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Lejos de ser una fortaleza, ese apoyo, que concentra a lo más atrasado ideológica y políticamente en el mundo, porque reúne a los neoconservadores reaccionarios de Marco Rubio y compañía y a los neofascistas que acompañan al supremacismo blanco trumpista, asocia a El Salvador con el verdadero imperio del mal, que, en franca decadencia, apela a las formas más brutales de intromisión e injerencia para mantener cuotas de hegemonía imperial cada vez menores.
El Salvador, bajo la dictadura de Bukele, se confirma como neocolonia de Washington, a sus órdenes y servicio, como ya lo había demostrado con las infamias del CECOT.
Mientras tanto, desde distintos organismos internacionales encargados de velar por el respeto a las normas reconocidas entre naciones y dentro de los Estados, como el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en el mundo, se sumaban las críticas, cuestionamientos y abierta oposición a las inconsultas e ilegales medidas adoptadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador.
Desde el espectro político nacional, tanto partidario como de diversos sectores populares comenzaron a hacerse sentir las expresiones de rechazo.
Un tiro por la culata
Los conspiradores del 31 de julio, que se confabularon desde la Asamblea Legislativa para reformar ilegal e ilegítimamente la Carta Magna, especularon con hacerlo en secreto. Se sabe ahora que solo 5 diputados de la bancada oficialista estuvieron informados de la maniobra a perpetrar en la sesión plenaria, para evitar cualquier filtración, lo que habla a las claras del nivel de desconfianza y paranoia al interior del grupo de poder. Los golpistas esperaban que a las puertas del periodo vacacional el tema pasaría sin mayores repercusiones.
Olvidaron que las vacaciones de agosto en el país, constituyen también un evento de fe religiosa para la feligresía católica. Así, la concentración multitudinaria frente a la Catedral fue testigo de algo que no esperaban, el rechazo público, desde la más alta jerarquía católica, a las medidas adoptadas.
La homilía del miércoles 6 de agosto del arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, y su llamado a la Asamblea Legislativa para que reconsidere las reformas constitucionales con las que eliminó los límites para la reelección presidencial, entre otros cambios de alto impacto en el país, fue un golpe no esperado por el oficialismo. En especial porque provenía del conservador jerarca religioso que, por años, guardó silencio ante innumerables abusos por parte del régimen, y que sólo comenzó a expresar su oposición desde la derogación de la ley contra la minería metálica. Esta vez cuestionó desde el púlpito lo que ya muchos sacerdotes y feligreses desde la base rechazaban.
Durante la misa en honor al Divino Salvador del Mundo, el arzobispo de San Salvador lanzó públicamente la petición a los diputados. “[…] que los señores diputados reconsideren las reformas a la Constitución recientemente aprobadas por ese pleno legislativo de manera inconsulta, pues para la legitimidad de una reforma constitucional el pueblo debe ser consultado”, dijo el arzobispo durante la homilía celebrada a las afueras de la Catedral Metropolitana, mientras una multitud aplaudía desde la plaza.
Los límites económicos del golpismo
El golpe se explica desde el interés de la élite usurpadora por perdurar en el poder para continuar la acumulación de riquezas a costa del Estado, pero también como instrumento para garantizar la impunidad de quienes se asociaron para delinquir contra la Patria y el Pueblo.
Solo la permanencia en el poder, al amparo militar y con el consentimiento de Washington, podría evitar (al menos temporalmente) que todos estos personajes, desde el primero al último, acaben en las cárceles que ellos mismos construyeron para sus opositores.
Sin embargo, las cifras económicas del país también ofrecen indicios de otras razones para las infamias cometidas. Ya no pueden seguir ocultando la bancarrota a que están llevando al país, mientras buscan nuevos socios para seguir ejecutando un despojo sin precedentes.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su último Informe Económico destacó el bajo crecimiento de El Salvador. Las nuevas estimaciones reducen la expectativa de crecimiento para el país a un 2.4% para este año.
El informe señala que la ralentización de la economía salvadoreña se debe a la desaceleración del consumo interno y de la inversión. Al mismo tiempo, la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) registró cifras positivas en todos los países que conforman la subregión centroamericana en 2024, menos en El Salvador.
La caída en el consumo tiene que ver con el alto coste de la vida. La canasta básica ha vuelto a aumentar según los informes económicos del primer semestre, de modo que la inflación va absorbiendo el insignificante aumento del 12% al salario mínimo concedido hace pocos meses.
Sin inversiones productivas que lleguen desde el exterior, la creación de empleos se empantana y precariza mientras, desde las exigencias del FMI, el Ejecutivo continúa “ajustando”, es decir eliminando puestos de trabajo del Estado. A las decenas de miles de despidos del sector público ya registrados desde el año pasado se va sumando ahora, en forma de goteo, la eliminación de puestos, sobre todo en educación y salud, con claras motivaciones políticas.
