El Contrasalón minero se celebra en Sevilla para recordar los desastres ambientales que provoca la minería extractiva. Los actos tienen lugar a la par que el encuentro de las empresas mineras, Mining and Minerals Hall, en la misma ciudad.
“Las minas son explotaciones contaminantes e irresponsables que comprometen la salud de las personas trabajadoras, la calidad de vida de las poblaciones próximas y la pervivencia de los ecosistemas”, sentencian desde la organización del contrasalón minero que esta semana se celebra en Sevilla. La iniciativa, organizada por grupos ecologistas como Amigos de la tierra y Ecologistas en acción, además de colectivos vecinales y de derechos sociales, se ha realizado los días 18, 19 y 20 de octubre con el objetivo de dar a conocer los impactos de la minería en todo el Estado, así como alternativas a esta.
Las jornadas se iniciaban con un acto de reivindicación en la Mina de las Cruces, situada en Gerena (Sevilla), donde se llevan realizando vertidos de metales tóxicos al río Guadalquivir desde 2009, cuando se puso en funcionamiento la planta hidrometalúrgica de la mina cobre. La empresa responsable de estos vertidos, CLC, es propiedad de la multinacional canadiense First Quantum Minerals, líder mundial de la producción de cobre y dueña de grandes proyectos mineros como la Mina Kansashi ubicada en Zambia o el proyecto Guelb Moghrein situada, en Mauritania.
Según CLC, una de sus prioridades empresariales es “el control del impacto ambiental”; sin embargo, según recuerda Ecologistas en Acción, las tuberías de la mina han vertido más de 7.920 kg de metales pesados bioacumulables como arsénico y plomo “que acaba en los platos a través de las pesquerías del Golfo de Cádiz y de las producciones hortofrutícolas y de arroz que se riegan desde el río”, incide la organización ecologista. La empresa, lejos de sufrir algún tipo de sanción por los vertidos y de cesar su actividad, se encuentra desarrollando un proyecto de mina subterránea y refinería pirometalúrgica, PMR, para ampliar su marco de acción en los próximos años.
Foto de El Salto diario
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inauguraba el pasado martes el Mining & Minerals Hall (MMH) con la promesa de que esta legislatura “será la de la autorización de los grandes proyectos mineros”. En su intervención anunció el aumento de 175% las partidas destinadas al impulso del sector de la minería, un total de 125,7 millones de euros que se verán reflejados en los presupuestos para 2023. Moreno cree que la minería “es un sector crucial para la economía, la sociedad, el presente y futuro de todos”. En el mismo contexto intervino la secretaria de estado de Energía, Sara Aagesen con un mensaje de apoyo a la inversión en el sector minero: “La minería no solo es importante para extraer materias, sino para acelerar los cambios tecnológicos y para crecer con una gestión sostenible de materias primas“.
La contracumbre recordaba a las puertas del MMH los 24 años del desastre de la mina de Aznalcóllar. Unos vertidos de lodo tóxico en el Parque Nacional de Doñana y el entorno del río Guadiamar causados por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en 1998, y que aún hoy tiene consecuencias ecológicas en la zona. A pesar de la gravedad del incidente, la empresa sueca Boliden, responsable de la explotación, no sufrió ningún castigo judicial. La reactivación de la mina de Aznalcollar es uno de los proyectos mineros que espera poner en marcha Juanma Moreno en el año 2023.
¿Minería verde?
“Hace un tiempo que en España se viene viviendo una expansión en la minería. Por ejemplo, en 2018 se presentaron más de 2.000 solicitudes para realizar operaciones de minería en España. La mayoría de estas licencias, al contrario de lo que nos intentan vender, las ostentan empresas internacionales, sobre todo Canadá y Australia, son grandes fondos de inversión los que están detrás”, comenta Adriana Espinosa, de Amigos de la Tierra, en la presentación del informe El boom de la minería en el Estado español: patrones, impactos y resistencias. En este informe se analiza cómo la expansión de la minería en el Estado español viene promovida por instituciones europeas, nacionales y regionales a través de una serie de mitos y dogmas que no son reales.
“Se dice que hace falta abrir minas y extraer metales para la transición energética como si todos los metales que fuésemos a extraer del suelo fueran a abastecer la transición energética. La realidad es que una gran cantidad de estos metales van para otros usos: móviles, relojes, drones etcétera. Además, metales como el hierro y otros tantos lo que favorecen es la construcción y la industria armamentística. Nos venden de verde una minería que va a ir a la industria del armamento”, comenta Espinosa.
Erika Gónzalez, coautora del informe, señala también la opacidad de los proyectos mineros en el Estado español: “Hay una maraña de empresas que hacen que realmente no sepamos quién está impulsando el proyecto”, apunta, con el objetivo de “crear imaginarios positivos, un relato oficial que oculta los impactos negativos en los territorios”.
Por su parte, Isabel García Vila, portavoz de la Plataforma Mina de Touro (A Coruña), colectivo que lleva años luchando contra el proyecto de reapertura de la empresa Atalaya Mining en la zona, indica: “Hemos vivido una explotación minera a cielo abierto de cobre desde finales de los 70, con resultados nefastos que aún se manifiestan en nuestras aguas”. La activista cree firmemente que “no existe minería sostenible”.
“Nos venden de verde una minería que va a ir a la industria del armamento», señala Adriana Espinosa
Joám Eváns, de Ecologistas en Acción, es autor del informe Reciclaje de Metales, la alternativa a la minería, en el que intenta cuestionar la idea del lobby extractivista y de algunas instituciones por la que defienden que “la única alternativa es la minería”. Evans afirma en el informe los bajos niveles de reciclaje de metales como el litio en España e insta a que la problemática sea abordada por normativas políticas como “que se establezca un contenido mínimo por producto de materiales reciclados o controlar que los productos puedan ser reutilizados y reciclados”.
La industria del reciclaje de metales está siendo un foco al que apuntan algunas empresas relacionadas con la minería, como Atlantic Copper, una de las compañías metalúrgicas presentes en el Polo Químico de Huelva, que ha iniciado la obra de una planta de reciclaje de metales. Esta planta forma parte de su proyecto CirCular que, según ha denunciado el grupo municipal onubense Mesa de la Ría, “es un proyecto lleno de irregularidades y con manipulación de datos”. El activista Joan Eváns insiste en la responsabilidad institucional de este reciclaje: “Es vergonzoso que no exista en todo el estado una industria pública que pueda recuperar los metales”.