La investigación pone de manifiesto que la agencia tuvo su «época dorada» con los presidentes Menem y Macri.
Cecilia González / RT.COM
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. hace lo que quiere en Argentina, sin importar si es legal o no. Y se lo permiten. Desde los años 70 comenzó a armar una sólida red de complicidades con las fuerzas de seguridad, políticos, jueces, fiscales y periodistas que le permiten operar a su antojo, sin importar quién gobierne.
Estas son algunas de las principales conclusiones del libro ‘La DEA en Argentina. Una historia criminal’, escrito por el periodista Julián Maradeo, quien a través de una extensa investigación desentraña algunos de los misterios de la agencia que opera como una policía trasnacional sin rendir cuentas en los países latinoamericanos.
A lo largo de 331 páginas, la investigación demuestra que la agencia antinarcóticos tiene acceso a información privilegiada y cuenta con un sistema propio de inteligencia que maneja millonarios recursos para recompensar a sus informantes con dinero en efectivo, siempre desde circuitos ilegales.
La cooptación de políticos y miembros del Poder Judicial pasa por el ofrecimiento de viajes a EE.UU. con todo pago, capacitaciones que imponen la visión de ese país con respecto a la supuesta guerra contra las drogas; la entrega de recursos, ya sea fondos o equipamiento; y relaciones con políticos estadounidenses.
«[La DEA] ha instigado delitos y ha usado al país como base de operaciones para armar entregas de drogas y capturar a narcos a pesar de que no tiene autorización. El tráfico de drogas es el pretexto», asegura el autor.
En su año fundacional, la DEA instaló su oficina regional en Argentina. Poco tiempo después, en 1976, se convirtió en cómplice de la última dictadura militar que se impuso a partir del golpe de Estado
También subraya que es mentira que la agencia quiera combatir el tráfico de sustancias. «Lo único que le interesa es acceder de manera privilegiada a la información que considera valiosa para el resguardo de Estados Unidos. No se trata de la guerra contra las drogas, sino de la lucha por el control», afirma.
Mecanismos
Maradeo explica que la DEA, que tiene en el diario conservador La Nación y en el portal Infobae a sus medios favoritos, no necesita tener un ejército de agentes en el país, ya que le alcanza con alimentar las relaciones de privilegio construidas a lo largo de décadas.
Su historial data de 1973, cuando el presidente Richard Nixon creó una agencia que, desde entonces, encabeza una guerra contra las drogas que fracasó por completo, ya que se proponía terminar con la producción, venta y consumo de la marihuana, la cocaína, la heroína y las sustancias fabricadas en laboratorios.
Cinco décadas después, en todo el mundo hay más drogas, más potentes, más consumo, producción récord, más organizaciones criminales, más violencia y más víctimas.
En su año fundacional, la DEA instaló su oficina regional en Argentina. Poco tiempo después, en 1976, se convirtió en cómplice de la última dictadura militar que se impuso a partir del golpe de Estado contra la presidenta Isabel Martínez de Perón.
«Colaboró con los secuestros encubiertos bajo el eufemismo de ‘extradición de facto’«, señala el periodista al referirse al mecanismo que, con la ayuda de los represores, implementó la agencia para llevarse a presuntos narcotraficantes sin ningún marco legal.
Pero su primera época de esplendor la tendría a partir de 1989, con el inicio del Gobierno de Carlos Menem.
Consolidación
Durante la década menemista, en la que Argentina adhirió por completo al neoliberalismo, la red de cooptación de la DEA se institucionalizó con la creación de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), una dependencia que quedó prácticamente bajo su control ya que obedecía a las estrategias de la guerra contra las drogas.
Según Maradeo, en estos años la DEA «introdujo su aguja hasta el fondo de las instituciones del sistema político argentino», mientras «los más críticos miraban cómo movía los hilos de las fuerzas de seguridad cual titiriteros».
El panorama cambió discursivamente durante la presidencia de Néstor Kirchner, quien, a pesar de lanzar permanentes diatribas contra EE.UU. y sus políticas imperialistas, en el fondo no modificó las políticas de drogas. Su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se convirtió en un asiduo visitante de la embajada estadounidense.
Para entonces, la DEA ya tenía un sólido entramado intervencionista en las provincias que le garantizaban la continuidad de su trabajo, nunca transparente, así que los designios del Gobierno nacional no le afectaban de manera sustancial.
De acuerdo con la visión que reportaba a Washington, Argentina en ese momento ya había dejado de ser solamente un país de tránsito de drogas para convertirse en productor, y sin radarización en las fronteras para perseguir los vuelos narco.
«[Era un país] en el que soplones, policías, espías, expolicías y otras yerbas hacían de todo por el premio en dólares de la agencia, con jueces y fiscales que se sometían con tal de ser invitados de gira a EE.UU. con todo pago, en donde las fuerzas federales y provinciales de seguridad eran financiadas y dirigidas por la agencia», resume el periodista.
Macrismo
Para los últimos años del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la relación con la DEA ya estaba quebrantada, sobre todo por el escándalo de un avión oficial estadounidense que aterrizó en Buenos Aires con equipamiento no declarado. El canciller Héctor Timerman encabezó el decomiso. Las protestas de Barack Obama de nada valieron.
La DEA logró instalar la idea de que en la Triple Frontera hay células terroristas árabes que se financian con el tráfico de drogas. Aunque nunca presentó pruebas, sirve de pretexto para diseñar políticas intervencionistas en materia de seguridad.
«La DEA estaba en su nivel histórico más bajo en cuanto a la articulación con las cuatro fuerzas federales de seguridad», explica el autor, quien precisa que la agencia se quejaba en sus reportes formales del estado de la relación con el Gobierno, aunque, en realidad, por primera vez estaba cumpliendo con lo que establecían los acuerdos bilaterales y que limitaban sus operaciones a colaborar en la entrega de información y a la capacitación.
A pesar de que la ley lo prohíbe, continuó con tareas de espionaje y operativos ilegales en los que agentes o informantes se infiltran para participar en traslados y entregas de cargamentos de drogas.
El escenario se transformó de manera radical en 2015, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy precandidata presidencial, era y sigue siendo una política incondicional de EE.UU., lo que permitió que la agencia volviera a tener una «época dorada».
En los cuatro años de ese gobierno, señala Maradeo, «la DEA hizo lo que se le antojaba sin interesarle otra cosa que garantizarle a la ministra Patricia Bullrich la foto, los viajes, los congresos internacionales y otras migas».
Ya desde tiempo antes, la agencia había logrado instalar la idea de que en la Triple Frontera que comparten Argentina, Brasil y Paraguay hay células terroristas árabes que se financian con el tráfico de drogas. Aunque nunca presentó pruebas, la premisa persiste y es pretexto para diseñar políticas intervencionistas en materia de seguridad.
En el libro, Julio César Pose, el primer y hasta ahora único informante de la DEA que ha sido condenado por la Justicia, le confirma al autor que a la agencia solo le importa obtener información y dinero.
«No les interesa cuánta droga se incauta. Lo que buscan son las ramificaciones de las personas que se detienen en Colombia, Europa y Estados Unidos. Lo que no entienden los argentinos es que la DEA va por la plata de los traficantes porque se financia con eso», revela un hombre que trabajó de cerca con la agencia.
