Portada: Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que viajó a la lujosa estancia Lago Escondido con jueces y fiscales.
Avanza la investigación por corrupción ante el escándalo judicial por el controvertido viaje que realizaron jueces, políticos y directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido.
La Justicia argentina realizó un allanamiento en una lujosa estancia del magnate británico Joe Lewis como parte de la causa que investiga un controvertido viaje que realizaron jueces y políticos, entre otras figuras públicas, y que presuntamente pagó el Grupo Clarín, el multimedios más importante del país sudamericano.
El operativo fue ordenado por Cándida Etchepare, la fiscal que está a cargo del caso y que también incluyó allanamientos previos en las oficinas y el hangar de Flyzar, la empresa que trasladó a los viajeros desde el aeropuerto de San Fernando, ubicado en la provincia de Buenos Aires, hasta la exclusiva estancia en Lago Escondido que Lewis construyó en la patagónica ciudad de Bariloche.
La historia, que ha provocado un escándalo, comenzó el pasado pasado 13 de octubre, cuando los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials viajaron a Lago Escondido, en secreto y en un vuelo privado, junto con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el jefe de los fiscales de la capital, Juan Bautista; los altos directivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey; y dos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Leo Bergroth y Tomás Reinke.
Cuatro días más tarde, el diario Página 12 reveló el viaje que los protagonistas habían tratado de ocultar.
Ante el evidente conflicto de interés (ya que los jueces han intervenido o pueden fallar en causas que afectan al Grupo Clarín o a Lewis), se inició una denuncia en el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene a su cargo la administración del Poder Judicial, así como el control y sanción de los jueces.
El pasado 10 de diciembre, el escándalo se profundizó luego de que el diario Tiempo Argentino y el portal El cohete a la luna publicaran una serie de chats que supuestamente demuestran las maniobras que llevaron a cabo los magistrados, empresarios y funcionarios para ocultar el viaje.
De acuerdo con esa filtración, los involucrados crearon el grupo de Telegram titulado ‘Operación Página 12’ para acordar la estrategia que seguirían para hacer creer que cada uno se había pagado el viaje al margen de Clarín, además de impedir que la información tuviera una mayor repercusión en los medios.
Los chats no pueden ser utilizados en la causa judicial porque fueron obtenidos a través de una práctica de espionaje ilegal, lo que los invalida como pruebas.
Sin embargo, como ya había una investigación previa, es la que está avanzando y la que permitió el allanamiento a Lago Escondido.
Ahí, según reportes de Página 12, la jueza Silvina Domínguez secuestró teléfonos celulares, documentación contable, facturas sospechosas y cámaras de seguridad.
Mientras tanto, la fiscal ya imputó la semana pasada a todos los viajeros, ya que estarían implicados en un presunto delito de dádivas.
«Podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia», señaló Etchepare en el requerimiento de instrucción.
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