Algunos Rosarinos dueños en las islas frente a la ciudad…
La fiscal Martínez explicó que se los puede demandar por un daño que consideran indirecto: el aire contaminado que se respira en Rosario y la región.
Por José Maggi. Página|12
La fiscal extrapenal María Laura Martínez presentó una demanda contra 19 rosarinos -todos propietarios de terrenos en las islas-, pidiendo que se declare su responsabilidad por daño ambiental indirecto contra la población de Rosario.
Se trata de una iniciativa del tipo «mere declarativa», en la que no se persigue un delito penal, sino determinar la existencia de una relación jurídica, que pueda servir como primer paso para futuras denuncias.
La fiscal Martínez explicó que se los puede demandar por un daño que consideran indirecto: el aire contaminado que respiran los rosarinos y los habitantes de la región.
Los nombres de los propietarios de campos que se quemaron en reiteradas oportunidades en los últimos tres años son :
* Antonio Cayetano Gómez.
* Ramiro Javier Costa.
* Juan Leopoldo Sanabria.
* Sócrates Galindo.
* Laura Beatriz Becherucci.
* Luis Carlos Pérez.
* Jorge R. Casals Sociedad en Comandita por Acciones.
* Carlos Alberto Sidoti.
* Enzo Federico Vignale.
* Raúl Alvaro Morist y Rachinsky.
* Amelia Marta Barinotto.
* Esteban Ricardo Morist.
* Julián Marcelo Luraschi.
* José María Vicenti.
* Graciela Capone.
* Daniel Corvalán.
* David Sobrido.
* Mauricio Sobrido.
* Federico Patricio Müller.
El escrito fue presentado ante el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2.
En todos los casos se trata de personas -físicas o jurídicas- con domicilio en Rosario, que resultan titulares registrales, poseedores, tenedores o propietarios dominiales de inmuebles en zona de islas (departamentos de Victoria y Gualeguay, de Entre Ríos), en los que se registraron quemas entre 2020 y 2022.
El cruce de datos fue posible gracias a una serie de medidas de aseguramiento de pruebas que la Fiscalía viene realizando desde hace dos años, en donde se pidieron oficios a diversas dependencias oficiales, como Catastro de Entre Ríos y el Juzgado Federal de Victoria, entre otras.
La fiscal Martínez señaló que la investigación lleva unos años y hay 19 demandados. Y que se basa en reportes científicos de la Universidad Nacional de Rosario. La denuncia fue admitida la semana pasada y, cuando llegue el momento, si hay una sentencia favorable permitirá que se puedan realizar acciones individuales contra cada uno de ellos.
«Lo que estamos pidiendo al tribunal es una declaración, de la existencia de daños en la salud de los habitantes de Rosario, provenientes de las quemas», explicó a La Capital Martínez, quien aseveró que los propietarios «están omitiendo la función ecosistémica de los bienes privados».
La fiscal Martínez explicó en diálogo con LT8 que se buscan determinar si los incendios son intencionales o no. “Lo que pretendemos es una declaración de la existencia de daños en la salud de los habitantes de Rosario proveniente de las quemas”.
“Decimos que los dueños de las tierras que tengan domicilio en Rosario y en cuyo territorio se produzcan quemas están omitiendo una función de cumplimiento de la protección ambiental”, argumentó. Y lo sostuvo a partir de la reforma constitucional de 1994 y después de 2015, “que habla de la función ecosistémica de los bienes privados”.
“Si soy dueño de un terreno en las islas tengo que cuidar que no se produzcan los incendios porque eso daña el ecosistema y porque indirectamente va a dañar la salud de los habitantes de Rosario y de localidades aledañas”, advirtió la fiscal Martínez.
“En 2020 ya había un nivel alarmante de material particulado en el aire”. E indicó que hoy existen “partículas menores que se filtran en la respiración humana y que son perjudiciales”. Por lo tanto entendió se requiere de un abordaje que incluya tanto lo civil como lo penal.
Para la fiscal, las islas del Delta Superior del río Paraná «están siendo sometidas a un ecocidio», que no se logra detener y que genera que los rosarinos «seguimos respirando aire viciado».
Esta última aseveración queda fundamentada en el escrito por diversos informes que tomaron estado público en estos años, así como también por una declaración de Adriana Ipiña, directora del Grupo Calidad de Aire y Mediciones Satelitales de la plataforma de Estudios Ambientales y Sostenibilidad (Peas-CEI-UNR).
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