PRESSENZA · Ecología y Medio Ambiente
México, El Salvador y Ecuador, principales receptores de residuos que mayormente no sirven para reciclaje. Vacíos en regulaciones internacionales también propician envío de chatarra electrónica peligrosa.
Por Aleida Rueda*
Cada año, millones de toneladas de desechos plásticos salen de Estados Unidos, vía mar o tierra, rumbo a países de América Latina para que, en teoría, sean reciclados.
Pero un grupo de organizaciones de la sociedad civil en distintos de la región denuncian que el reciclaje es solo un pretexto que usa el país norteamericano para destruir los residuos que no son aptos para reciclar, y enviarlos a países en desarrollo aprovechando su falta de regulación y control aduanero.
Aunque el fenómeno ha existido desde hace años, en 2018 hubo un cambio radical en el tablero geopolítico de desechos que agudizó el comercio de residuos plásticos de países desarrollados a los no desarrollados.
En enero de ese año, China, que recibió el 45 por ciento de los desechos plásticos del mundo, impuso restricciones a la importación de 24 tipos de residuos sólidos, incluidos los plásticos.
El flujo transfronterizo de los desechos plasticos por parte de Estados Unidos y Europa, principalmente, tuvo entonces que cambiar de ruta en busca de nuevos territorios. En ese reacomodo, países del sudeste asiático, como India, Indonesia, Vietnam y Malasia, se volvieron los nuevos destinos de las millas de toneladas que antes importaba China.
Pero no fueron los únicos. Diversas organizaciones civiles de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA, por sus siglas en inglés) han documentado en los últimos tres años que la decisión de China también está surgiendo a América Latina, especialmente a México, El Salvador y Ecuador, que se han convertido –en menos de cuatro años– en los recipientes emergentes de la basura plástica de EE. UU.
“Muchos residuos terminan en destinos imposibles de rastrear, incinerados, enterrados o reciclados en condiciones que nunca se aprobarían en los países exportadores”.
“Es el colonialismo de la basura”, asegura GAIA en su informe más reciente, publicado el 15 de septiembre de 2022. “Mientras grandes potencias mundiales se jactan de sus cifras de reciclaje (…), gran parte de ese paraíso sustentable se alimenta gracias al envío a otros países de cientos de contenedores repletos de residuos plásticos”.
El informe de GAIA dice que, en el mejor de los casos, estos residuos se reciclan, pero en muchas otras ocasiones “terminan en destinos imposibles de rastrear, incinerados, enterrados o reciclados en condiciones que nunca se aprobarían en los países exportadores”, y propiciando problemas para la salud de las comunidades recolectoras.
Este falso reciclaje es posible porque en los países de América Latina hay condiciones que lo permiten: generalmente se tienen débiles sobre la importación de residuos, falta control en aduanas, no hay suficiente infraestructura para reciclar; además de que hay vínculos opacos entre gobiernos y empresas recicladoras, y una ausencia de datos sobre importaciones y exportaciones de residuos.
Todos los factores han vuelto a la región un terreno irónicamente fértil para recibir la basura de otros, disfrazada de “residuos reciclables”, sin prácticamente ninguna restricción.
Los datos del Import/Export Census Bureau de los Estados Unidos muestran que en 2020 y 2021 Estados Unidos exportó 200 mil toneladas de residuos plásticos a América Latina. El informe de GAIA reporta que la mayoría de ellos llegaron a tres países: México recibió 147.897 toneladas; El Salvador, 20.975; y Ecuador, 12.791 toneladas.
Esos residuos incluyen etilenos, estirenos, PVC, botellas de politereftalato de etileno, mejores conocidos como PET, y “otros plásticos o mezclados”, pero no hay información exacta de la composición de las importaciones, ni sobre cuántos de esos plásticos fueron reciclados y cuántos terminaron acumulados, enterrados o incinerados.
El problema ha alertado, incluso, a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). En un informe de agosto de 2020, la organización detectaron que el traslado de residuos plásticos estaba empezando patrones criminales: se declaran falsamente como “destinados a la recuperación”, o como “no peligroso”, cuando en realidad están contaminados o mezclados con otros flujos de residuos.
