Otro confuso episodio involucra a funcionarios policiales de la Comisaría 2ª de San Jorge, a raíz del cual seis efectivos fueron apartados de sus funciones y permanecen a disposición de la jefatura de Unidad Regional XVIII con asiento en Sastre a la espera de los resultados de la investigación. Por el momento se sabe que el titular del Juzgado de Instrucción Penal de San Jorge, Néstor Troncoso, decidió imputar a los seis efectivos por el delito de vejaciones y severidades aparentemente cometidas contra un joven que fue detenido a la salida de un local bailable.
El caso, que ahora la Justicia intenta desentrañar, tiene como protagonista a un muchacho de 18 años que la policía encontró herido frente al boliche Ramsés. Según una primera versión que los policías narraron a la Justicia, el chico fue asistido en el lugar por una ambulancia que ellos mismos pidieron al servicio 107. Sin embargo, luego de que avanzó la investigación surgieron algunas contradicciones que hicieron sospechar del accionar policial, como la que brindó otro uniformado y que indica que el joven fue trasladado en el móvil del Comando Radioeléctrico al Samco local, previo paso por la comisaría.
Aunque el caso trascendió ayer, todo comenzó a las 6.30 del sábado 10 de agosto frente a la plaza San Martín, ubicada en el centro de la ciudad, cuando la policía encontró a Luis Torres tendido en el piso, herido por haber protagonizado una gresca que al parecer comenzó frente al local bailable. Según fuentes vinculadas a la investigación, cuando el joven pudo levantarse y advirtió la presencia de dos policías que prestaban servicio adicional en el local Ramsés, comenzó a reclamar a los uniformados que por su ineficacia terminó golpeado en la pelea.
Según la misma versión, el joven pasó del reclamo a los insultos y luego intentó agredir a los policías, que lo detuvieron y cargaron en la camioneta del Comando Radioeléctrico para luego trasladarlo a la comisaría. Una vez que transitaron las cuatro cuadras que separan el destacamento policial del lugar de los hechos, sin bajar al chico del piso de la caja de carga de la camioneta llamaron a la ambulancia, que llegó hasta el lugar y trasladó a la víctima al Samco. Otra narración de lo acontecido asegura que el herido fue llevado al hospital desde la calle donde estaba semiconsciente hasta el hospital en el móvil policial.
A raíz de esto, los agentes judiciales sospechan que en el desarrollo del relato que contaron, tanto los dos policías que custodiaban el boliche como los dos que llegaron en el móvil hubo numerosas imprecisiones y contradicciones. Del mismo modo, los agentes sanitarios que trasladaron y recibieron al paciente en el hospital incurrieron en contradicciones que incluso plasmaron en la historia clínica del paciente: en una de las fojas se establece que éste llegó al nosocomio en un móvil policial y, en otra, que fue "llevado por el 107 derivado por la policía", y luego se tachó parte de esa afirmación para que exprese que "fue llevado por la policía".
En ese estado de las cosas, el juez Troncoso decidió imputar a los dos efectivos policiales que trabajaban en Ramsés, a los dos del Comando Radioeléctrico, a la policía que estaba a cargo de la comisaría y al oficial sumariante que se encontraba en el momento de los hechos, por el delito de severidades y vejaciones, previstos en el artículo 144 bis del Código Procesal Penal, y que estipula penas de entre uno y cinco años de prisión.
El magistrado interpretó que pudo configurarse ese delito cuando se trasladó al joven en la parte trasera de la camioneta expuesto a la intemperie y sin abrigo en horas en que el termómetro marcaba temperaturas por debajo de los dos grados bajo cero. Ahora analiza la responsabilidad que le puede caber al chofer de la ambulancia, enfermeros y médicos que recibieron al chico.
Previamente a la decisión de Troncoso, el jefe de la Unidad Regional XVIII de Policía, Sixto Martínez, había ordenado que se realizara un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido y dispuesto el alejamiento del cargo a todos los subalternos involucrados.
Antecedentes. El lunes 3 y el sábado 15 de junio se realizaron marchas en la que los vecinos de San Jorge reclamaron medidas contra la violencia policial. "Luchamos para que se haga justicia, no solamente por todos los casos anteriores de violencia policial y apremios ilegales hacia los jóvenes arrestados desde hace años, sino también por la cantidad de casos denunciados y cajoneados en Asuntos Internos sobre violencia de género, delitos y robos, modalidades de lesiones culposas, entre otras. Las que aumentaron con el pasar de los años y nunca se obtuvieron respuestas", remarcaron. También aseguraron que "hay muchos casos de violencia que se relacionan directamente con el consumo y la venta de drogas en todos los sectores de la sociedad, la cual afecta directamente en los jóvenes desde muy temprana edad".
"Por esa razón necesitamos responsabilidad por parte de las autoridades locales que ocupan cargos políticos para frenar estos hechos ya cotidianos en nuestras vidas para que no se agudice la situación", remarcaron y añadieron que "es necesario que ayuden a resguardar nuestros derechos y garantías constitucionales en vez de seguir abusando del poder mediante las instituciones democráticas. No tenemos que naturalizar estos problemas ya que nadie está exento y ocurren con mucha frecuencia", señalaron entonces.
Las manifestaciones por los casos de violencia que involucraron a efectivos policiales llegaron a requerir al presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia, Eduardo Toniolli, quien se reunió con los vecinos para interiorizarse sobre los reclamos. En ese marco el diputado se comprometió a investigar detalladamente los casos que se denuncian y formalizar un seguimiento a través de la comisión legislativa que preside. También consideró la posibilidad de desembarcar en la ciudad con la Campaña contra la Violencia Institucional.
La Capital – Región
