El conflicto por el medio ambiente sacude a muchas provincias, pero recibe una sola respuesta del Gobierno : la represión
El conflicto por el medio ambiente sacude a muchas provincias, pero recibe una sola respuesta del Gobierno: la represión.
Es necesario discutir un modo de consumo, de despilfarro y de extracción indiscriminada, que vulnera nuestros recursos.
por Hermes Binner
Cientos de ciudadanos y ciudadanas salen a las calles de Famatina: reclaman que se ponga fin al proyecto de explotación minera a cielo abierto que el Gobierno provincial ha suscripto con una empresa canadiense. Reciben la solidaridad de los habitantes del país, que se movilizan en sus ciudades y pueblos. Un mes más tarde, la imagen se repite sobre la ruta 60 en Tinogasta, Belén y Andalgalá en respuesta a las actividades de minería contaminante .
Son reprimidos por fuerzas de seguridaddejando una sensación de impotencia y bronca ante la acción de un gobierno democrático. Hombres y mujeres de todo el país demuestran su solidaridad con la lucha por una Nación sustentable y progresista.
Un solo conflicto: el deterioro del medio ambiente. Una sola respuesta de las autoridades: la represión.
Los sucesos acaecidos en estos últimos tiempos no responden a hechos aislados. Lo que se pone de relieve es la existencia de un modelo consumista que atenta contra el medio natural, la vida humana y el futuro . Estamos asistiendo a un proceso de lucha desigual entre los que defienden el medio ambiente y los que les interesa exclusivamente el lucro.
Las asambleas ambientales hablan de problemas comunes: el agua, bien indispensable para la vida, es utilizada para la extracción de oro en megaminería a cielo abierto; y la tierra, afectada por el uso indebido de agroquímicos. En Santa Fe tiene media sanción una ley para su regulación, pero aún no logra tratamiento en el Senado.
No son problemas nuevos. Son problemas irresueltos.
Es necesario poner en discusión un modo de consumo que se muestra voraz e indiscriminado y que exige cada vez más al ambiente. Es elmodelo del úselo y tírelo , el modelo del despilfarro y el de la extracción indiscriminada el que está en crisis.
La reglamentación de los estudios de impacto ambiental es una premisa cardinal para generar políticas de Estado.
Deben ser estudios con disposiciones técnicas que den participación y escuchen a las poblaciones afectadas. Se trata de generar un nuevo proyecto de sustentabilidad ambiental que garantice el uso responsable de los recursos naturales; de promover una gestión de los residuos eficaz, transparente y participativa; de alentar y fomentar la utilización de energías renovables y la racionalización del consumo energético; y de estimular el desarrollo de los espacios verdes y el respeto por la biodiversidad.
Nuestra lucha consecuente por la defensa de un ambiente sustentable no se fundamenta en una oposición al progreso económico . Por el contrario, se enmarca en la reflexión de la categoría de progreso desde la mirada de lo social, lo medioambiental y, fundamentalmente, lo humano. Entendemos que es la única forma posible de garantizar crecimiento en un medio que respete la vida. Es por ello que la agenda ambiental es una agenda ética , que merece la atención de todos los sectores pero, sobre todo, la del Ejecutivo garantizando políticas de Estado.
La instalación de emprendimientos de diversa índole por parte de sectores productivos nacionales e internacionales debe estar seriamente reglamentada y enmarcada en criterios ambientales definidos por las autoridades de la Nación. Son dos los criterios que deben imperar: el de equidad intergeneracional y el de reversión de la carga probatoria.
En el primero caso, porque tenemos la imposición ética de entregarles a nuestros hijos y a las generaciones venideras un país y un mundo sustentable; y en el segundo, porque no son los ciudadanos los encargados de demostrar la posible contaminación de una empresa, sino que es esta última la que debe exponer que sus procesos no revisten peligro ambiental, con supervisión del Estado. Dos conceptos rectores para un medio sustentable que el ex juez Héctor Tizón desarrolló en un ejemplificador fallo del Tribunal Superior del Justicia de Jujuy, poco tiempo antes de dejar su cargo.
Creemos que es necesario asumir el debate con seriedad y responsabilidad porque un proyecto de sustentabilidad ambiental para el país es un proyecto de vida para las argentinas y argentinos de hoy y del mañana. A ello debemos, a través del consenso y el diálogo, abocarnos los ciudadanos y los dirigentes políticos. Porque ya no podemos pensar a medias el medio ambiente.