Los nuevos jefes metieron mano a lo grande en la Unidad Regional II. Comisarías, subcomisarías, unidades especiales y otras dependencias cambiaron de autoridades por decisión de los comisarios Miranda y Brest, que…
Los nuevos jefes metieron mano a lo grande en la Unidad Regional II. Comisarías, subcomisarías, unidades especiales y otras dependencias cambiaron de autoridades por decisión de los comisarios Miranda y Brest, que así empezaron a ejecutar una instrucción clara y precisa de parte del poder político: ordenen la fuerza.
Por D. Narciso, G. de los Santos | Diario Cruz del Sur | Rosario
“Les hicimos algunos señalamientos puntuales y luego les dimos libertad de que ellos puedan hacer los cambios que crean necesarios para cumplir con los objetivos que les planteamos”. Cuando el ministro de Seguridad Leandro Corti tuvo en sus manos las resoluciones 660, 661 y 662 de la Unidad Regional II de Policía que lleva la firma de su flamante jefe, comisario Walter Miranda, quedó satisfecho y le dio luz verde al recambio más importante de personal policial en muchos años: en total los movimientos alcanzan a unos 150 policías, pero las modificaciones decisivas son 69, si se tienen en cuenta los desplazamientos de jefes y subjefes de comisarías, subcomisarías, las ocho zonas de inspección, la Agrupación Unidades Especiales y cinco de sus secciones, entre otros.
En el raíd mediático de las últimas horas, el ministro Corti se encargó de aclarar que no se trata de una purga, sino que se trata de “cambios que son naturales en la Policía”. De hecho, los desplazados no fueron pasados a disponibilidad ni nada que se le parezca. La mayoría, según fuentes policiales, será reubicada en tareas administrativas.
El paso previo a la pasada de escoba fueron la remoción de la cúpula de la UR II y los desplazamientos de Néstor Arismendi y Daniel Cabrera a tres meses de que el propio Corti los hubiera puesto en funciones. Ambos no lograron cumplir los objetivos que les puso el gobierno, pero además se plantearon disconformidades dentro de la misma fuerza: fuentes policiales confiaron que hasta el padre Ángel, capellán policial, guarda algo de rencor con los ex jefes.
Misión ordenar
La instrucción primordial, casi de emergencia, que recibieron Miranda y Brest es ordenar la Policía de Rosario.
El desorden que se pretende revertir se traduce en hechos de público conocimiento: la tasa de homicidios que se disparó en 2011; los niveles de enfrentamientos entre bandas en un puñado de barrios que pintan como territorios tomados pero a la vez en disputa entre esas organizaciones delictivas, y mayor cantidad de denuncias informales de referentes de la sociedad civil sobre recaudación ilegal.
Fuentes policiales consultadas por Cruz del Sur describieron como lógicos los cambios. “La situación estaba desmadrada”, describió una de ellas.
Ordenar implica varias aristas que hacen al funcionamiento de la fuerza. Una es devolverle a la estructura un ordenamiento diferente al que había impuesto puertas adentro quien fuera el jefe de la Policía provincial hasta diciembre, Daniel Toledo, cuya conducción dejó sus marcas y demasiados heridos.
La otra, ya en el plano institucional, es optimizar recursos policiales, darle dinamismo a la fuerza para que pueda adaptarse a los acontecimientos. Un punto que se recalcó mucho fue ser consecuente con la planificación del trabajo y perseverante en su ejecución.
Los cambios llegaron a casi todos los rincones de la URII. Sólo un puñado de comisarías no verá modificada su cúpula porque son casos que Miranda y Brest evaluaron positivamente a sus actuales autoridades. En cambio, hicieron cirugía a fondo en dos seccionales de las que el Ministerio de Seguridad hizo “señalamientos especiales”.
Señalamientos
Se trata de la 12ª y la 15ª. En la primera voló hasta el último perejil que calzaba uniforme azul como consecuencia de las denuncias de connivencia entre policías y comercializadores de droga que surgieron de la revuelta popular ocurrida el lunes 2 de abril y que derivó en la quema de dos quioscos de droga.
La 15ª, en tanto, es la comisaría que tiene jurisdicción sobre Villa Moreno, donde el 1º de enero se produjo el triple crimen. A partir de ese hecho surgieron datos y en algunos casos indicios de la connivencia de personal policial con algunos de los personas involucrados en la matanza o con integrantes de la misma estructura delictiva.
