El Concejo Municipal de esta ciudad aprobó, en el marco de la nueva legislación general de uso del suelo, una nueva reforma a la normativa que prohíbe la radicación en la ciudad de empresas que se dediquen al tratamiento, disposición o reciclado de materiales considerados como peligrosos por la ley provincial de medio ambiente.
La nueva legislación no tiene carácter retroactivo, por lo tanto no afecta a las plantas que ya existen en la ciudad, pero sí a futuro, más teniendo en cuenta que habían ingresado al municipio dos pedidos de factibilidad, para una industria destinada a la recuperación de plomo y para otra que apuntaba a la destrucción de residuos industriales.
En la ciudad existen algunas plantas dedicadas a tratar con elementos provenientes de otras industrias. Una es Bravo Energy, que se dedica a reciclar aceites de automóviles, y la otra es IDM, que en su planta de San Lorenzo se dedica al tratamiento de residuos industriales por termodestrucción, y al reciclado de solventes industriales residuales, entre otro procesos. Ninguna de estas plantas verá afectada su continuidad con la vigencia de la ordenanza Nº 2.706, pero uno de los fundamentos del proyecto fue considerar que ese número de plantas era el límite para nuevos emprendimientos de esa naturaleza, sobre todo dado la sensibilidad sobre los temas relativos al medio ambiente, que aumentó últimamente en la sociedad, y la necesidad de actualizar la legislación de manera que el conjunto de la ciudadanía no quede en un estado de vulnerabilidad ante el avance de la industrialización.
Todo el ejido.
La nueva disposición, que se aprobó por unanimidad y rápidamente fue promulgada desde el Ejecutivo municipal, abarca a todo el ejido urbano de San Lorenzo, y engloba a todo tipo de industrias que se dediquen tanto a reciclar, destruir o simplemente almacenar sustancias que puedan provenir como excedentes o descartes en los distintos procesos productivos.
La ley provincial Nº 11.717, conocida como ley de medio ambiente y desarrollo sustentable establece una serie de criterios tanto para definir los materiales peligrosos, como para ordenar la actividad de todas aquellas empresas destinadas a manipular este tipo de elementos.
Por otro lado, en cuanto a sus alcances, la ordenanza es muy clara en cuanto a la prohibición de instalar en ninguna zona del territorio del municipio de San Lorenzo, «ni en las zonas industriales preexistentes, ni en zonas industriales que puedan crearse en el futuro ni en ninguna otra zona del municipio».
Consensos.
La presidenta del Concejo Municipal, Claudia Moyano, remarcó: «Estamos trabajando para buscar consensos que permitan modificar y mejorar todo lo que tenga que ver con la legislación para la utilización del suelo, y en este caso particular se trataba de un tema muy delicado para la calidad de vida de nuestros ciudadanos».
Por otro lado, la edil calificó a la nueva ordenanza como «todo un adelanto para la ciudad, que responde a una necesidad y a una preocupación de los vecinos, y eso no es más que cumplir lo que hemos dicho en algún momento».
Lo cierto es que tanto esta nueva legislación como la que en su momento prohibió el transporte por la ciudad de sustancias peligrosas (que apuntaba, fundamentalmente, al uso de agroquímicos en los camiones cerealeros) son un pequeño avance en función de la calidad de vida de ciudadanos que viven en el medio de uno los conglomerados más importantes del país.
Además, muchas veces la necesidad de puestos de trabajo puso al tema del medio ambiente en un segundo plano de las prioridades.
Texto: Diario La Capital