Los protagonistas realizaron un viaje secreto a la propiedad de un magnate inglés y trataron de manipular las pruebas.
El hackeo al teléfono de un funcionario argentino develó la indebida connivencia entre jueces, políticos y empresarios mediáticos, lo que, por su trascendencia institucional, representa uno de los escándalos más graves en la historia del país sudamericano.
El pasado 13 de octubre, los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials fueron invitados, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín –el multimedios más importante del país– a Lago Escondido, una lujosa propiedad del magnate británico Joe Lewis ubicada en la Patagonia.
Los jueces viajaron en secreto y en un vuelo privado junto con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el jefe de los fiscales capitalinos, Juan Bautista; los altos directivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey; y dos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Leo Bergroth y Tomás Reinke.
Cuatro días más tarde, el diario Página 12 reveló el viaje que los protagonistas habían tratado de ocultar. Ante el evidente conflicto de interés (ya que los jueces han intervenido o pueden fallar en causas que afectan al Grupo Clarín o a Lewis), y que podría incluir el delito de dádivas, se inició una denuncia en el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene a su cargo la administración del Poder Judicial, así como el control y sanción de los jueces.
Los magistrados, empresarios y funcionarios se preocuparon. Entonces crearon el grupo de Telegram ‘Operación Página 12’, con la convicción de que era un servicio de mensajería más seguro que WhatsApp.
Pero se equivocaron, ya que las conversaciones fueron obtenidas a partir de una intervención ilegal al teléfono del ministro de la Seguridad de Buenos Aires. Luego, los hackers las publicaron completas en dos partes.
El domingo, los chats, que incluyen decenas de audios, fueron publicados por el diario Tiempo Argentino y el portal El Cohete a la Luna, lo que impactó de inmediato y durante todo el día en redes sociales.
Por el contrario, los tres medios más influyentes del país decidieron mantenerse en silencio. Así seguían este lunes.
«Victimicémonos»
La larga conversación revela que los implicados se pusieron de acuerdo para fingir que cada uno había pagado su viaje y no el Grupo Clarín. Hablan de falsificar facturas, borrar o fabricar pruebas, eliminar fotos y vengarse de José Glinski, director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a quien consideran responsable de que se haya difundido la planilla de los viajeros.
Uno de los factores más graves de la conversación es que son los propios jueces quienes hablan de manipular evidencias de una causa que los involucra.
También insultan a políticos kirchneristas y a periodistas y organizan una estrategia para evitar que la historia tenga mayor trascendencia mediática. Para ello, se comunican con sus contactos en los principales medios.
Aparece, además, un funcionario del Gobierno nacional, Julián Leunda, jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, quien le asegura a uno de los jueces que uno de los principales medios oficialistas no publicará nada sobre el tema.
El plan tuvo éxito, ya que la información del viaje y la denuncia judicial posterior fue censurada. Durante mes y medio, ya no se supo nada más en la prensa, hasta que el domingo se publicaron los chats.
«Victimicémonos con (que) fuimos espiados», propone en la conversación el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Este lunes, el funcionario aplicó su propio consejo, ya que un día después de que estallara el escándalo, denunció en redes sociales que todo es obra de «la mafia kirchnerista» y que interpondrá una denuncia.
Varios de los «viajeros», que se llaman a sí mismos «huemules», en referencia a un ciervo oriundo de la Patagonia, coinciden en que lo mejor es argumentar que fueron víctimas de espionaje ilegal, pero manteniendo el bajo perfil para evitar que el tema escale.
Repercusiones
La filtración se dio a conocer en medio de la tensión política que hay en el país ante la posible condena que mañana recibirá la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante la última jornada del juicio que se sigue en su contra y en el que está acusada de «fraude al Estado».
El escándalo de los chats impacta directo en el proceso, ya que quien decidió que la investigación llegara a juicio fue Ercolini, uno de los jueces que viajó en secreto a Lago Escondido con todos los gastos pagados por Clarín, el principal grupo empresarial opositor al kirchnerismo.
«El juez Ercolini, el mismo que elevó a juicio oral una causa armada sin pruebas, incitó a sus pares a buscar facturas truchas (falsas) e inventar coartadas que justifiquen el cónclave secreto en el sur», resumió el ministro de Justicia, Martín Soria.
Consideró, además, que los chats «constituyen la radiografía precisa de la podredumbre del ‘lawfare’ en la Argentina», en referencia a la persecución judicial que desde hace años ha denunciado la vicepresidenta y que consiste en el armado espurio de causas con el único fin de proscribirla.
«Es una muestra exacta de cómo la Justicia, los medios y el macrismo le atan las manos a la democracia. Quienes deben impartir justicia no hacen más que conspirar por su propia impunidad y la de sus socios, además de perseguir al peronismo», agregó el funcionario, quien aseguró que los delitos por los que podrían ser imputados van desde las dádivas, el tráfico de influencias y el encubrimiento, hasta la falsificación de documentos y prevaricato.
Los bloques del oficialista Frente de Todos en el Senado y la Cámara de Diputados también sentaron posición y advirtieron que este escándalo institucional muestra claramente las «prácticas mafiosas» que están hiriendo de muerte la democracia en el país.
«Repudiamos y exigimos una inmediata investigación y condena», señalaron en un comunicado en el que consideraron que los chats muestran a jueces que persiguieron a Fernández de Kirchner cometiendo una serie de delitos graves inadmisibles.
«Reciben costosos favores y dádivas de empresarios a los cuales les resuelven causas, encubren delitos, inducen en el falso testimonio (…) falsifican documentos, pagos y facturas y amenazan con continuar armando causas a quien hable de ellos», afirmaron.
La discusión ahora es si los chats pueden erigirse como una prueba legal, ya que a priori la respuesta es negativa porque fueron obtenidos a partir de un espionaje y hackeo ilegal, lo que los invalidaría.
Sin embargo, sí conforman un material periodístico. En ese sentido, el portal El Cohete a la Luna recordó que la jurisprudencia nacional e internacional reconoce que la difusión de temas de interés público gozan de una protección mayor.
