“Todavía me dura el susto. Llegaron los de la Gendarmería por la denuncia de una vecina. Entraron rompiendo los vidrios de la puerta”. Con un marcado acento del norte litoraleño, una de las chicas que trabajaban hasta el miércoles por la noche en Popeye, local de San Lorenzo habilitado como cantina pero reconocido como burdel, contó cómo fue la última clausura.
Cerca de la medianoche, unos 50 hombres de Gendarmería con empleados del Ministerio de Justicia de la Nación ingresaron al lugar con una orden de allanamiento rubricada por el juez federal Marcelo Bailaque para cotejar si en el lugar había menores ejerciendo la prostitución. Hallaron a una chica de 16 años residente en Rosario.
Por esto fue detenido un hombre de 59 años, quien se presentó como encargado del lugar. El detenido, quien quedó a disposición del juez federal Bailaque, es hermano de un comisario principal retirado de la policía rosarina hace una década.
Este oficial en retiro, de 58 años, es dueño del local y, según versiones recogidas en el barrio Nicasio Oroño donde funciona el negocio, se fugó al ver llegar a los hombres de uniforme verde oliva. La adolescente en cuestión fue restituida a sus padres.
En el local también fueron halladas tres ciudadanas paraguayas, todas mayores de edad y oriundas de Asunción (Paraguay), quienes no tenían registrado el ingreso al país. Según la reformada ley de migración, fueron intimadas a solucionar esta anomalía y recuperaron su libertad.
La salida. Poco faltaba para la medianoche del miércoles cuando cuatro furgones Trafic se estacionaron en las inmediaciones de avenida San Martín y Oroño. Encapuchados y con armas largas, efectivos de un grupo de intervención rápida de la Unidad 2 de Gendarmería rodearon la manzana. “Quisieron hacer lo mismo que le hacen a la policía para demorar la requisa, que es trabar las puertas, y estos entraron con todo”, relató un testigo circunstancial del allanamiento.
Los federales llegaban junto a dos psicólogas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿El objetivo? Detectar si en Popeye había menores prostituidas. “También buscaban droga”, relató la trabajadora sexual de acento litoraleño.
“En el operativo se llevaron a cabo tres órdenes de allanamiento ordenadas por el juez federal Bailaque. Además de Popeye se ingresó en un hotel alojamiento y en un telecentro que da a la esquina. Todo esto está comunicado por un laberinto de pasillos”, explicó una fuente allegada a la pesquisa. En el lugar había 15 alternadoras, tres de ellas de nacionalidad paraguaya y una menor de 16 años, residente en Rosario. Además había un número similar de clientes. Todos marineros extranjeros, de distintas nacionalidades. Desde filipinos hasta bolivianos.
Según pudo saberse, Popeye es un local habilitado por la Municipalidad de San Lorenzo como “cantina bailable, bar y hotel alojamiento”. El lugar funciona en barrio Nicasio Oroño desde unas dos décadas, tal cual lo contaron los vecinos. “Este es un lugar donde se puede venir a tomarse un aperitivo y estar con una minita”, comentó un hombre, veterano, mientras miraba los cristales rotos de una de las puertas del lugar. Popeye fue preventivamente clausurado, aunque no es la primera vez (ver aparte).
Los gendarmes se llevaron detenido del lugar a José Luis B., de 59 años, quien deberá rendirle cuentas al juez Bailaque. Algunos testigos daban fe a la versión que su hermano, Néstor Omar, ex oficial de la Unidad Regional II, de 58 años y apuntado como el titular del lugar, logró huir en un auto ante el despliegue de los federales.
“Es un tipo poco querido en la fuerza porque siempre estuvo en este palo. Difícilmente encuentres alguien que lo quiera porque te toca y te mancha”, recordó ayer un pesquisa que supo trabajar con este comisario retirado hace una década, y ahora prófugo.
Las psicólogas del Ministerio de Justicia le brindaron contención a la menor que estaba en el lugar y esta fue entregada a su madre mediante un acta. Las tres ciudadanas paraguayas recibieron un trato similar, aunque fueron emplazadas a regularizar su situación migratoria si pretenden seguir en el país.
fuente: La Capital
