El Senado aprobó el proyecto oficial que otorga «superpoderes» al jefe de Gabinete para modificar las partidas del presupuesto sin el control del Congreso
La norma se aprobó por 37 votos a favor contra 6 en contra, tras ocho horas de encendido debate. Los votos en contra correspondieron a los partidos provinciales y el socialismo, ya que los radicales se habían retirado del recinto minutos antes de la votación, cuando la senadora Cristina Fernández de Kirchner hacía uso de la palabra una vez más y profería duras críticas contra la oposición.
El proyecto le permitirá al Poder Ejecutivo cambiar el destino de alrededor de 30 mil millones de pesos de los 100 mil incluidos en el presupuesto 2006. A través del mismo, el PEN podrá disponer libremente, además, de la recaudación no prevista en el cálculo original, que según estudios privados alcanzaría una cifra cercana a los 10 mil millones de pesos.
Los senadores del radicalismo y del kirchnerismo ya habían protagonizado un duro debate en la sesión del miércoles anterior, en la cual brindó su informe el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien hizo una encendida defensa de la iniciativa que impulsa la reforma de la ley de Administración Financiera.
En este marco, Cristina Fernández de Kirchner negó que la modificación de la norma pueda «vulnerar la división de poderes»; sostuvo que esta atribución es una «herramienta» otorgada a un presidente constitucional para gobernar; y negó que se trataran de «superpoderes», ya que esas facultades le habían sido otorgadas al ex ministro de Economía de la Alianza, Domingo Cavallo.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich, abrió el debate alrededor de las 17 argumentando que el proyecto enviado por el Ejecutivo no reclama «facultades delegadas, ni suma del poder público, ni superpoderes», y acusó a la oposición por haber transformado «un problema administrativo en uno político».
Por su lado, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria (FpV), Miguel Angel Pichetto, aseguró que cualquier reasignación de partidas del presupuesto que con la modificación de la Ley de Administración Financiera podrá realizar el jefe de Gabinete, «estará sometida a controles» correspondientes. Pichetto mencionó entre los controles a la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y el propio Congreso, y agregó que «no se trata de fondos negros».
«Se engaña a la gente diciendo que con estos fondos se va a ir a comprar intendentes de otros partidos, para la campaña política, todo eso es una mentira», sentenció el legislador.
Pichetto formuló estos conceptos en el último tramo de la sesión en la cual se debate la reforma de la norma que le permite al jefe de Gabinete reasignar partidas presupuestarias sin pedirle autorización al Congreso, salvo los gastos reservados para seguridad e inteligencia que continuarán bajo la órbita de la Comisión Bicameral del Parlamento.
Además, Pichetto argumentó que «cuando se dice que el gobierno va a manejar estos fondos discrecionalmente, se hace creer a la gente que el gobierno, con esta plata hará lo que quiera».
«No se le dice a la ciudadanía argentina que estos fondos están controlados como todos los otros fondos del presupuesto nacional», sentenció el representante rionegrino.
Luego de defender la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia el jueves último, la primera dama Cristina Kirchner volvió a sostener un proyecto del Gobierno que encabeza su esposo. Afirmó que los «verdaderos superpoderes» eran los que el Congreso le cedió en marzo del 2001 a Domingo Cavallo, ex ministro de economía del radical Fernando De la Rúa.
«De la Rúa estrenó los superpoderes», dijo la primera dama, al defender la propuesta del Gobierno y a su vez criticar al bloque de la UCR. «No es cierto que se vulneren la división de poderes, la modificación es absolutamente de carácter administrativo del Estado», amplió la legisladora, quien además detalló las diferencias entre los «superpoderes» de Cavallo y los que pidió el Gobierno.
Cristina Kirchner remarcó, en ese sentido, que los superpoderes del ex ministro de economía incluía la posibilidad de centralizar organismos autárquicos, reformar la ley de ministerios, crear o eliminar impuestos y emitir bonos.
En pleno recinto la legisladora propuso cambiar la letra del proyecto: sugirió que los gastos reservados y de inteligencia queden al margen de la reforma, y continúen bajo el ala del Parlamento. «Se pretende decir que estamos violando la Constitución y la violación de poderes porque modificamos una ley que no existía hasta el año 1992», amplió la senadora, que utilizó casi dos horas para fundamentar la iniciativa.
Desde la oposición, en tanto, el radical Gerardo Morales (Jujuy) reiteró que el proyecto del Gobierno es «inconstitucional», y acusó al Presidente de «querer formalizar la concentración de poder en el Poder Ejecutivo».
«Esperemos que la justicia le ponga un punto a este debate para que no se viole la Constitución», dijo Morales. «Está mal cederle estas facultades al Presidente por más que haya sido votado. Que represente la mayoría en el Congreso no quiere decir que represente a todos», amplió el legislador, al acusar a Kirchner de «hegemónico».
También cuestionó a Kirchner por su política de alianzas con los gobernadores radicales: » que (el Presidente) no se meta en nuestro partido, si hasta ya parece un afiliado», ironizó.
El jefe de la bancada del radicalismo, Ernesto Sanz, afirmó que el proyecto es «una contrarreforma constitucional».
«Si la Constitución hubiera querido que estas facultades fueran del jefe de Gabinete, lo hubiera escrito. Sin embargo, quedó en el ámbito del Parlamento» la redistribución de partidas presupuestarias, sostuvo Sanz.
El representante radical recalcó que «estamos frente a una contrarreforma constitucional, y por eso pedimos el giro de este proyecto a la Comisión de Asuntos Constitucionales, no por una actitud mezquina». Además, ratificó que cuando el proyecto se convierta en ley, para lo cual aún debe ser discutido en la Cámara de Diputados, el radicalismo apelará a la Corte Suprema de Justicia que «es el poder que debe poner orden en una situación controversial entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo».
Para Sanz, «a diferencia de los sistemas, las personas son descalificadoras y soberbias, y uno hasta siente pena por el maltrato que se les propina a quienes obligan a votar sus leyes con los dedos en la nariz».
«Cuando hablan, pueden cansar a algunos, pero a otros, gracias a la tecnología de las comunicaciones, pueden abrirle los ojos de las verdaderas personalidades que esconden», sentenció Sanz.
Gentileza: www.rosarionet.com.ar
