Desde la Oficina Municipal del Consumidor rechazaron el pedido de la empresa Litoral Gas de incrementar la tarifa residencial entre un 86 y 119 por ciento.
“Las tarifas deben ser accesibles, justas y proporcionales a los ingresos de las personas”, indicó Silvana Teisa, secretaria del organismo.
Funcionarios de la oficina de defensa al consumidor expresaron su desacuerdo respecto del pedido de aumento de la tarifa del gas, al que consideraron “un brutal ajuste para usuarios y usuarias”. La definición se dio luego de que Litoral Gas solicitara –en la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)– subas del 86 y 119 por ciento de la tarifa residencial, que comenzarán a regir desde el 1° de febrero.
“Querer sincerar los valores de las tarifas de los servicios públicos debería ir atado del sinceramiento de los salarios de los trabajadores y trabajadoras”, señalaron en un comunicado conjunto la secretaria de la Oficina Municipal del Consumidor, Silvana Teisa, y el coordinador del área de Servicios Públicos de esa oficina, Alfredo Vivono.
“En el mes en el que la pérdida del poder adquisitivo supera los 12.5 puntos, el peor en los últimos años, por lejos, hablan de una actualización del 400 y 700 por ciento de la factura de gas y además solicitan que se actualice de manera mensual de acuerdo al índice interno mayorista (IPIM) publicado por el Indec. Esto nos parece un brutal ajuste al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras”, plantearon.
Los funcionarios de la oficina remarcaron que “en las más de once horas de audiencia pública de este lunes, donde se pudieron expresar las distintas empresas de gas, parecía que se habían puesto de acuerdo en los argumentos y casi utilizando las mismas palabras manifestaban que venían teniendo pérdidas entre los últimos 5 y 20 años, algo que es incomprobable porque ninguno de ellos ha demostrado un estudio de costos”. Y aclararon: “Desconocemos cuál es el costo para llegar a esos valores de actualización”.
“Tampoco han manifestado alguna de las empresas –continuaron– cual es su plan de inversión o de nuevas estructuras para mejorar el servicio o ampliar la red de servicio y entendemos que lo que se quiere llevar adelante es un ajuste injusto a usuarios y usuarias”. Además, Teisa indicó que “estamos totalmente convencidos que las tarifas deben ser accesibles, justas y proporcionales a los ingresos de las personas”.
Por otra parte, Teisa y Vivono cuestionaron las posturas del gobierno nacional por la quita de subsidios estatales a servicios públicos: “Evidentemente se busca que desaparezcan los subsidios para la clase media pero también que se creen nuevos parámetros para las facturas para personas con menores ingresos”.
