La reparación de los ingresos viales a Rosario, la construcción de dos centros de distritos y de un edificio para el predio ferial, entre otras obras, deberán esperar. Es que la Intendencia tomó la decisión de no tomar un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordado por la entidad en 50 millones de dólares. Mientras el presidente Eduardo Duhalde anunciaba ayer un ambicioso programa de obras públicas solventado con préstamos internacionales, el secretario de Hacienda local, Angel Sciara, aseguraba desde el Palacio de Los Leones que la Municipalidad «no está en condiciones financieras para tomar el endeudamiento, ni puede distraer recursos para obras de infraestructura en el mediano y largo plazo». Y fue más allá, el funcionario responsabilizó al gobierno provincial de atrasar en su momento la autorización para acceder a los fondos.
La historia se remonta a más de dos años atrás. Los proyectos requirieron del permiso de la provincia para que la Municipalidad pudiera endeudarse en 50 millones de dólares. Las gestiones ante el BID comenzaron en el 99 durante la gobernación Jorge Obeid, cuando se firmó el convenio subsidiario de préstamo.
En abril del 2000, quedó constituida una comisión evaluadora de los créditos, luego se licitó la confección de los pliegos licitatorios y en marzo del año pasado el plan para reparar los ingresos viales a la ciudad quedó en manos del gobernador Carlos Reutemann, quien debía autorizar el endeudamiento.
Pero los chisporroteos fueron una cuestión de Estado entre el intendente Hermes Binner y la Casa Gris. El jefe comunal denunció demoras en los trámites y Reutemann acusó a Binner de «liderar un operativo para presionarlo». Recién el 24 de julio del 2001, la reparación de cinco ingresos a la ciudad, la edificación de dos distritos municipales, un edificio en el predio ferial y obras de desagüe tuvieron el okey definitivo de Santa Fe.
En agosto del año pasado se firmó el último trámite para acceder al crédito por 49,3 millones de dólares del programa para las Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior (GAU), que contaban con el financiamiento del BID y una devolución a 15 años de plazo. Pero luego de la hecatombe económica que sacudió el país en los últimos meses, los proyectos que fogoneó la Municipalidad quedaron en carpeta hasta nuevo aviso.
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El presidente Eduardo Duhalde y el ministro del Interior, Jorge Matzkin, anunciaron ayer la reactivación de programas de obras públicas financiadas por el BID y el Banco Mundial por 1.108 millones de pesos, que posibilitarán la creación de 24.500 puestos de trabajo en todo el país.
El propio Matzkin comentó que el plan «estaba prácticamente parado», por problemas administrativos y «algún desorden en todas las cuentas en las relaciones con organismos internacionales», pero detalló que el programa GAU implica la realización de obras por 460 millones de pesos, aportados por el BID, para 55 comunas, divididas en cuatro grandes centros urbanos: Gran Tucumán, Gran Córdoba, Gran La Plata y Gran Rosario.
Apenas escuchó las declaraciones efectuadas desde Capital Federal, Sciara salió al cruce de los funcionarios nacionales. «La información es incorrecta, porque el GAU ya no cuenta con los recursos previstos inicialmente, y ha ido sufriendo distintos recortes», se despachó al considerar que «ejecutar hoy un convenio subsidiario de préstamo firmado con el BID por 50 millones de dólares resulta inhumano por el compromiso enorme que se requiere para hacer frente a ello».
Para ser más categórico Sciara afirmó: «No estamos en condiciones de tomar el crédito internacional, porque lo que nos limita seriamente son los ingresos para el funcionamiento cotidiano de la Municipalidad; es más, no podemos distraer recursos para obras de infraestructura en el mediano y largo plazo por la tremenda responsabilidad que asumen las finanzas municipales».
Si bien quedó en claro que se desdibujaron las condiciones presupuestarias de la Intendencia, «se están buscando mecanismos que permitan aliviar el impacto que significaría asumir un endeudamiento», a futuro.
Una opción válida es solicitar la intermediación del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) que estaría en condiciones de aportar un «paraguas administrativo» entre el Ejecutivo y el BID. «De lograrse, facilitaría el aporte local en la ejecución de las obras, podría haber una disminución en la carga impositiva del crédito y asistencia técnica de la entidad», apuntó Sciara.
A la hora de distribuir responsabilidades, el secretario de Hacienda no dudó en apuntar sus dardos contra el gobierno santafesino. «Podríamos haber llevado adelante más de un proyecto si el tratamiento de la provincia hubiese sido más ágil, sobre esto no existen dudas», señaló.