En ese informe, la Interpol detectó que el sector de los residuos “sufre una serie de actividades ilegales, perpetradas de forma más o menos organizada con el fin de obtener beneficios impidiendo los costos del tratamiento adecuado de los residuos o creando oportunidades de negocios ilegales y rentables”.
Diversas situaciones están permitiendo una nueva colonización en América Latina a través de los residuos plásticos. Y una de ellas son los huecos en las regulaciones internacionales.
“Reciclaje”, ruta para evadir el Convenio de Basilea
Hace exactamente 30 años, en 1992, entró en vigor el Convenio de Basilea, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que buscaba que todos los países firmantes limitaran el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos para así proteger el ambiente y la salud humana.
El Convenio fue una respuesta a un fenómeno que estaba sucediendo en los años 80: varios barcos, provenientes de países desarrollados, vertieron desechos tóxicos en países en vías de desarrollo como Nigeria, Filipinas y Haití, a cambio de atractivos pagos.
Muchos años después, en 2019, tuvo efecto la Enmienda de Prohibición, que justamente prohibió que los países desarrollados exportaran residuos peligrosos a países en desarrollo.
Fue hasta enero de 2021 que entró en vigor la Enmienda de Residuos Plásticos, la cual establece que antes de que los exportadores envíen “desechos plásticos contaminados, mezclados o no destinados al reciclaje ambientalmente racional”, deben obtener el consentimiento de los países receptores, y estos tienen el derecho de rechazarlos.
Ahí está la clave de lo que sucede ahora. Como existe la posibilidad de que los países receptores se nieguen a recibirlos, algunas empresas exportadoras e importadoras han encontrado una ruta para evadir la norma: por un lado, declaran los residuos como destinados al reciclaje y, por otro, esquivan los controles (si es que los hay) para verificar que sean aptos para ello.
Es una fórmula infalible: los países exportadores se deshacen así de los residuos que son difíciles y costosos de reciclar, y las empresas importadoras de los países de destino reciben el pago por este reciclaje sin tener que demostrar que realmente lo hacen. Todo a la vista de gobiernos que no tienen el control o el interés de evaluar qué se transporta ni a dónde.
De acuerdo con el informe de GAIA de 2020, “las empresas de los países de ingresos altos han estado exportando al extranjero productos mixtos, muy contaminados, y residuos plásticos a menudo no reciclables para evitar los costos de rediseñar, desarrollar leyes de Responsabilidad Extendida del Productor o infraestructura de reciclaje, entre otros”.
Esto también es resultado de que el reciclaje en Estados Unidos es cada vez más caro. El informe de la Interpol destaca que “las instalaciones de reciclaje estadounidenses han determinado significativamente sus tarifas de procesamiento” debido a “los mayores niveles de impurezas en los residuos de plástico tratados en el país”.
Un ejemplo es una de las principales plantas de reciclaje, ubicadas en Alabama, que, según la Interpol, ha duplicado sus tarifas de procesamiento, pasando de US$ 30 a 65 por tonelada desde octubre de 2019. De manera que resulta más barato y fácil enviarlo a otros lugares, como México.
Pero los residuos plásticos no son los únicos que se importan por fuera de las regulaciones internacionales. El Convenio de Basilea, específicamente las Directrices sobre el Movimiento Transfronterizo de Residuos Electrónicos, tiene otros huecos que están resultando en la exportación de residuos electrónicos muy peligrosos con multas de “reparación”.
En el punto 12, esas Directrices coinciden en que muchos equipos eléctricos y electrónicos usados se exportan a países en desarrollo “supuestamente para su reutilización”, pero un elevado porcentaje de ellos “no son adecuados para su uso posterior o no son comercializables, por lo que deben eliminarse como desechos en los países receptores”.
Los delegados de la organización Basel Action Network advirtieron en un comunicado publicado hace unos días que “mientras un exportador afirma que sus contenedores de chatarra electrónica están destinados a la reparación, todas las autoridades pueden mirar hacia otro lado, ya que Basilea no es aplicable”.
Destacan, además, que este “hueco” en la ley debe repararse y discutirse en la 11ª reunión de las Partes del Convenio de Basilea, que ocurrirá en Ginebra, Suiza, en mayo de 2023, pues “el estatus quo ya es inaceptable”, dicen.
México: el vertedero de su vecino del norte
No hay otro país en la región que haya recibido en los últimos años tantas toneladas de residuos plásticos de Estado Unidos como México.
