“La sociedad y el estado se tienen que comprometer fuertemente con esta problemática y abordarla integralmente, si el estado y la dirigencia política principalmente no se comprometen, este tema le va a costar mucho a la sociedad”, expresó hoy el diputado nacional Agustín Rossi, quien participó en un panel junto a la Dra. Mónica Cuñarro (Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Corrupción).
Rosario, Lunes 14 de Junio 2010, Auditorio Parque de España. NUEVAREGION.COM
En la charla, sobre “Políticas y Estrategias Nacionales para la Asistencia, Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico” Cuñarro planteó que “La Corte Suprema hizo lo que tenía que hacer, la Comisión entregó el informe a la Presidenta, hemos hecho lo que teníamos que hacer, ahora nos toca a todos nosotros y a los legisladores del oficialismo y de la oposición en el Congreso Nacional, decidir si van a seguir con una idea de perseguir a los consumidores, o van a pasar a la historia con una legislación que garantice que el derecho a la salud sea una derecho que todos los argentinos podamos gozar.”
Ante un auditorio heterogéneo y entusiasta, abordaron también los tema de “Salud Mental y Adicciones” y “Plan Nacional de recupareación de adicciones” Director Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación Yago Diniella, la Diputada Provincial del Frente Para La Victoria Claudia Saldaña, la Diputada Nacional del FPV Paulina Fiol, y el asesor del Ministerio de Salud de la Nación y ex Diputado por Santa Fe, Héctor "Canchi" Sylvestre Begnis,
Sylvestre Begnis, relacionó la política de salud mental y la de adicciones, con la inclusión social y la revalorización de los Derechos Humanos. Y destacó "hace pocos días llegaron las recomendaciones de las Naciones Unidas acerca de la necesidad de desjudicializar la persecución a los consumidores, posición que lideró Argentina a través de la delegación que participó en esas reuniones en el año 2009".
Además agregó que en el gobierno nacional "se está trabajando mucho, nunca salud mental tuvo una oportunidad, nunca adicciones estuvo en el sector salud, este es el gran cambio paradigmático, no sólo reconocemos que las adicciones son un problema de salud, sino que lo vinculamos con la salud mental"
Agustín Rossi, por su parte, destacó que respecto al tema de las adicciones “estamos en un cambio de escenario, que el gobierno haya tomado la decisión de confirmar una comisión en sentido amplio, plural, participativo, con personalidades independientes, investigadores y profesionales calificados, para que desde el estado se elabore una propuesta tomando como base la investigación, y a partir de ésta la política pueda abordad el problema y no mirar para el costado, como sucede en muchos casos”.
En este sentido, Rossi recordó que desde el espacio político que lidera “hace años hicimos la propuesta de conformar preventores comunitarios, que después presentamos en la cámara de diputados de la provincia,que era una propuesta primaria para afianzar la idea de que el estado no iba a estar ausente de esta problemática”. Y destacó como una falencia que en Santa Fe, “a pesar de haber protocolos para el abordaje de numerosos temas, no tenemos un protocolo para tratar el tema de las adicciones en los efectores publicos”.
“La sociedad y el estado se tienen que comprometer fuertemente con esta problemática y abordarla integralmente, si el estado y la dirigencia política principalmente no se comprometen, este tema le va a costar mucho a la sociedad” finalizó Rossi.
MONICA CUÑARRO
La Dra. Mónica Cuñarro, por su parte, planteó que desde la comisión que preside, lo primero fue “plantearlo como un tema del derecho a la salud, en clave de derechos y salud, y no en clave de seguridad y represión”, y que “incluimos como novedades las políticas de reducción de daños, no estrictamente de la misma forma que se plantea en Europa, sino reutilizándola para la disminución de la violencia en general”.
Posteriormente hizo una breve introducción histórica sobre el tema y puntualizó que “durante la década del 90 el estado se corrió del lugar de control que le corresponde, y cuando el estado pierde el control como en el caso de la desregulación de las droguerías, termina provocando daños en derechos como el de la salud, donde tiene la obligación de garantizar el acceso a los tratamientos de adicciones más allá de la posición social y económica de cada uno”.
Por otra parte, advirtió de la necesidad de “no reducir las adicciones a una estigmatización de los jóvenes, pobres, y excluidos; ya que el alcohol, las pastillas y el tabaco también son adicciones y están presentes en los adultos mayormente”. Vinculó esta última tendencia a “una cultura de consumo de medicamentos asentada en la automedicación, y un aumento de consumo de ansiolíticos y tranquilizantes,” y lo relacionó “con un fuerte impulso desde un mensaje de la publicidad masiva, en algunos casos, que es un tema que deberíamos discutir”.
Respecto a la problemática de la seguridad, destacó que “el alcohol es responsable del 70% de los delitos urbanos, accidentes, homicidios culposos, lesiones en riña, amenazas”, y que “el mapa de la inseguridad esta fuertemente vinculada al consumo abusivo del alcohol y esto trae problemas serios a nivel familiar, laboral y social. En estos casos los sectores de menores recursos son rechazados en los hospitales, y no tienen cobertura de obras sociales, hay un marcado sesgo discriminatorio aquí”.
“Después de 35 años de prohibición ni disminuyó el consumo ni el tráfico, y las organizaciones criminales se complejizaron y se vincularon con esferas de la política, la policía y el ámbito judicial” explicó, y enfatizó la necesidad de “dejar en el campo penal lo que es propio del campo penal que es el tráfico, este ya no es más un tema de opinión sino que hay un fallo de la Corte Suprema, y lo más importante es que exhorta a los poderes públicos de todos los niveles a que desarrollen políticas preventivas para los menores, y en materia de responsabilidad penal se aboquen a la persecución y la cooperación internacional para detener el narcotráfico y la producción y comercio de los precusores químicos”. “Los gobernadores deben reinvertir los recursos altísimos destinados a la persecución de los consumidores y reorientarlos a la lucha contra el narcotráfico”.
“La Corte Suprema hizo lo que tenía que hacer, la Comisión entregó el informe a la Presidenta, hemos hecho lo que teníamos que hacer, -afirmó categórica- ahora nos toca a todos nosotros y a los legisladores del oficialismo y de la oposición en el Congreso Nacional, decidir si van a seguir con una idea de perseguir a los consumidores, o van a pasar a la historia con una legislación que garantice que el derecho a la salud sea una derecho que todos los argentinos podamos gozar.”