En situaciones normales, cada persona debe soportar las consecuencias de sus propios actos y de su conducta en el cumplimiento de sus obligaciones. Si, en condiciones generales normales, alguien sufre un daño, él, y, si la magnitud del contratiempo lo justifica, sus allegados, deberán cargar con los costos de repararlo. Es cierto también que, si una persona que en forma habitual cumple con sus obligaciones, sufre en condiciones de normalidad, una dificultad transitoria, los propios acreedores acordarán plazos, refinanciaciones, esperas y hasta quitas sobre los montos debidos hasta que el problema encuentre su solución.
No estamos en condiciones normales, el Congreso incluso ha declarado la situación de emergencia, y los problemas de ingreso no afectan solamente a algunas personas, ni siquiera a grupos o sectores sino a la enorme mayoría de quienes habitamos la Argentina.
Personas que han sido escrupulosos cumplidores respecto a sus obligaciones, se encuentran hoy en dificultades enormes para afrontarlas y ni siquiera tienen el recurso de acudir a allegados que, en general, padecen problemas similares.
Decenas de miles de personas están en riego cierto e inminente de perder sus viviendas a través de procedimientos judiciales originados en ejecuciones hipotecarias o por deudas muy diversas, entre ellas, por impagos de facturas de servicios tan esenciales como el agua potable.
Y quienes gobiernan, desde el Ejecutivo y el Congreso, no han tomado otra decisión que la transitoria suspensión de los remates, medida que cesará en pocos días y que, por sus características no puede ser una solución acorde con la magnitud y los efectos del problema de que se trata. Una solución seria, integral, responsable, debe contemplar todos los problemas y las situaciones en juego ya que, de otra manera, podrá brindar solo una prórroga breve, pero no evitará que se generen daños irreparables a deudores y acreedores.
Es necesario un estudio integral que aporte datos concretos: Lo primero que debe hacerse es contar con un conocimiento preciso acerca de la magnitud de los montos involucrados. En tiempo relativamente breve es posible que, recabando informes a Juzgados, entidades financieras y empresas prestadoras de servicios públicos, se conforme un padrón de deudores y montos involucrados por cada tipo de obligación.
Características de las soluciones a implementar: Comprendiendo que nos encontramos ante una catástrofe que afecta a una parte importante de la comunidad, y asumiendo que cuando ello deviene de fenómenos naturales o accidentes, es toda la comunidad la que acude en socorro de los afectados, es el Estado el que debe tomar a su cargo la solución de la emergencia.
En el caso de deudas hipotecarias que afecte a personas que han perdido sus ingresos como consecuencia de la situación general, es preciso disponer una moratoria por tiempo prudente, estableciendo un fondo público que, para el caso de que los acreedores atraviesen situaciones igualmente difíciles, tome a su cargo la titularización de la hipoteca reemplazando al acreedor que deberá ser pagado con los recursos de ese fondo. Esto deberá incluir a las entidades financieras que atraviesen problemas de liquidez que podrán ceder al BCRA esas hipotecas en pago de redescuentos recibidos. Al final del periodo de emergencia, se establecería una refinanciación por plazos adecuadaos a la capacidad de pago recuperada por los deudores.
En el caso de servicios públicos, podría establecerse un aporte mínimo solidario, pequeño en su magnitud económica, a realizar por los usuarios a quienes se les acreditarán estos fondos para obligaciones futuras. Además, el Estado y las empresas deberían contribuir a soportar la falta de pago derivada de situaciones transitorias. Finalizada la emergencia, los deudores gozarían de un plazo prudente para pagar las deudas incluidas en el sistema.
Origen de los fondos a aportar por el Estado: En la propuesta de plan económico social de CAUSA CONVOCATORIA ABIERTA (Ley de Recuperación Nacional) hemos propuesto una modificación integral al sistema impositivo vigente. Hemos propuesto también una sustancial reducción en los gastos que hemos denominado «los lujos de los funcionarios y legisladores.» Con solo poner en vigencia una mínima parte de todas esas iniciativas, sobran los fondos para atender estas urgencias. A partir del conocimiento de las últimas novedades de nuevos lujos oficiales, proponemos que, con destino a solucionar estos problemas, se disponga:
a) La eliminación de los 1.200$ que se han fijado para sí los Senadores de la Nación.
b) Si, como creemos, los diputados también mejoraron sus ingresos en alguna fecha posterior al 1/1/01, se elimine ese incremento.
c) Se supriman todos los automóviles oficiales a cargo de la Nación con excepción de Presidente, Ministros, Presidentes de la Cámara de Senadores, Diputados y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
d) Limitación a dos pasajes ida y vuelta por mes a los legisladores que se domicilien a mas de 400 Km y sólo con destino a sus Provincias sin posibilidad de canjearlos por dinero
e) Eliminación de gastos de representación.
f) Reducción drástica (al 30%) de los montos previstos para viajes al exterior de miembros del Ejecutivo. Legislativo y Judicial. (Recordar viaje del Presidente del Senado y su Comitiva a una reunión sobre medio ambiente hace solo pocas semanas)
g) Reducción del número de miembros de los Directorios del Bancos de la Nación, Vice y otros entes del Estado y supresión de los automóviles asignados a ellos.
h) Impuesto a las jubilaciones de privilegio hasta tanto sean derogadas en forma definitiva
i) Limitación al número de asesores del Congreso y exigencia de que desempeñen sus funciones en forma efectiva
j) Eliminación de dependencias redundantes con supresión de los cargos jerárquicos y sin despido de personal de planta (eliminación de cargos políticos)
Podríamos seguir con la enumeración. Lo expuesto solo tiene carácter enunciativo y demostrativo de que los recursos existen pero esta ausente la voluntad de asumir la desesperación en que esta sumida la población.
Podemos agregar, para los tecnócratas, que solucionar este problema tiene también un sentido económico: Imaginemos los efectos del remate de decenas de miles de viviendas, la depresión económica, los perjuicios a la liquidez del sistema financiero, etc.
Hay soluciones si se tiene voluntad de imaginarlas y si se tiene vergüenza.
por Manuel Herrera
