La policía lo reconoció: »Pocho» Lepratti fue asesinado

«No se justifica haber efectuado los disparos»
La Dirección de Asuntos Internos de la policía, que depende del Ministerio de Gobierno, reconoció en un informe que el asesinato del militante social Claudio Pocho Lepratti, el pasado 20 de diciembre en el barrio Las Flores, ocurrió «fuera de la zona de saqueos y en los fondos de una escuela» y que «no se justifica haber efectuado los disparos reconocidos, aun en carácter intimidatorio». También se aclara que la muerte de Lepratti «se produjo al ser alcanzado por un perdigón de plomo», especificándose que se trató de «un disparo de escopeta, calibre 12,70».

De esta manera, el organismo del Ministerio de Gobierno descalificó la versión de los dos policías acusados por el hecho, quienes sostienen que hicieron disparos para defenderse de un ataque de vecinos de la zona.

En el informe se recuerda que el juzgado respectivo ordenó las indagatorias del sargento Rubén Darío Pérez, de 39 años, y el agente Estaban Ernesto Velázquez, de 26, quienes están procesados y continúan detenidos. Esta medida fue confirmada el pasado 10 de mayo por la Sala IV, de la Cámara de Apelaciones, quien además recomendó al juez de la causa que profundice la investigación y obtenga una respuesta oficial del jefe de la Unidad Regional II para establecer cuáles eran las instrucciones y el pertrechamiento del personal que hizo tareas de represión durante los sucesos del 19 y el 20 de diciembre.

Asuntos Internos precisó que el lugar donde se encontraba Lepratti fue establecido «de acuerdo a los testimonios de vecinos y el relato que efectúa el personal policial en la División Judicial de la Unidad Regional II», de la policía provincial. El escrito forma parte de la respuesta que la cartera política del gobierno provincial elevará a la Cámara de Diputados de la provincia respondiendo a un pedido de informes y tiene 70 fojas.

El bloque justicialista, mayoritario en la Cámara baja, se ha comprometido a fijar posición respecto del pedido formulado por los legisladores opositores del bloque del radicalismo en la Alianza, para que se conforme una comisión que investigue los hechos del 20 de diciembre del año pasado, cuando fueron asesinadas 8 personas, 7 en Rosario y una en la ciudad de Santa Fe. Diversos organismos de derechos humanos vienen también reclamando la creación de dicha comisión. El bloque del PJ, antes de definirse, analizará el informe que ha elevado el Ministerio de Gobierno.

En su comunicación, el Ministerio hace una cronología de los hechos y en general justifica la acción policial. También determina la cantidad de negocios que fueron saqueados en la penosa jornada de diciembre y proporciona una nómina de las personas entonces detenidas, así como una lista de heridos y fallecidos y cantidad de armas secuestradas. El gobierno provincial señala que en esa jornada y otras inmediatas hubo un total de 147 intentos de saqueo, concretándose 57 en el departamento Rosario y siete en otros puntos de la provincia. Según la estimación oficial participaron de estos hechos más de 8 mil personas, en tanto que se detuvo a 378 de ellas. Entre los participantes hubo 42 lesionados mientras que la policía registró 47 heridos. En Rosario se secuestraron nueve armas y una en la ciudad de Santa Fe.

Las siete muertes registradas en Rosario están caratuladas como homicidio simple y la causa se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 13 a cargo de Osvaldo Barbero. En cuanto a Santa Fe, la causa la lleva el juez de instrucción Rubén Saurín. El imputado en este caso es un comerciante que estuvo detenido, declaró y luego recuperó su libertad.

Respecto de cinco de las siete muertes registradas en esta ciudad no hay detenidos ni imputados. El sargento Omar Angel Iglesias, francotirador de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), fue indagado, detenido y luego liberado por la muerte de Walter Campos, un chico de 15 años que fue muerto de un disparo en la cabeza cuando asistía a un reparto de comida en Ludueña.

En la respuesta elevada por el actual ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, se señala que Lorenzo Domínguez, quien lo antecediera en el cargo, declaró ante el juez Barbero que sus directivas a la policía fueron las de «garantizar el derecho a la protesta ciudadana, respetando y cuidando ante todo la vida humana». La investigación del caso Lepratti tuvo algunas circunstancias sorprendentes, en particular cuando se supo que, después de muerto, la División Judiciales de la Unidad Regional II lo denunció por resistencia a la autoridad y daños calificados. La insólita presentación terminó por ser archivada.

fuente: Diario La capital www.lacapital.com.ar