Los perjuicios de las defraudaciones imputadas a los 14 directivos de la firma engloban entidades bancarias internacionales, nacionales, empresas, acopios y productores, lo que configura un fraude de unos 700 millones de dólares, la mitad del total de la cesación de pagos provocada por la empresa
Once casos de estafa y seis hechos de falsificación de balances se les imputó a los catorce directivos de la empresa Vicentin que este martes se sentaron en una sala de audiencia del Centro de Justicia Penal a escuchar la sindicación fiscal en su contra.
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El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Miguel Moreno explicó en conferencia de prensa que la empresa se vino a pique a partir de 2017, situación que ocultó a través de balances falsos y derivó en estafas a bancos internacionales, al menos uno nacional y productores granarios.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves próximo, a pedido de la defensa, para ver la evidencia y discutir la prisión preventiva. El fiscal adelantó que en algunos casos pedirá una medida cautelar, por lo que trascendió que desde los acusados ofrecieron una caución de cinco millones de dólares para no quedar presos. Habrá que ver si esta propuesta se reedita en la audiencia de medida cautelar.
IMPUTADOS: Los fiscales Moreno y Sebastián Narvaja imputaron a Daniel Nestor Buyatti en su carácter de presidente, al vicepresidente Alberto Julián Macua y a los directores de Vicentin SAIC Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi y al síndico Omar Adolfo Scarel (Raúl González Arcelus, también es investigado pero no estuvo presente en la audiencia. Hasta septiembre de 2020 junto a Scarel era parte de la junta fiscalizadora de la firma) por estafas y falsificación de balaces. Al presidente, además, por apropiación indebida de tributos. A los sospechosos se les atribuyó confeccionar, aprobar y utilizar balances anuales con cierre en octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa que ocultaba el verdadero pasivo de la empresa.
Según explicó la Fiscalía, desde noviembre de 2016 hasta julio de 2019 la firma brindaba información financiera de un activo corriente que venía creciendo promediando los 1.000 millones de dólares, entre julio de 2018 y julio de 2019. Ello significó exhibir una empresa sólida, confiable, que cumplía los requisitos para acceder a financiación bancaria y que era elegida por sus 1.800 proveedores para entregarle granos de cereal.
Esa información se reflejaba en los balances e informes realizados durante once trimestres pero en el último trimestre de 2019, con base en el balance del 31 de octubre de ese año, que se presentó casi un año después, se observa una caída estrepitosa. Según esta información, en octubre de 2019, la empresa registró una pérdida del patrimonio neto de 909,9 millones de dólares, en sus estados de resultado refleja una pérdida de 881,7 millones de dólares en los últimos 12 meses (octubre 2018-octubre 2019).
En diciembre de 2019, que coincide con el final de la gestión de Mauricio Macri en la presidencia del país, Vincentin anunció en forma sorpresiva su cesación de pagos, lo que devino en denuncias presentadas por los bancos internacionales y el concurso preventivo que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista. También hay una denuncia penal.
Los perjudicados
Las víctimas fueron cinco bancos internacionales, uno nacional y productores granarios. En cuanto a las entidades internacionales los fiscales achacaron a los ejecutivos haber confeccionado y presentado informes trimestrales correspondientes a los períodos: enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019 firmados por Roberto Alejandro Gazze y certificados de compliance (que monitorea el sistema de gestión) con información financiera que ocultaba el verdadero pasivo de la empresas, firmados por Javier Gazze, Yanina Colomba Boschi, Alberto Julián Macua y Miguel Vallazza.
Estos documentos mostraban una situación de solidez patrimonial de la empresa y tenía como fin ocultar la verdadera realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y, así, provocar bajo error disposiciones patrimoniales que superan los 500 millones de dólares en líneas de créditos acordadas con el fin de prefinanciar exportaciones, explicó la fiscalía.
Para acceder a estos créditos Vicentin debía cumplir condiciones previas y los compromisos asumidos en los contratos marco con los bancos internacionales. Entre ellos, someter sus balances anuales a auditorías y brindar informes trimestrales, acreditar solvencia, liquidez y capacidad de repago, presentar certificados de compliance, garantizar una determinada ratio financiera (un indicador entre la relación entre activos y pasivos), destinar los fondos para exportaciones, entre otras.
Para la Fiscalía, además de los balances falsos la firma emitió certificados de cumplimiento falsos con adulteración de ratio. La ratio es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente de una empresa, explicó Moreno. Para que Vicentin tuviese acceso a desembolsos que realizaban los bancos, tenía que tener según el contrato una ratio de 1.2, es decir el activo corriente debía superar en un 20 por ciento del pasivo corriente, y llegó a exhibir ratio de 1.8 cuando la realidad financiera era otra, dijo el fiscal.
