El sindicato estatal ATE y la CTA Autónoma solicitaron este martes «la revocación» del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que ordenó el canje de bonos en dólares por nuevos títulos en pesos para los organismos públicos del Estado nacional, y aseguró que esa normativa «vulnera expresos derechos constitucionales vinculados al carácter integral de los beneficios de la seguridad social».
A través de un comunicado, el gremialista Hugo Godoy señaló que tanto ATE como el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados rechazan el canje porque, dijo, con esa medida «se apropia y vacía el Fondo de Garantía y Sustentabilidad» (FGS) de la Anses ya que se utilizarían esos recursos para «otros fines distintos a los asignados por el decreto 897/07 (que creó el FGS)».
«El Fondo de Garantía y Sustentabilidad está integrado por los aportes de los trabajadores activos durante la vigencia del sistema de capitalización y fueron transferidos a la Anses en 2008 al estatizarse el sistema privado de AFJP. Esos fondos anti-crisis son propiedad de los trabajadores del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para garantizar la sustentabilidad previsional», agregó.
Para el gremio y la central obrera, «esos fondos anti-crisis son afectados para afrontar la crisis financiera provocada por los mercados y ajena totalmente a los trabajadores».
Godoy, que es secretario general de ATE y la CTA Autónoma, consideró además que la medida es «inconsulta e ilegal» y «compromete el FGS» porque además afecta «la inviolabilidad de la propiedad, la movilidad de jubilaciones y pensiones y la tutela preferencial de mayores».
En tanto, la CTA Autónoma sostuvo en otra declaración que «el desprendimiento por parte de los organismos oficiales de sus tenencias en bonos en dólares tendrá un impacto fuertemente negativo».
«Las medidas anunciadas obligarían a los organismos públicos a canjear sus tenencias en bonos globales por otros en pesos ajustados por CER o dólar linked», evaluó la central, y advirtió que eso permitirá «cambiar deuda intra-Estado por deuda con acreedores privados», operación que consideró perjudicial.
CONCLUSION · Gremiales