En las últimas semanas, docentes identificados por su actividad política asociada al FMLN, pero cuyas acciones no afectaban su actividad profesional, fueron eliminados de las cuentas públicas mediante el expeditivo método de suprimir sus plazas laborales. El régimen parece decidido a que nadie que opere políticamente en la oposición reciba un salario del Estado. La obsesión por asfixiar cualquier muestra de disidencia señala también desesperación.
Lo cierto es que el país va a la deriva. Nadie cree en instituciones que no garantizan seguridad jurídica alguna, y por eso los globos de ensayo y promesas ilusionantes se repiten, escalonan, y por lo visto se incrementan a partir del golpe, para intentar disimular la realidad.
Ya mencionamos la semana pasada las altas posibilidades que la injusta propuesta de garantizar exenciones impositivas para inversiones extranjeras superiores a $2000 millones -que no solo discrimina a las iniciativas locales sino que la historia económica del país demuestra que se trata de propuestas irreales e irrealizables, destinadas a mantener la ilusionada atención de un público cautivo-, parecía, en realidad, querer profundizar el carácter de paraíso fiscal que una vez buscaron con la fallida implantación del Bitcoin.
Fracasado aquel proyecto a partir de las exigencias del FMI respecto al uso del criptoactivo como moneda de curso legal, hoy el régimen parece volver a la carga con la búsqueda de caminos alternos para legitimar el uso del BTC para negocios relacionados con grandes capitales.
El Estado se mantiene al margen, en apariencia, cumpliendo al menos en las formas con lo impuesto por el FMI. Sin embargo, esta semanafue aprobada una nueva Ley de Bancos de Inversión, para “inversionistas sofisticados”. Los inversionistas sofisticados son aquellos que tengan $250,000 de activos, conformado por efectivo en dólares o activos de fácil liquidación incluidos bitcoin o criptomonedas estables.
El oficialismo alega que el objetivo es permitir la ampliación del sistema financiero salvadoreño, operaciones reguladas con el bitcoin, stablecoins, oro y bonos tokenizados para la conversión de El Salvador “en un hub financiero”.
Aunque la normativa establece que los bancos de inversión deben cumplir con requisitos de la Ley de Bancos, la nueva normativa solo ordena expresamente el cumplimiento de 19 artículos de la Ley de Bancos.
De manera que casi de inmediato a la aprobación de las reformas inconstitucionales, que abren la puerta a transformar la república en un sistema dinástico, a los diputados les faltó tiempo para aprobar una serie de medidas que, más allá de los discursos que prometen creación de empleos e inversiones, solo parece responder a la necesidad imperiosa de fortalecer y justificar jurídicamente la corrupta élite en el poder y la atracción de capitales especulativos.
Estas iniciativas, ni crean empleos ni atraen riquezas para el país, pero no es para eso que la nueva élite burguesa-oligárquica se ha aferrado al poder de la manera descarada que lo ha hecho. El país toma rumbo directo a constituir economías especulativas no-productivas. Ganancias y liquidez es lo que busca el régimen, no creación de empleos que sabe que jamás llegarán.
Falsos dilemas
En este El Salvador de la imposición y la ausencia de leyes -fuera de las que dicte el tirano-, es cada vez más probable caer en la pobreza y más difícil salir de ella, según las estimaciones del Banco Mundial.
La distancia entre la mayoría arrinconada en la pobreza y la minoría que concentra la riqueza nacional se sigue ampliando. El crecimiento económico patrocinado por el régimen, se ajusta a la línea de pensamiento de los neofascistas tecno-oligarcas y otras especies que abundan estos días en Washington. La consigna, aquí y allí, parece la misma, olvidar a los más débiles y fortalecer a los más ricos y poderosos.
Mientras tanto, desde el campo popular comienzan a abrirse espacios para el debate. La derecha tradicional ya ha mostrado su intención de cooptar esa discusión, planteando como única y falsa dicotomía, la decisión de participar o no en las próximas presidenciales. Se ajustan así al debate que el régimen quiere imponer, restringiendo todo a la cuestión electoral.
Si hay algo que no quiere la derecha tradicional, no solamente la expresada en los partidos conservadores sino también en múltiples organizaciones llamadas “de la sociedad civil” es que el debate rompa los límites electorales. En eso coincide con el régimen.
Resulta esencial que no sea esa derecha funcional al régimen, pero sobre todo a Washington, porque aspira a ser eventual “caballo de relevo” cuando la dictadura se agote, la que establezca los ejes del debate.
Por el contrario, deberá ser el pueblo quien defina el rumbo a tomar. Sin duda, al seno de las fuerzas populares deberán plantearse todas las formas de lucha posibles. Porque el dilema no es participar o no en elecciones, sino como acabar de una vez por todas con la dictadura más oprobiosa que ha sufrido El Salvador en este siglo. Y que el recambio no sea para que nada cambie, sino para que el pueblo salvadoreño pueda, por fin, aferrar en sus manos su destino.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global
Foto de portada: Alex Brandon / Associated Press
El Salvador: límites y aislamiento del golpismo Pia Global.
