Competencia de Narcotráfico
ENRICO: "En Rufino venden droga a los alumnos a la salida del Colegio y para allanar el kiosco del vendedor hay que esperar al Juez Federal de Rosario que está a 250 kilómetros de..."
ENRICO: "En Rufino venden droga a los alumnos a la salida del Colegio y para allanar el kiosco del vendedor hay que esperar al Juez Federal de Rosario que está a 250 kilómetros de…"
¿Qué jueces deben atender las causas de narcotráfico? El tema vuelve a instalarse luego de que el Senado santafesino le otorgó media sanción a una ley que le dará a la justicia provincial la competencia para investigar casos de narcotráfico de pequeñas cantidades adhiriendo a una ley nacional que así lo permite.
Dr. LISANDRO RUDY ENRICO Senador Provincial de Santa Fe
Con esta medida legislativa y algunas opiniones que van virando de posición, se fortalece la postura de que la gran cantidad de juzgados provinciales que están impedidos de atender las causas de narcotráfico empiecen a asumir un rol activo para evitar el inocultable marco de impunidad del que goza la venta de drogas en Santa Fe.
Poniéndole números concretos. En la provincia, con más de 3 millones de habitantes repartidos en 360 localidades, hay solo 4 juzgados federales para hacerse cargo de investigar una extendida red de narcocriminalidad que va desde "cocinas" donde se producen sustancias, hasta cadetes que se dedican al delivery de droga. Parece increíble. Mientras tanto estamos sumando mes a mes decenas de fiscales y defensores que serán parte del nuevo sistema de justicia penal santafesina que cuenta con 60 juzgados penales, pero que no investigan temas de narcotráfico, porque es una materia federal.
La cuestión es: ¿Por qué no sincerar la realidad y asumir que el narcotráfico está tan extendido como para que solo 4 juzgados nacionales sean los competentes y no le demos lugar a la justicia provincial que son una red de decenas de jueces y fiscales en toda la provincia para que se empiece a investigar y juzgar a las personas que viven de la venta de droga?
Un sistema que no va más
El 9 de septiembre de 1989 se aprobó la ley nacional 23737 de estupefacientes (hoy vigente) que tipifica los delitos que van desde la producción y venta, hasta el consumo. Nuestros antecedentes son la Convención Única sobre Estupefacientes, firmada en New York en 1961, (aprobada por ley 16478) y la Convención Única sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 firmada en Viena e incorporada a nuestro sistema por la ley 21704.
En esa época no era tan difundida la narcocriminalidad y se pensó que el narcotráfico era un delito que afectaba la salud pública de la Nación y que esa cuestión sanitaria era de interés nacional. Asimismo, al ser en su momento el país una zona de paso de droga y no de tanta producción, se vinculaba a la trasnacionalidad del tráfico de estupefacientes relacionada a las fronteras por lo que las causas judiciales de narcotráfico debían ser competencia de los jueces federales y no de las justicias provinciales.
Ya en esa época hubo voces que se alzaron en contra de que un delito que venía creciendo no sea investigado por todos los jueces provinciales que eran y son muchos más que los federales.
El narcotráfico siguió creciendo y lo que parecía ser una cuestión puntual de algunos círculos y de las grandes ciudades se expandió a todo el país y hoy es un flagelo que ataca a los adolescentes y jóvenes en todos los rincones de la República. Por ello en el 2005 se aprobó la ley nacional 26052 que le da a las provincias que así lo dispongan por una ley provincial, la potestad de investigar causas de drogas siempre que sean de pequeñas cantidades, permaneciendo el grueso de la narcocriminalidad en manos de la justicia federal.
Es por ello que ya no es razonable seguir sosteniendo este sistema que lleva un cuarto de siglo y que demostró y sigue demostrando su cotidiano fracaso: Los contados juzgados federales no pueden con toda la narcocriminalidad en Argentina, porque ésta creció tanto que la justicia federal no puede con sus pocos juzgados evitar lo que todos los ciudadanos vemos en nuestras ciudades, como lo es la impunidad.
¿Por qué el narcotráfico debe seguir siendo una cuestión federal? El narcotráfico es un sinnúmero de delitos que deben centrarse no en criminalizar al consumidor sino en las cadenas de fabricación, refinamiento, transporte, distribución, venta y reventa de droga que se da en todas las provincias y que deben ser investigados y juzgados con la mayor eficiencia y proximidad posible por una justicia que tenga más fiscales, jueces y juzgados que la Justicia federal.
En la ciudad de Rufino venden droga a la salida del Colegio Nacional 50 y para allanar el kiosco de quien vende droga a los alumnos hay que esperar que el Juez Federal de Rosario que está a 250 kilómetros de allí ordene algo. Mientras tanto a 4 cuadras de la vereda donde les venden la droga hay un fiscal y un juez provincial que no pueden actuar porque es competencia federal
Quizá sea esta la hora de rediscutir el paradigma de la ley 23337 de 1989 e incorporar a las justicias provinciales (en argentina hay cerca de 950 juzgados penales provinciales) sumándolos en el juzgamiento de un complejo delictual que por su ramificación amerita mayor persecución penal. Invertir el principio y que todos los fiscales penales del país sean los encargados de investigar el narcotráfico y todos los juzgados penales los encargados de juzgarlos.
La justicia federal no debe desentenderse del problema y debe ser la encargada de juzgar las causas en las que el narcotráfico se realice a escala internacional o comprometa intereses directos de los organismos nacionales como la Aduana.
Estos cambios son necesarios para minimizar la impunidad. Si más jueces se ocupan más se dificulta la venta de drogas. Pero además de la persecución penal no hay que olvidar la otra parte del problema: que el crecimiento del narcotráfico incrementó los casos de jóvenes adictos que no encuentran en el Estado nacional ni en las provincias lugares y profesionales suficientes para ayudarlos a desprenderse de ese flagelo que es la droga.
Dr. LISANDRO RUDY ENRICO
Senador Provincial
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
Cámara de Senadores
Legislatura de la provincia de Santa Fe