Fuera de esos dos señalamientos y alguno más puntual, desde el poder político les dejaron las manos sueltas a Miranda y Brest para que hicieran los cambios que creyeran necesarios, que luego resultaron en los 69 desplazamientos mencionados.
Ese manos libres no fue al azar, sino una decisión política. Apunta a que Miranda y Brest puedan construir una red de mando desde la cúpula hacia el resto de la pirámide policial con llegada al territorio. La lectura es que si no tienen funcionarios policiales en los que confíen se les dificulta ordenar la labor y ejecutar las instrucciones. A nadie se le escapa que así como implica un voto de confianza a la vez es una responsabilidad directa sobre los resultados que se vayan obteniendo a medida que pase el tiempo.
En línea
La llegada de Miranda y Brest, además, apunta a poner en línea a los mandos de Rosario con los de la Jefatura provincial. No es un tema menor: la Policía de la ciudad más importante de la provincia tiene una identidad propia muy fuerte y cierta tendencia a autogobernarse. Un dato que lo refleja es que la UR II tiene su propio Día de la Policía que es distinto al que celebra el resto de la fuerza.
Una de las situaciones conflictivas que se presentaron hasta fin de año tenía que ver con el retén que el ex jefe Toledo les puso a los jefes provinciales Hugo Tognoli y Cristian Sola, cuestión que se veía favorecida por el vacío de mando político que se generó durante el período de Álvaro Gaviola en el Ministerio de Seguridad. Tognoli –que tenía buena consideración de parte del primer ministro de Hermes Binner, Daniel Cuenca, y pobre de parte de Gaviola–, solía excusarse cuando lo inquirían por problemas de narcotráfico en la UR II: “Toledo no nos deja entrar a Rosario”, disparaba.
Las cosas tampoco habían cambiado mucho para Tognoli cuando dejó la ex Drogas Peligrosas y desembarcó como jefe provincial en diciembre, ya que su relación con los ahora desplazados titulares de la UR II, Arismendi y Cabrera, no era la mejor. De más está decir que no había sido él quien los había recomendado.
Asuntos sucios
En paralelo al objetivo básico de que los nuevos jefes “ordenen&rdqu
o; la Policía de Rosario, el Ministerio de Seguridad puso muchas fichas en el trabajo de la Dirección de Asuntos Internos, donde se tramita medio centenar de investigaciones administrativas a oficiales por enriquecimiento ilícito. En algún caso el expediente ya fue girado a la Justicia, que a la vez acaba de abrir una investigación sobre policías jerárquicos denunciados por varios delitos (enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, sustracción de automotores y homicidios).
La Justicia provincial en general no ha sido muy efectiva en juzgar casos de enriquecimiento ilícito y otros delitos que requieren pruebas de alguna complejidad que exceden a los testimonios directos de la comisión de un delito por parte de testigos. De hecho, según fuentes consultadas por Cruz del Sur, un ex jefe policial de peso está próximo a resultar absuelto en una investigación en su contra por un nuevo caso de prescripción por paso del tiempo. Una salida que en Santa Fe fue el camino a la impunidad tanto para políticos como jefes policiales acusados de corrupción.
A solas con la ministra Garré
En la seguidilla de encuentros que primero el gobernador Antonio Bonfatti y después varios de sus colaboradores tuvieron con ministros nacionales, el titular de la cartera de Seguridad, Leandro Corti, se verá con su par nacional Nilda Garré este jueves a las 15 en Capital Federal.
Además de un paneo por la situación de Santa Fe, la mayor preocupación del ministro es conseguir un guiño de la ministra para que fuerzas de seguridad nacional que operan en territorio santafesino colaboren a requerimiento judicial en la investigación de casos en los que no es conveniente utilizar a la fuerza provincial.
Además, se hablará de la necesidad de digitalizar prontuarios y datos personales como huellas digitales; tecnología para el control antidrogas en espacios con alto grado de vulnerabilidad para el ingreso de estupefacientes y precursores químicos, con especial preocupación por puertos fluviales, el tráfico aéreo ilícito e intercambio de información financiera y fiscal. De la agenda también serán parte la histórica deuda (hoy más de 9 millones) por manutención de presos federales en penitenciarías santafesinas y la construcción del penal federal en Coronda, para lo cual ya fue transferido el terreno y queda que Nación licite la obra.