Legisladores y legisladoras nacionales, provinciales y municipales presentaron una ampliación del amparo ingresado en febrero en la Justicia Federal de Rosario.
El amparo es contra la eliminación del Fondo Compensador del transporte público de pasajeros del interior, después de conocerse un nuevo DNU del gobierno nacional que -señalaron- “pretende darle una pátina de legalidad a esta decisión profundamente anti federal”.
“Sabemos que la Justicia tiene sus tiempos, pero pedimos premura: el boleto en Rosario ya está 700 pesos y se pone en riesgo todo el sistema”, afirmaron.
Entre los que acompañan la presentación judicial están el diputado nacional Eduardo Toniolli, la diputada provincial Lucila De Ponti y los concejales Juan Monteverde, Mariano Romero, Norma López, Caren Tepp, Jesica Pellegrini y Julián Ferrero.
En una conferencia de prensa en la puerta de los Tribunales Federales, los legisladores explicaron que “ya en febrero el gobierno nacional había anunciado la eliminación de los fondos para el transporte del interior del país. Nosotros apenas supimos eso, presentamos un recurso de amparo. Hoy estamos introduciendo una ampliación de los fundamentos, estando atentos a que el DNU 280/2024 elimina expresamente el Fondo Compensador del Transporte para el interior”.
“Estamos ante gobiernos locales que trasladan al boleto cada aumento de costos. Hoy el boleto urbano de Rosario ya ronda los 700 pesos, lo que provoca un problema para el usuario, pero además para el propio sistema: cada incremento de tarifa merma la cantidad de gente que viaja, y se va produciendo un efecto bola de nieve” sostuvieron, y agregaron: “lo más llamativo en este asunto es que la motosierra de Milei es selectiva: con el aporte de todos los argentinos, se mantienen los subsidios en el AMBA pero se eliminan en el interior”.
La ampliación del amparo presentado plantea frenar la eliminación de los subsidios nacionales al transporte de pasajeros del interior del país y, además, obligar a las partes -Poder Ejecutivo Nacional y amparistas- a conformar un comité de emergencia junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, para buscar soluciones consensuadas a la crisis del transporte público.
