Hammerly: Aguas se metió en el terreno de la rescisión del contrato

«Aguas quiere hacer lo que se le da la gana, la provincia la intimó a readecuar las garantías y no lo hizo, esto es causa de rescisión contractual». De esta manera el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Alberto Hammerly, se refirió ayer a un nuevo incumplimiento de la empresa Aguas Provinciales, que presta el servicio de agua potable y cloacas en Rosario y en otras 14 localidades santafesinas. La situación tensa aún más las relaciones entre el gobierno y la empresa, a la que ahora se le abrió un frente de conflicto interno, con el paro de 24 horas dispuesto por los empleados para el lunes en reclamo de una recomposición salarial.

Hammerly dijo a La Capital que la semana pasada la firma impugnó el reclamo del gobierno provincial de readecuar sus garantías tras presentar avales «por tres millones de pesos menos de lo que correspondía». Y así lo confirman los números: en lugar de poner sobre la mesa garantías por 59.161.000 pesos, lo hizo por 56.885.000. «Aguas está tensando la cuerda -advirtió Hammerly-, se ha metido en el terreno de la rescisión del contrato».

El funcionario se mostró molesto al remarcar que «las resoluciones deben cumplirse más allá de que se recurran o reclamen», e hizo mención a la resolución Nº173 emitida el 5 de agosto pasado por la cartera de Obras Públicas provincial. Allí se intimó a la firma a que en el término de 15 días «proceda a adecuar las garantías de contrato con estricto apego a las previsiones contractuales».

Según la misma resolución, Aguas presentó 2.275.428 pesos menos de garantías a través de fianzas de los bancos Río de la Plata y Galicia. Pero para el gobierno provincial también se quedó corta con las garantías de operación: planteó avales por 11.377.128 pesos cuando debían ser de 11.832.213 pesos. «Veo muy complicado el panorama. No hay voluntad de la empresa de acogerse a lo que dice el contrato. Ahora, con nuestra área de Jurídicas y el Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) estamos analizando los pasos a seguir», adelantó Hammerly.

Pero cuando habló de un «panorama complicado», agregó que no sólo se refería al problema de las garantías, sino también a la intimación que por resolución Nº174 la empresa recibió por parte de la provincia. En ella se le exigió que antes del 22 de septiembre presente un cronograma de obras para el bienio 2004-2005. «Conociendo el paño me animaría a decir que dilatarán una vez más el contrato con un recurso. Allá ellos. Deberán acogerse a las multas y al pésimo antecedente que cosecharán a nivel mundial», remarcó.

Tire y afloje
Las declaraciones de Hammerly se dan en medio de la peor crisis que atraviesa la concesión de la prestación del servicio sanitario. El domingo pasado este diario dio cuenta de este tire y afloje que en ocho años tuvo múltiples renegociaciones con el visto bueno de la provincia, pese a que Aguas nunca cumplía con las inversiones y obras exigidas. Basta sólo un dato para sostener esta afirmación: entre el año 2000 y el 2003 la firma tenía que realizar trabajos en Rosario por 56 millones de pesos pero sólo desembolsó 7 millones.

Y más. Uno de los tantos decretos firmados por el Estado provincial habilitó un aumento de la tarifa del 13,85 por ciento por obras cloacales que nunca se hicieron. Sin embargo, esta medida le representó a la empresa un ingreso extra desde 2000 hasta 2004 de 28 millones de pesos.

Ahora bien, si las cifras no dan cuenta por sí mismas de la gravedad del tema, cabe escuchar las quejas de los rosarinos. A los del radio antiguo (una zona aún más amplia que el macrocentro de la ciudad) se les inundan las calles tras cada tormenta importante, y los de las zonas sur, oeste y noroeste denuncian que la falta de cloacas los obliga a convivir con zanjas llenas de mosquitos, ratas y agua podrida. «Verdaderos focos infecciosos», remarcan.

Mientras tanto, la empresa muestra sus cartas: además de argumentar que todas las medidas tuvieron en estos años el aval de la provincia, esgrime una demanda por 169,1 millones de dólares presentada en Washington contra el Estado nacional en la que exige un resarcimiento económico por el perjuicio que le ocasionó la devaluación.

Fuente: diario La Capital