El diputado provincial del PJ Alberto Monti formuló declaraciones a la prensa donde sostiene que «ante el capricho y la obstinación del gobierno de la provincia de no dar marcha atrás con el decreto inconstitucional que creó en el mes de enero la Subsecretaría de Ingresos Públicos con superpoderes al mejor estilo del tanquecito de la DGI de la época de la dictadura y una evidente e ilegal superposición de funciones con la Administración Provincial de Impuestos y el Servicio de Catastro, nos preguntamos, respetuosamente, si no ha llegado la hora de que la Justicia santafesina empiece a actuar, y de manera urgente, en consecuencia».
«Confiamos en nuestro sistema de fiscales y en el Ministerio Público y ante una trasgresión tan notoria de la Constitución y de las leyes, advertimos que este caso puede llegar a transformarse en una constante si no se le pone límites a la voracidad de la administración Binner en avanzar con su ejército de funcionarios políticos, becarios, pasantes y militantes del MNR sobre las funciones y misiones de las estructuras del estado provincial» aseguró el diputado peronista.
«Estamos con la reforma del estado, apoyamos la modernización de las estructuras burocráticas para que el gobierno esté mas cerca de la gente, avalamos las políticas de descentralización serias y efectivas (obviamente que para nada estamos de acuerdo con esta pantomima de los nodos, pura cáscara vacía y discurso hueco) pero en absoluto podemos dejar pasar que para lograr esos objetivos se ignore la vigencia de la legislación : una ley se modifica con una ley y no con un decreto y esto es así en Santa Fe, en Suecia, en Ruanda o donde sea» dijo el legislador del PJ.
«Los empleados del API y de Catastro inician su tercera semana de paro, los contribuyentes se perjudican, los gremios del estado se encuentran en estado de alerta y movilización y todo esto por no tener la grandeza de aceptar un error, que oportunamente marcamos en un pedido de informes y la semana pasada en un proyecto de ley donde pedimos la derogación lisa y llana del decreto que creó el monstruo llamado Subsecretaría de Ingresos Públicos» indicó.
«En ese mismo proyecto de ley decíamos que «el Poder Ejecutivo debe retornar a la senda democrática, constitucional y al camino de la legalidad institucional la legalidad: derogar la norma inferior y sustancialmente inconstitucional por usurpar una competencia constitucional que no tiene ni puede ejercer. El capricho desenfrenado no son fuente de derecho, sino la Constitución que es la razón de ser del sistema democrático, por eso su condición de «suprema» expresó el diputado Monti.
«Lo que estamos haciendo, ejerciendo control y límites a un Ejecutivo que está violando la Constitución Nacional, la Provincial que juró cumplir y hacer cumplir y leyes que estaban dictadas y sancionada con anteriores, por lo cual democráticamente las acata o promueva otra, pero no esta forma de «gatopardismo» institucional que pretende disfrazar presuntos actos de gobierno pero que analizados a luz del Derecho están irremediablemente teñidas de ilicitud, de una franca actitud antidemocrática y viciadas de un insostenible inconstitucionalidad» finalizó.
