por Manuel Herrera, 18/07/2002
¿UNA RAZÓN MAS PARA QUE SE HAYA APURADO LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE SUBVERSIÓN ECONÓMICA? El FMI, los banqueros y economistas que propiciaron ese nuevo horroroso acto legislativo tienen que dar explicaciones – ¿otra banelco? … En estos días, cuando diversos economistas cercanos al menemismo y al liberalismo ortodoxo proponen la creación de banca off shore como solución para el futuro de las entidades financieras locales, se reiteran escandalosas estafas por parte de las que en ese carácter han actuado en los últimos años.
Cuando se propone esta alternativa a lo que se refieren es a la admisión de bancos que si bien recibirían depósitos, otorgarían préstamos y realizarían otro tipo de operaciones en nuestro territorio, estarían sin embargo regidas por disposiciones de otros países a cuyas normas estarían sometidos. Es decir, una nueva renuncia a la soberanía de nuestro país que abarcaría tanto lo económico como lo político: Un sector pricipalísimo de nuestra economía comenzaría a operar con extraterritorialidad como si las sedes de sus negocios fueran parte de otro país. Dejo de lado los juicios que merece la propuesta si por un instante se medita acerca de lo que significa SER NACIÓN.
Voy a referirme exclusivamente a lo que ha pasado con determinadas entidades que han actuado de esa manera en la Argentina en los últimos años.
Muchos bancos autorizados a operar localmente por el Banco Central de la República Argentina, mantenían en sus propias sedes en el país, sectores que operaban recibiendo depósitos para entidades, propiedad del mismo banco o de sus accionistas, que supuestamente estaban situadas en el exterior: Uruguay o paraísos fiscales como las Islas Caimán, Bahamas u otros. Toda la operación, entrega del dinero, emisión de los certificados de depósitos, ordenes de pago, reintegro de los fondos una vez concluido el depósito, se realizaba en la sede oficial del banco local, es decir, en el mismo lugar en que ese banco realizaba todos los negocios para los que estaba autorizado y sujeto a supervisión por parte del B,C,R.A. Es decir, la más absoluta ficción, y, por supuesto, la ejecución en la forma mas visible de operaciones que debían o estaban prohibidas por la legislación argentina que, supuestamente, el BCRA debía vigilar que no se hicieran.
El ahorrista era “tentado” por tasas superiores – los depósitos no estaban afectados por exigencias de encajes, efectivo mínimo ni por ninguna otra que lógicamente, como costo de seguridad y buen funcionamiento, al incrementar el costo de captación, reduce el monto del interés que puede pagarse al ahorrista – y por el hecho de quedar libre del “riesgo argentino” (Leáse eventual devaluación, transformación compulsiva de la moneda en que se realizó la imposición, eventuales impuestos que se crearan, “corralitos”, etc.). La gran mayoría de estos “bancos off shore” han concluido sus operaciones con grave pérdida para los ahorristas: Liquidación o quiebra, arreglos con quitas importantes y prolongados plazos de reintegro, etc. Es decir, lo que fue usual en la época de los grandes escándalos bancarios (BIR, Italia, Iguazú, Andes, Ganadero, Rural, Rio Paraná, etc.) se ha repetido: Ahorristas estafados y millones de dólares de capital nacional evaporado o transferido por esos “banqueros” a paraísos fiscales pero a su propio nombre y agigantando su fortuna personal. Estas bancas “off shore, a juzgar por los informes que oficialmente se están presentando a los ahorristas a quienes se reclama adhesión “voluntarios” a acuerdos de quitas y esperas, bajo presión de perder todo en una eventual liquidación, en realidad no transferían dinero al exterior sino que lo prestaban a personajes locales que, en la mayoría de los casos, los destinaban a operaciones de alto riesgo. Estos deudores “locales” han alegado su derecho a pagar 1$ por dólar en algunos casos, no han pagado en otros o, directamente, han trasladado sus pérdidas a los ahorristas. Los informes que esto indican han sido preparados en las paraísos fiscales (Islas caimán por ejemplo) por prestigiosos auditores y abogados de los Estados Unidos y con actividad en todo el mundo.
Las operaciones llaman la atención y muchos sospechan que los verdaderos deudores son los propios propietarios de los bancos (autopréstamos) o personas o empresas vinculados a ellos. Es decir, una operación idéntica a la que realizaban los dueños de los bancos quebrados en la época de la Patria Financiera, la Plata Dulce o los Dolares Gauchitos. El resultado es el mismo: Los banqueros riquísimos, los ahorristas estafados y la Nación sufriendo nuevos quebrantos y pérdidas de ahorro nacional. Sólo que ahora las cosas son más aberrantes: Antes esos banqueros pasaban algún tiempo presos o se iban del país fugados y el banco local terminaba cerrado. Ahora todo es peor: Los bancos locales siguen operando porque los que cierran son los off shore que, en realidad, son sólo plaquitas que junto con decenas de otras de otros “bancos”, están en la pared de alguna derruida casa de esos lejanos paraísos financieros. Algunos off shore: El que tenía el Banco Mayo, el que tenía el Banco Patricios, el del Extrader, el Federal/República y ahora está pasando con el B.I.I. Creditasnstalt de Isalas Caimán que aquí sigue operando como Banco Interfinanzas – Creditanstalt.
El BCRA es responsable de esto. No ejecutó los controles que debía practicar y los resultados están a la vista. Las autoridades de esa entidad, desde hace años a esta parte, incluyendo al asesor menemista Sr. Pou que paradójicamente predica, junto a sus compañeros del CEMA como los economistas de Menem, Sres. Jorge Avila, Roque Fernández y otros, a favor de la Banca Off Shore, deben ser convocados a dar explicaciones a la Justicia para determinar si existen responsabilidades. Sobre lo acertado de sus propuestas para el futuro – que todas las entidades financieras locales sean off shore – que son repetidas por el Sr. Menem, es la ciudadanía la que debe decidir.
Pero hay más: La justicia penal debe investigar las actividades de estos “bancos”, tanto la de los locales como la de sus subsidiarias off shore, los destinatarios de sus préstamos y la responsabilidad patrimonial de sus propietarios, accionistas, gerentes, apoderados, Directores y Síndicos respecto a la indeminización de los daños y perjuicios causados a los ahorristas y las consecuencias penales si las hubiere.
Una última cuestión que hace a la responsabilidad de este Gobierno y de los legisladores que votaron o hicieron posible la votación de la derogación de la Ley de Subversión Económica: Hay que determinar qué relación existe en esa apurada derogación, la posición sustentada a favor de ella por el FMI y por las asociaciones de bancos locales y la de algunos banqueros y economistas que sostuvieron la necesidad y conveniencia de un acto legislativo de esa entidad que reitera la protección que se brinda a los grandes delincuentes que han esquilmado al país.
Manuel Herrera
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