Las maniobras destinadas a dar una imagen de empresa saludable y rentable no se limitan al ocultamiento del pasivo sino que además se detectó el uso de transferencias de dinero con empresas satélite del grupo. Entendió la Fiscalía: “Estas empresas recibían el dinero con destino para prefinanciar exportaciones que Vicentin recibía de los bancos y en muchos casos sin una contraprestación que nosotros pudiéramos detectar. Hay un flujo de dinero intragrupo que muchas veces no encuentra justificación en alguna operación comercial o financiera”. Y agregó: “Entedemos que fueron utilizadas para maniobras financieras”.
Otro de los bancos que fue estafado fue Macro, con el mismo ardid utilizado con las entidades internacionales. Vicentin pidió en septiembre de 2019 crédito por 508 millones de pesos, a poco más de dos meses se declaró en cesación de pagos y a cinco meses se presentó en concurso preventivo.
En otra denuncia que se sustancia en Buenos Aires, donde están bajo la lupa el ex presidente Macri y el entonces titular del Banco Nación Javier González Fraga, además de los integrantes del directorio de Vicentin entre otros, se investiga si esa entidad oficial concedió un crédito fraudulento por 18 mil milllones de pesos, al menos durante 2019, a Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA.
Los productores
Para la Fiscalía de Rosario, el plan de poner en escena una empresa solvente y confiable fue un llamador para productores y vendedores de granos, acopios y cooperativas que engañados le entregaron a Vicentin bajo contrato “a precio a fijar” sumas millonarias. El fiscal explicó que este tipo de contrato consiste en tomar grano y fijar su precio cuando el vendedor lo establece.
Moreno explicó en conferencia de prensa que Vicentin tomaba el grano y lo registraba en sus balances como activo corriente, sin registrar la contrapartida, es decir el pasivo corriente que era lo que le tenía que pagar al productor al momento que se decidiera fijar precio.
Para la Fiscalía, los imputados estaban en pleno conocimiento de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas. La captación se produjo porque Vicentin ofrecía menores precios y plazos más laxos para fijar precio, explicaron en la audiencia.
Además el presidente del directorio fue imputado por no cumplir con su obligación de agente de retención: lo imputaron de apropiación indebida de tributos por una suma millonaria.
En la conferencia, Moreno dijo que tienen probado que no existía una solvencia total. “Lo que hubo fue un encubrimiento real de la situación, esto dicho en coloquial es una venida a pique de la empresa desde el 2017, que fue ocultado a través de estas falsedades en los balances, y ésta es la justificación del paso abrupto de una situación a otra que no era tal, era el ocultamiento de una decadencia económico-financiera”
Explicó que la estafa tiene una pena máxima de 6 años. Para la Fiscalía se cometieron alrededor de 11 estafas y 6 acciones de balances falsos. “Estamos en el límite máximo establecido por el artículo 55 del Código Penal que son 50 años de prisión. Entiendo que al momento de llevar a juicio este caso la solicitud de pena será de cumplimiento efectivo, en atención a muchas variables que hay dentro de este caso como ser la multiplicidad de hechos y el perjuicio causado”, aseguró.
En conferencia, el fiscal confirmó que tras conocerse que el próximo jueves, cuando se reanude la audiencia, pediría una cautelar para algunos de los imputados, se ofreció un seguro de caución “a fin de la sujeción de estas personas al proceso penal”, dijo. El ofrecimiento es de 5 millones de dólares. El jueves, ante el pedido fiscal, se sabrá si la defensa mantendrá este ofrecimiento para evitar que algunos de sus clientes sigan el proceso tras las rejas.
Entre los directivos de Vicentin sólo Máximo Padoan hizo declaraciones a la prensa al retirarse y manifestó su “desconcierto” por la imputación.
En tanto, el representante legal de la querellante familia Grassi, Gustavo Feldman, aseveró: “Las evidencias en el juicio son abrumadoras. Los directivos actuaron con una simulación de solvencia en el mercado granario, que produjo la captación del cereal ajeno, sabiendo que no se iba a pagar y de hecho, no pagaron a los acopiadores primarios. Las maniobras se utilizaron para captar los créditos de la banca nacional. Existió una doble presentación, y a través de esto le pedían a los bancos que le siguieran otorgando créditos. Los bancos extranjeros tuvieron un perjuicio de 400 millones de dólares”.
“Hay 36 millones de archivos informáticos como evidencia y 43 anexos, de 200 páginas cada una, que contienen documentos. La evidencia es contundente. Se solicitaron medidas cautelares. La resolución de esa situación se va a definir el jueves y está en manos del tribunal”, describió a LT8, y cerró: “La calificación legal es estafa, apropiación de tributos y balances falsos, esos fueron los delitos de acuerdo al fiscal. La masa dineraria concursal son 700 millones de dólares, es el perjuicio potencial que el fiscal ha imputado con esta maniobra”.
Fuente texto: elciudadanoweb.com
Foto portada: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Gráfico interactivo en Genially por Rosario3
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