Todas las cámaras empresarias santafesinas se unieron para reclamar cambios a la norma recientemente aprobada en La Legislatura. Denuncian que se pierden negocios por la obligatoriedad de comprar desarrollos “libres”. ¿Binner la vetará?
Todas las cámaras empresarias santafesinas se unieron para reclamar cambios a la norma recientemente aprobada en La Legislatura. Denuncian que se pierden negocios por la obligatoriedad de comprar desarrollos “libres”. ¿Binner la vetará?
La aprobación de la ley provincial de software libre generó el cerrado rechazo de las agrupaciones empresarias del sector, que esta tarde se volverán a reunir con altos funcionarios provinciales para intentar desactivar sus puntos más polémicos.
El proyecto, impulsado por el diputado Pablo Javkin fue votado por unanimidad en la Cámara baja, luego de haber recibido algunos retoques en el Senado, y se convirtió en ley.
Hasta ahora, para las compras estatales de servicios tecnológicos regía en Santa Fe un mecanismo de compre preferencial que priorizaba la adquisición de programas de software libre ante igualdad de precio y condiciones con el resto de las ofertas. Pero cuando empiece a regir la ley directamente se comprará software libre (salvo que no haya oferta en lo que se busca) y se establece que en el plazo de un año todos los sistemas provinciales deben mudarse a este tipo de programas.
La aprobación generó el unánime rechazo de todas las entidades de empresas tecnológicas provinciales, como el Polo Tecnológico, el Cluster Tics, la Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (Ceil), y los nucleamientos de Rafaela y Santa Fe.
Si bien se reconoce que venía funcionando bien la preferencia que regía antes, las empresas sostienen que la nueva ley deja a las grandes tecnológicas fuera de los macro contratos provinciales y a las chicas de los pequeños negocios de la administración santafesina y de los procesos de informatización municipales (ya que hay temores de que la ley se derrame hacia las comunas). Además, aclaran que los programas de software libre pueden ser alternativas para sistemas operativos, pero no para aplicaciones.
Incluso, el propio gobierno provincial reconoce los problemas que genera. “Hay preocupación por parte de las empresas prestadoras del servicio porque ven lesionadas sus posibilidad de compra futura por parte de los entidades estatales”, reconoció el secretario del Sistema de Empresas de Base Tecnológica, Rubén Georgetti, quien explicó que la nueva reglamentación cambia un término de la ley 12.360, en donde se exponía que la utilización del Software Libre era de preferencia, mientras que ahora queda expreso que es de uso obligatorio.
Pese a que fue impulsada por un legislador del frente gobernante, en el propio gobierno también la recibieron con ceño fruncido por las dificultades que trae para su aplicación, ya que son muy cortos los plazos de mudanza de sistemas operativos.
“Ciertos puntos deben ser modificados, en tanto que la ley debe ser útil tanto la provincia como para las empresas”, señaló Juan Pablo Manson, del Polo Tecnológico.
“Es un concepto que atenta contra la industria. Además, no existe una valoración que de precedencia a las empresas locales, por lo que no hay un beneficio expreso”, agregó, Fabiana Cereseto, titular de la Ceil
Otra de las críticas de los empresarios es la denuncia de que no fueron consultados a la hora de debatir la ley. “Nunca fuimos convocados ni consultados para analizar el tema”, se lamentó Manson. El Polo Tecnológico tiene afinada llegada al socialismo, por lo que resulta llamativo que no haya sido participado. “A nosotros nadie nos avisó nada, nos llama la atención porque siempre tuvimos buena relación con el gobierno y ellos estuvieron atentos a nuestras preocupaciones”, agregó Cereseto.
Habiendo un tejido institucional empresario asentado en Santa Fe y un gobierno provincial interesado en el desarrollo tecnológico (creó una Secretaría de Estado y le dio mucho impulso a programas dentro del Ministerio de la Producción) llama la atención que este proyecto, que nación de la Legislatura, esté armando semejante contrapunto. ¿Será que todavía el sector no mueve el amperímetro de los poderes políticos?
Todas las cámaras empresarias mantuvieron la semana pasada un encuentro con el ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, quien reconoció los inconvenientes que genera la ley, pero descartó que pueda haber veto ya que fue sancionada por unanimidad en la Legislatura y la administración no está dispuesto a cargar con el costo político de semejante revés. Tampoco se cree factible el veto parcial. Pero hay en danza algunas propuestas de amortiguar el efecto, y por eso las partes volverán a juntarse esta tarde.
“Nuestra postura no es que se vete la ley, sino que el Poder Ejecutivo trabaje en la reglamentación corrigiendo los puntos que perjudican para que sea una ley en beneficio de todos”, dijo el presidente del Polo. “Apuesto a que la Provincia nos dará un resultado satisfactorio a nuestro reclamo”, agregó su par de la Ceil
Javkin se planta
Ante la avanzada empresaria, el diputado proveniente del ARI se plantó, en diálogo con punto biz, en la defensa del proyecto. “Estamos peleando contra la dependencia tecnológica, ya que le resulta poco conveniente al estado comprar licencias que luego vencen y deben pagar para su renovación”, dijo.
Ante la crítica sectorial sobre lo inconsulto de la ley, el diputado afirmó que “se estuvo tratando durante 3 años, y una vez aprobada, las entidades le enviaron una carta al gobernador para que la vete”.
Y en lo que respecta a la posibilidad de que esta tarde se negocien cambios en la ley, Javkin afirmó que “no va a haber modificación porque el proyecto ya se convirtió en ley, y desde el gobierno no existe esa posición”. También calificó de “imposible e innecesaria”, la posibilidad de que el gobernador provincial emita un veto parcial.
Fuente: Punto Biz
