La Procuración del Tesoro también fue instruida para iniciar acciones conducentes al «recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal».
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se presente como querellante en la causa judicial que inició contra la gestión de Mauricio Macri por el megacrédito solicitado al FMI de más de u$s44.000 millones.
El Decreto 239/2021 repasa cómo fue la negociación por el préstamos que el organismo otorgó a la Argentina durante el gobierno de Macri. Al respecto, sostiene que se «determinó que la gravedad de los hechos y la relevancia económica del préstamo analizado, amerita la adopción de urgentes medidas tendientes a evaluar, con sustento en los informes técnicos y consultivos pertinentes, la posible existencia de perjuicio fiscal como consecuencia del uso inadecuado de los fondos».
«El Estado va a buscar recuperar los fondos, que sea el propio Mauricio Macri, con su patrimonio, quien asuma los costos en daños y perjuicios por este crédito», trascendió.
Así, se instruyó a la Procuración del Tesoro “para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado Nacional, en la causa ‘Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública’, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de esta Capital Federal, y coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional”.
La Procuración del Tesoro también fue instruida para iniciar acciones conducentes al “recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.
Se instruyó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para que “determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”.
La denuncia penal fue elaborada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, e incluye a exfuncionarios además del al propio Macri: el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y los presidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris. Todos ellos -incluido Macri-, dice la denuncia “tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos”.
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