Dictan prisión preventiva a cuatro exdirectivos de Vicentin por estafa y asociación ilícita

La fiscalía sostiene que entre 2019 y 2024 malversaron $6.000 millones de la compañía.

En una resolución clave en la causa que investiga las irregularidades financieras de la agroexportadora Vicentin, el juez penal de Rosario, Nicolás Foppiani, dispuso la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la empresa: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. La medida se basa en las acusaciones de la Fiscalía de Delitos Complejos, que los señala como líderes de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas millonarias.

La investigación reveló que, entre 2019 y 2024, los imputados habrían desviado casi $6.000 millones de la empresa para gastos personales y se habrían autoasignado retiros voluntarios por cerca de $2.000 millones. Estas maniobras no solo habrían perjudicado el patrimonio de Vicentin, sino también a sus acreedores y empleados, quienes enfrentaron dificultades en el cobro de sus salarios debido a la supuesta iliquidez de la empresa.

Además de los fondos desviados, los acusados habrían utilizado parte del dinero de la compañía para pagar un seguro de caución personal, más concretamente una fianza, por un monto de más de $40 millones, con el objetivo de no ir presos. La Fiscalía señaló que estas maniobras continuaron a pesar del concurso de acreedores de la empresa, lo que pone en evidencia un patrón de conducta orientado a beneficiar a los directivos en detrimento de los acreedores y trabajadores

La causa abarca a un total de 19 exdirectivos de Vicentin, incluyendo a los actuales miembros del directorio. La Fiscalía sostiene que la cesación de pagos de la empresa en 2019, con deudas cercanas a los u$s1.300 millones, no fue consecuencia de problemas comerciales derivados del contexto económico nacional, sino resultado de maniobras ilegales del directorio que falsearon documentación para obtener créditos y granos, a sabiendas de que no podrían cumplir con sus obligaciones.

Las investigaciones también revelaron que los exejecutivos se beneficiaron de favores políticos durante la gestión de Carlos Vaudagna, exdirector de la AFIP, quien admitió haber intervenido para evitar sanciones fiscales a la agroexportadora en los años previos al default.

Desde 2020, la Fiscalía de Delitos Económicos viene investigando el accionar de los exdirectivos, por lo que la detención de Scarel, Macua, Gazze y Buyatti es solo una de las medidas judiciales en curso. En 2023, el fiscal Miguel Moreno solicitó penas de hasta 17 años de prisión para varios de ellos, al ser imputados por fraude, estafas y asociación ilícita.

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