Transnacionales y Derechos Humanos: un trabajoso paso adelante

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Por Atilio Borón

El pasado jueves 26 de junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra sometió a votación una iniciativa de Ecuador y Sudáfrica tendiente a crear un grupo de trabajo con el mandato de elaborar “un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas”. La propuesta tenía como objetivo avanzar en el armado de un marco legal regulatorio del comportamiento de las grandes corporaciones a los efectos de impedir los abusos o las violaciones a los derechos humanos producidos como consecuencia de sus actividades. Los considerandos del proyecto se apoyaban en las numerosas resoluciones y normas de las Naciones Unidas relativas a la protección de los derechos humanos e, indirectamente, en una propuesta (aunque no fue explícitamente mencionada en los considerandos) ventilada en el seno de esa organización en la década de los setentas del siglo pasado.

En aquella oportunidad la inercia todavía latente de los procesos de descolonización en Asia y África y el surgimiento de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina (el Chile de Allende, la Asamblea Popular de Juan J. Torres en Bolivia, la Revolución Peruana de Velasco Alvarado y la presidencia de Luis Echeverría en México) hizo posible la construcción de un amplio consenso en el seno de la ONU relativo a la necesidad de someter a las empresas transnacionales a reglas de carácter universal más allá de las que pudieran adoptar las legislaciones de los estados, en muchos casos demasiado débiles para resguardar la soberanía nacional sobre sus propias riquezas y recursos naturales. Atento a estas consideraciones el Consejo Económico y Social de la ONU propuso la creación de una comisión y un Centro de Estudios sobre las Corporaciones Multinacionales con el propósito de elaborar un Código de Conducta para estas empresas. Por supuesto, para los ojos de la burguesía esto era una intolerable afrenta a sus intereses porque se proponía modificar la relación de fuerzas entre sus empresas y los países anfitriones amén de ser un inadmisible obstáculo a la irrestricta movilidad internacional que era una de las fuentes principales de las superganancias que obtenían en el llamado Tercer Mundo. De ahí que esa iniciativa diera origen a ásperas controversias, agravadas por los efectos de la llamada “crisis del petróleo” de 1973, entre el bloque de gobiernos del capitalismo avanzado -liderado por Estados Unidos y secundado por los países europeos y Japón- y el por entonces Grupo de los 77 más los países que por entonces conformaban el campo socialista. Las tácticas dilatorias de los primeros sumadas a la esclerosis burocrática de los organismos de Naciones Unidas precipitaron el abrupto fin de las negociaciones cuando con la elección de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos las burguesías metropolitanas pasaron a la ofensiva, derrotaron a los movimientos y fuerzas políticas que desde Mayo de 1968 acosaban la dominación del capital y eliminaron de la agenda de la ONU el proyecto. Hasta ahora.

Sorprendente, decíamos, la conducta de los países latinoamericanos; sorprendente y suicida agregaríamos, porque si hay un tesoro que se debe preservar de la voracidad de las transnacionales es la enorme riqueza de bienes comunes que tiene Nuestra América, sede de las mayores reservas mundiales de agua, petróleo, biodiversidad y minerales estratégicos, en pos de las cuales las grandes empresas, transnacionales o no, están dispuestas a violar la totalidad de los derechos humanos en caso de que fuera necesario. ¿Cómo pudieron los representantes de esos seis países de América Latina y el Caribe no solidarizarse con una iniciativa de nuestros hermanos del Ecuador y Sudáfrica, víctimas de brutales saqueos a manos de las transnacionales, como lo prueba de manera espeluznante el desastre ambiental y humano dejado por la Chevron en la Amazonía ecuatoriana? ¿O es que pueden ser tan ingenuos (para no utilizar un término más ofensivo) como para suponer que la catástrofe producida en Ecuador es un desafortunado accidente que para nada refleja el modo de actuación de las grandes empresas, sobre todo en los países de la periferia?

Asombra la deserción de Brasil, apartándose de sus socios del BRICS que en su totalidad votaron a favor de la propuesta de uno de sus miembros, Sudáfrica, lo que pone de relieve, por enésima vez, la clásica anfibología de Itamaratí: estamos en el BRICS pero subrepticiamente votamos con Estados Unidos. ¿Con quién están, seriamente hablando?  Sorprende y mucho consterna la defección de la Argentina, que tiene más de un motivo para preocuparse por el tema dada la creciente importancia que la explotación de los recursos mineros e hidrocarburíferos tiene en su actual estrategia económica y la sintonía política existente con el gobierno de Rafael Correa.

Confiemos en que esta vez, a diferencia de lo ocurrido el siglo pasado, una nueva versión del código de conducta de las transnacionales pueda ser aprobada y llevada a la práctica para poner fin a sus interminables tropelías. Y que los países latinoamericanos que la semana pasada se abstuvieron –sobre todo Argentina y Brasil- replanteen su postura y colaboren activamente en las labores de la comisión que estará encargada de preparar la nueva normativa. En suma: lo ocurrido días atrás en Ginebra fue un pequeño paso adelante; pequeño pero significativo. La mejor prueba de su importancia la ofrece la desaforada reacción de los representantes del poder de las transnacionales, que no ahorrarán esfuerzos para frustrar la concreción de la digna y valiente iniciativa propuesta por Ecuador y Sudáfrica. Como dicen que dijo el Quijote (aunque esto también está en disputa), “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”.

– Dr. Atilio Boron, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini

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