El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario iniciará un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en San Lorenzo, que tiene como víctima a un ex dirigente gremial y tres imputados, uno de ellos civil
El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario iniciará un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en San Lorenzo, que tiene como víctima a un ex dirigente gremial y tres imputados, uno de ellos civil.
Se trata de una parte de la causa denominada “San Lorenzo” o “de los trabajadores”, que reúne las investigaciones sobre el Terrorismo de Estado en el cordón industrial del Gran Rosario, del que fueron víctimas delegados de base, activistas y dirigentes gremiales.
En el juicio están imputados el teniente coronel (re) Rubén Osvaldo Cervera y el capitán (re) Horacio Hugo Maderna, jefe y subjefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán en 1976, respectivamente, y el abogado Pedro Alberto Rodríguez, ex asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar.
También estuvo imputado el comandante del II Cuerpo del Ejército durante la represión, Ramón Genaro Díaz Bessone, pero fue “declarado inhábil para este juicio” por razones de salud, precisó el abogado querellante Gustavo Feldman.
Los tres están procesados por privación ilegítima de la libertad, tormentos, amenazas y violencia contra el ex secretario general del Sindicato de Municipales de la localidad santafesina de San Lorenzo, Manuel Casado, y llegarán a las audiencias en libertad luego de ser excarcelados.
El dirigente sindical, que en 1976 militaba además en la unidad básica ‘Sabino Navarro’ de San Lorenzo, es la única víctima en el expediente.
Según la investigación, el 24 de marzo de 1976 Cervera asumió como interventor de la Municipalidad de San Lorenzo y conservó su lugar como jefe el Batallón 121 de la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán, mientras que Maderna fue designado secretario de Gobierno municipal.
Pedro Rodríguez, alias ‘Pili’, que se desempeñaba como asesor jurídico del municipio en democracia, mantuvo su puesto tras la interrupción del orden constitucional y fue nombrado director de Asuntos Jurídicos de la intervención de facto, explicó Feldman, que patrocina a Casado.
De acuerdo al expediente, Casado fue secuestrado el 25 de marzo en el centro de San Lorenzo y estuvo detenido a lo largo de diez días en un lugar que no pudo reconocer, para luego ser “blanqueado” en la Jefatura de Policía de San Lorenzo.
En la denuncia que inició la causa, a la que tuvo acceso Télam, el dirigente contó que fue detenido “a las 16.30 en bulevar Urquiza y San Martín por personal militar” cuando regresaba junto a sus hermanas a su casa desde el cementerio local.
Un camión y un jeep militares lo detuvo y le revisó “y ahí nomás me pegan dos culatazos en la cabeza, que tengo hundida, y me metieron en el carrier”, denunció Casado en 2003, cuando se inició la causa que diez años después llega a juicio oral.
Añadió que luego de dar una vueltas en el camión lo llevaron al edificio municipal, donde ve “al capitán Maderna, al teniente coronel Cervera y con ellos venía el doctor Pedro Rodríguez”, quien le dijo: “Ésta es la última que hacés, de esta no te salvás”.
Según contó la víctima, Rodríguez no sólo mantuvo su puesto en el municipio de San Lorenzo tras el Golpe de Estado, sino que antes militó en la unidad básica ‘Sabino Navarro’, una agrupación de superficie de Montoneros en la que también participaba Casado.
“Rodríguez era un compañero de la Savino Navarro y de golpe era el que acompañaba a Cervera cuando éste me tomaba la declaración, y ahora es amigo del capitán Maderna”, dijo Casado.
Para el juicio oral, la querella presentó una decena de testigos, algunos que presenciaron el secuestro y otros que testimoniaron durante la instrucción del expediente para dar marco al proceso de represión ilegal del Estado, confirmó Feldman.
El más saliente de los testigos es el actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza, quien declaró en 2008 en la causa sobre las órdenes e instrucciones impartidas por los comandantes durante el Terrorismo de Estado, añadió el abogado querellante.
