La presentación se realizó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 10 de la Ciudad de Buenos Aires con la firma del expresidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo.
A pocos días de ser implementado -a partir del 29 de diciembre- el documento de reformas impulsado desde el Gobierno de La Libertad Avanza recibió el cuarto amparo en su contra. La presentación fue realizada esta mañana ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 10 de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre otros pedidos, Rizzo resalta la importancia de «no innovar», una medida que impediría que le decreto sea aplicable hasta una resolución de la Justicia.
«El DNU es inconstitucional, nulo e inaplicable. Se juega la continuidad del Poder Legislativo dentro de la división de poderes. No me meto en el fondo. Algunas cosas que están ahí las comparto como la derogación de la ley de alquileres, que pelee para que no saliera, pero no comparto el mecanismo», afirmó Rizzo en declaraciones con la agencia de noticias Télam.
El DNU puede ser invalidado tanto por la Justicia como por el Congreso de la Nación a través del tratamiento en las dos cámaras legislativas. El poder Judicial, por su parte, tiene la potestad de no aprobar artículos de los decretos si considera que van en contra de otros derechos o si son inconstitucionales.
Los argumentos contra el DNU de Javier Milei
Los argumentos esgrimidos por el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se centran en el rompimiento de principios constitucionales, «tales como el respeto a la división de poderes, la forma republicana de gobierno y la división tripartita del Poder Constituido. Pudiendo generarse una severa crisis institucional al avanzar sobre materias que pertenecen, de manera exclusiva, al Congreso de la Nación».
«Por medio de este DNU, quien hoy preside la República Argentina, ha decidido dejar de lado a los Representantes del Pueblo y de las Provincias. Del mismo modo que lo hizo al asumir sus funciones como primer mandatario, de espaldas al Congreso Nacional, hoy nos demuestra que la división de poderes, para él, es parte del problema de nuestra gloriosa nación», agregó en sus declaraciones con la prensa.
Los próximos pasos del DNU de Javier Milei en el Congreso
Por la vía legislativa, cada uno de los DNU promulgados por el poder Ejecutivo deben tener un paso previo por el Congreso. A lo largo del proceso, donde los legisladores analizarán si aprueban o no la medida, mantendrá fuerza de ley.
Una vez que el Jefe de Gabinete presente el texto en el recinto legislativo, la Comisión Bicameral debe elevar un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros a ambas cámaras, también dentro de 10 días. En este dictamen, la Bicameral deberá expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y sobre la procedencia formal y la adecuación a las bases de la delegación y al plazo fijado para su ejercicio.
VAN 8 Y SUMANDO…
Otra de las denuncias fue la radicada por Andrés Gil Domínguez, quien presentó una «acción declarativa de inconstitucionalidad» contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2’023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.
El primer amparo, en tanto, fue el radicado la semana pasada por la «Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad«. En la denuncia, el juez Esteban Furnari reconoció a la acción como un amparo. Además, también ingresó una acción de amparo de la «Asociación Civil por un Hogar en Argentina».
Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que denunciará penalmente al presidente Javier Milei por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impulsa el Gobierno.
«Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al Presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU», publicó el sindicalista en su cuenta de la red social X.
El anuncio llega después de que Aguier ratificara que esa organización gremial se movilizará mañana en el marco de una nueva Jornada Nacional de Lucha, para repudiar la disposición oficial de «despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional».
