Por Giorgio Trucchi. Pressenza.com
Mientras el Tribunal Supremo Electoral daba a conocer los resultados finales preliminares de las elecciones del 25 de junio, confirmando a Sandra Torres (UNE) y Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla) como contrincantes al balotaje, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) anunciaba el inicio de una investigación contra el partido de Arévalo.
A partir de ese momento, el sistema institucional corrupto guatemalteco, que tiene como su único e imprescindible objetivo la defensa de un estatus quo que garantiza los intereses de las clases dominantes y los poderes fácticos del país, comenzó a calentar motores.
Primero fue el juez Fredy Orellana que, a petición del Ministerio Público, ordenó la suspensión provisional de la personería jurídica del Movimiento Semilla, por el supuesto delito de falsificación de firmas en la conformación del partido.
Una acción totalmente ilegal, ya que la legislación electoral guatemalteca prohíbe suspender a un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado.
Luego, y a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral pidiera dejar sin efecto la decisión del juez y que la Corte de Constitucionalidad hiciera lugar a dicho amparo, garantizando así la realización de la segunda vuelta, el Ministerio Público siguió imperturbable su plan de hostigamiento.
Durante toda la semana pasada, agentes de la Feci allanaron la sede del Registro de Ciudadanos del TSE, secuestrando registros y supuestas evidencias del delito.
Hicieron lo mismo en la sede del Movimiento Semilla, al tiempo que fueron emitidas varias denuncias y órdenes de captura.
En medio de una situación cada vez más vergonzosa, los magistrados electorales volvieron a presentar un recurso de amparo en contra de las autoridades que podrían amenazar el desarrollo del balotaje el próximo 20 de agosto.
Esta vez, la Corte de Constitucionalidad desestimó el amparo, aduciendo que ya con la resolución del 12 de julio se garantizaba el desarrollo de la nueva cita electoral.
Reacciones
Ante este escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su preocupación por las “injerencias en el proceso electoral, en un contexto de falta de independencia del Ministerio Público y su fiscal general”.
También urgió al Estado a “asegurar el principio de separación de poderes” y a “garantizar el derecho a la participación política”.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterrez, a través de un comunicado, llamó al Estado de Guatemala a respetar la voluntad popular y los derechos humanos.
Declaraciones expresando profunda preocupación por lo que está ocurriendo en Guatemala fueron emitidas también por las diferentes misiones internacionales de observación electoral, acreditadas en el país.
Mientras tanto, la jornada del 23 de julio fue caracterizada por nuevas movilizaciones de protesta que se están multiplicando en varios puntos del territorio nacional.
En la capital se desarrolló la Marcha de las Flores, donde cientos de personas exigieron la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, por su interferencia en el proceso electoral y por obstaculizar la realización del balotaje.
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