políticas se corrieron del centro de atención, dejando a la Armada al frente del manejo de la crisis, omitiendo la supervisión y control del manejo de las operaciones frente a aquélla, como también en la comunicación y relación con los familiares y la sociedad argentina», señala uno de los párrafos.
«El presidente de la Nación, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia. Sostuvo en el cargo al Ministro luego de los hechos y de su cuestionable desempeño. Las escasas oportunidades en las que apareció vinculado con la temática lo hizo en forma superficial, sin ejercer nunca su mando ni comando sobre la fuerza y muchas veces demostrando falta de empatía con los familiares de los tripulantes», agrega.
Según la reconstrucción del comité de expertos (integrado por Pedro Bassi, Marcelo Covelli, Jorge González, Gustavo Krsaser y Alejandro Maegli), el submarino tuvo una explosión primaria, que fue informada a las autoridades del Comando de la Fuerza de Submarinos y aun así no existió una orden para llevar la nave a superficie, se sumergió once horas más tarde e implosionó.
«Los expertos señalan que pudo haber ocurrido una explosión al retirarse la tapa de ingreso al balcón de baterías, donde la excesiva producción de hidrógeno por el principio de incendio, al liberarse, ocasionara una explosión que dejara sin capacidad de respuesta a la tripulación», dice el informe.
«Otra de las posibilidades, es que el principio de incendio no estuviere del todo controlado y el retiro de la tapa hubiere provocado la explosión, que inmediatamente dejara incapacitado al personal de comando de la nave», especularon.
De todos modos, reconocen que luego del principio de incendio el comandante Pedro Fernández estimó que la situación «estaba controlada e informa que no hay heridos, comunica su intención de verificar y reconectar el sistema y continúa en navegación».
Aunque no lo admitan públicamente, en el Gobierno consideran que Fernández cometió una imprudencia clave para la desenlace trágico de la expedición. Pero el trabajo final del Congreso descarta cualquier «responsabilidad al Comandante o a algún otro tripulante, toda vez que no existe ninguna prueba en tal sentido, por lo que se trataría de un ejemplo de la falta de supervisión por parte de la conducción de la fuerza».
Por unanimidad, los legisladores sostuvieron que la falta de mantenimiento de la nave no puede reducirse a este gobierno, pero protegieron a Garré al afirmar que no existen indicios ni evidencias que «reparación del media vida», realizada durante su gestión como ministra de Defensa, «hubiera sido causa de la pérdida del submarino, ni que alguna deficiencia en la misma hubiera podido impedir la resolución de la emergencia».
En su disidencia, el oficialismo consideró que la comisión no está facultada a determinar las responsabilidades disciplinarias y administrativas de los funcionarios y mucho menos las políticas. Y señalan que las potestades operacionales del presidente con las fuerzas armadas se limitan a tiempos de guerra y que los militares acceden a sus cargos previo acuerdo del Senado de la Nación.
La presentación estuvo cargada de tensión por la presencia de los familiares de las víctimas en la primera fila y el discurso introductorio del senador Ojeda, presidente de la bicameral, quien le reprochó a Gabriela Michetti y Emilio Monzó no haber recibido nunca a los legisladores y destacó que Montenegro, su vice, había intervenido para facilitar los trámites con el Gobierno. Además, le reprochó a la jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez haber retaceado información.
Yañez investiga las causas de la tragedia hace más de un año, no tiene ningún imputado y en el Congreso vociferan que el informe le servirá como respaldo político para acorralar a los militares exonerados y señalados como responsables directos, sin disidencia alguna.
El principal es el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento Luis Enrique López Mazzeo, que fue informado del incidente en las baterías «en forma inmediata» por el jefe de comando de submarinos, Claudio Villamide, pero «se limitó a dejar la emergencia en manos de este, no alertando de inmediato a su escalón superior de tan importante acontecimiento», señala el texto legislativo.
López Mazzeo es la figura más controversial de la investigación, porque si bien quedó mal parado, fue una de sus principales fuentes de información: en una reunión secreta con los legisladores, aportó datos precisos sobre la localización de la nave mucho antes que fuera hallada por Ocean Infinity, que habría conseguido a partir de sus contactos en la armada de Estados Unidos.
Otro militar complicado será el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, jefe de operaciones de submarino cuando la tripulación alertó del principio de incendio a la medianoche del 15 de noviembre y no se apresuró por informar a sus superiores. Según declaró en la comisión, le informaron que el fuego estaba controlado.
El Congreso tampoco libra de culpas al ex jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur, que recibió la información cuando ya era tarde y aún así no la transmitió a Aguad «en forma detallada y completa». El ministro lo protegió cada vez que expuso, pero sus legisladores no.
Sí se apartaron del cuestionamiento al ministro por no informar a los familiares de los tripulantes «de los hechos en forma inmediata ni con la certeza y contención necesaria», motivo de posibles juicios contra el Estado por sumas millonarias. Referentes de estudios jurídicos de peso ya se pelean por llegar primero. Uno sería el del mediático Fernando Burlando.
