También es contra «todos los involucrados» en la elaboración del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido la semana pasada por incurrir en «varios delitos».
La causa le cayó al juez federal Sebastián Ramos, que la semana pasada anuló el caso de Lago Escondido.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció penalmente al presidente Javier Milei, junto a «todos los involucrados» en la elaboración del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido la semana pasada por incurrir en abuso de la autoridad y «varios delitos».
«Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU», informó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de la plataforma X (exTwitter).
El dirigente gremial sostuvo que la denuncia penal es por «la comisión de varios delitos» y enumeró el de abuso de autoridad y la usurpación de autoridad enmarcados en el código penal.
Además, añadió el «delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al Presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su Gobierno».
La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 a cargo de Sebastián Ramos, informaron fuentes judiciales. La denuncia penal se suma a los cuatro amparos que ya fueron presentados, por otro lado, en la jurisdicción contencioso-administrativa.
La semana pasada, Ramos anuló todo lo actuado en la causa por el viaje de un grupo de jueces y empresarios a Lago Escondido, ocurrido en octubre de 2022, y dispuso el sobreseimiento de todos los involucrados: los jueces Julián Daniel Ercolini, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Gabriel Cayssials, el procurador porteño Juan Bautista Mahiques y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro junto a Leonardo Bergroth, entre otros.
“La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la Constitución y las leyes. En este caso, la conducta tanto del Presidente como de todas aquellas personas involucradas en la redacción del DNU se encuentran encuadrados en este accionar”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato, quien firmó la denuncia.
El dirigente indicó que “por más que se trate del Presidente, no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender la suma del poder público”. “Eso también está penado”, apuntó.
“No sólo estamos frente a un caso de abuso de la autoridad, sino que además el Ejecutivo pretende arrogarse facultades propias de los otros poderes. Por eso el delito también podría ser tipificado como una usurpación de título”, agregó Aguiar.
En este sentido, el dirigente concluyó: “Luego de hacer un estudio pormenorizado con todos nuestros asesores jurídicos, y bajo el convencimiento que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo que están afectando a toda la ciudadanía son ilegales, hemos decidido hacer esta presentación”.
La denuncia enviada a la Justicia exige que se investigue al Presidente, como así también a todos aquellos funcionarios que hayan estado involucrados en el armado del DNU 70/2023, por: Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P., Usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3, del C.P.) y delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno.
El escrito también detalla que mediante el DNU no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales, sino que busca establecer un nuevo rumbo social y económico para el país de forma permanente. De este modo, “el Poder Ejecutivo se ha arrogado facultades extraordinarias y facultades equivalentes a ejercer la suma del poder público”, detalla la denuncia penal firmada también por el referente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Godoy.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido la semana pasada ya suma tres presentaciones judiciales en su contra que piden que sea declarado inconstitucional. El último amparo se presentó este martes por el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, que considera que la norma de Javier Milei rompe con los principios republicanos de la división de poderes y es «inconstitucional».
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