Los vecinos autoorganizados paran los desalojos amparándose en la Constitución y Tratados, sin ninguna violencia.
Una plataforma ciudadana creada en 2009 canaliza las protestas
Para parar un desahucio (desalojo) se dan cita en la portería del bloque (Edificio/s) cientos de personas. Son vecinos, familiares o gente que se ve por primera vez. Cuando llega la comisión judicial, le explican que no se va a realizar el desahucio. Lo hacen sin chulería, invocando el derecho a la vivienda.
La comisión -comúnmente, un procurador del banco, un agente judicial, un cerrajero, policía en diversas proporciones-, después de comprobar que, en efecto, no se puede realizar el desahucio, lee lo que tiene que leer. Un portavoz de los concentrados lee, a su vez, los textos legales en los que se apoyan para su acción: el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 47 de la Constitución.
Cuando la comisión se marcha, ha conocido el nombre y el rostro de los desahuciados y su cultura de derechos. Y ha visto, como todos los presentes, la violencia económica implícita del asunto y cómo en pocos metros cuadrados han chocado dos concepciones de la democracia, dos concepciones del mismo sistema. La comisión volverá. Pero se ha producido un momento mágico de poder ciudadano frente a una problemática abandonada por la ley y la política. Hay personas llorando, abrazadas. Todo el mundo sonríe y grita: "¡Sí se puede!".
Desde el 15-M estos actos han ido en aumento, así como su participación ciudadana. En Barcelona y su área han sido una decena los desahucios parados.
Son acciones sin precedentes cercanos. Uno pueden ser las acciones ciudadanas en Chicago y Nueva York en los años 30 contra los desahucios, organizadas por el Partido Comunista de Estados Unidos. Consistían en reuniones espontáneas para volver a subir a un piso los enseres que la autoridad había hecho bajar. El otro, más cercano geográficamente, es la huelga de alquileres organizada por la CNT en Barcelona en la misma década. Todo el barrio boicoteaba un desahucio. Si al inquilino se le cortaban los servicios, trabajadores de la CNT los volvían a conectar.
Pero, en la actualidad, el aparentemente potente movimiento no tiene un partido comunista ni un sindicato anarquista detrás. Es fruto de la asociación ciudadana. Muy horizontal, como muchas de las propuestas que han ido encontrándose y dibujando el Movimiento 15-M.
Las convocatorias para paralizar desahucios parten de la web de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La Plataforma es una asociación de ciudadanos fundada en 2009 en Barcelona por afectados y por activistas del derecho a la vivienda. En cuanto notifican una convocatoria, multitud de ciudadanos la retuitean. El día indicado, en la dirección indicada, hay suficientes personas como para impedir pacíficamente el desahucio de una familia. Se reúnen en asamblea cada 15 días. Su eje es la denuncia del carácter exótico en Europa de la Ley Hipotecaria española, que posibilita que en un 99% de los casos de desahucio, el banco acabe adquiriendo la vivienda por el 50% de su tasación, de manera que las familias desahuciadas quedan de por vida endeudadas con el banco que les arrebata la casa y excluidas económicamente. En 2010, la plataforma llevó al Congreso una modificación de la ley en la que se proponía la dación de la vivienda como fórmula de pago al banco. El cambio no salió adelante debido a la abstención de PP y al voto negativo del PSOE. Recientemente, la plataforma ha iniciado la gestión de una Iniciativa Legislativa Popular al respecto.
Desde 2007 se han producido cerca de 500.000 desahucios. El dramatismo de la situación parece no estar en la agenda política, pero sí en la agenda de una ciudadanía sensible a este tipo de movilizaciones. "Desde el 15-M", explica Lucía Delgado, miembro de la plataforma, "hemos visto cómo se han fundado más plataformas como la nuestra en todo el Estado, y cómo cada vez más ciudadanos acuden a los actos contra los desahucios".