Según los datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de Comercio Exterior (SIAVI) de México, las 58.243 toneladas de residuos plásticos que el país recibió en 2017 pasaron a 130.316 toneladas en 2021.
Pero más que las cantidades, importa la forma en la que entra al país. El informe de 2022 de GAIA dice que “es posible que muchos residuos plásticos estén entrando desde Estados Unidos por la frontera terrestre, con pocos o nulos controles aduaneros”.
La abogada y defensora de los derechos humanos, Darinka Carballo, coincide en esa posibilidad porque ha visto decenas de camiones anónimos que permanentemente descargan residuos en asentamientos ubicados a unos pocos kilómetros de Tijuana, Baja California, al norte de México y colindante con California, que es , por mucho, la entidad de Estados Unidos que más residuos plásticos exporta a México.
Uno de esos asentamientos es El Pueblito. “Es un asentamiento poblacional irregular que no tiene ningún servicio público, a unos 500 metros de donde los camiones de basura, tanto del Ayuntamiento de Tijuana como vehículos sin identificación, van y depositan”, informa Carballo.
Ella calcula que puede haber 400 personas viviendo en El Pueblito “en condiciones paupérrimas, sin higiene, sin servicios de salud”.
En todo ese espacio, “se observan fogatas, y personas en cuclillas, absolutamente tiznadas, ruptura separación del plástico y del cobre (…) queman el plástico y se quedan con el cobre, que es de lo más caro que pueden vender”, dice la abogada.
No se tienen datos de las condiciones de salud de los habitantes de El Pueblito, pero Carballo afirma que muchas de estas familias inhalan permanentemente el humo producido en las incineraciones, por lo que podrían estar respirando dioxinas y otros compuestos relacionados.
Una revisión sobre la incineración de plásticos, publicada en 2019 por investigadores de la Universidad Federal de Tecnología, en Nigeria, advierte que “los humos de los residuos de plástico liberan aditivos halogenados y cloruro de polivinilo, mientras que los furanos, las dioxinas y los bifenilos policlorados (PCB) son liberados por la incineración de plásticos en el medio ambiente”.
Estar en contacto con ellos puede generar irritación en los ojos o el tracto respiratorio, pero también afectaciones más graves como efectos carcinógenos o daños en huesos, hígado, o en los sistemas nervioso, digestivo o respiratorio. Sin servicios de salud ni monitoreos médicos, es imposible saber si la gente de El Pueblito tiene alguno de esos padecimientos.
En todo caso, tampoco serán los únicos afectados. El mismo artículo dice que, “en el proceso de incineración de plásticos, se produce hollín, cenizas y diferentes polvos, que acaban depositándose en las plantas y el suelo, con el potencial de migrar al medio acuático”.
Por ejemplos como el de El Pueblito es que integrantes de la sociedad civil están exigiendo al gobierno mexicano que detenga la importación ilegal de residuos plásticos y electrónicos desde Estados Unidos, pero éste ha optado por impulsarla argumentado que será una oportunidad económica para el país.
Integrantes de las asociaciones civiles Acción Ecológica, Asociación Ecológica Santo Tomás y Fronteras Comunes hicieron 65 solicitudes de información a nivel federal sobre la entrada de desechos plásticos al país por diversos puertos, de las cuales solo cuatro tuvieron respuestas parciales.
De acuerdo con el informe de estas asociaciones, citado en el informe 2022 de GAIA, ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuentan con información relacionada con este movimiento de residuos plásticos, por lo que no hay certeza de su peligrosidad, ni del destino final de las importaciones de desechos plasticos una vez que entre al pais.
“¿A dónde van estos plásticos que se están importando? ¿Se están yendo a cementeras, a rellenos sanitarios, a tiraderos clandestinos? No sabemos. Hemos preguntado a gobiernos municipales y gobiernos estatales. Nadie sabe quién está reciclando residuos plásticos importados aquí en México”, dice a SciDev.Net José Manuel Arias, integrante de la Asociación Ecológica Santo Tomás AC y uno de los autores del informe del caso México.
Arias está convencida de que “es necesario desmontar esa política pública que promueve a México como el vertedero de nuestro vecino del norte. Solo el poder ciudadano puede lograrlo y estamos trabajando en ello”.
Ecuador: los opacos vínculos entre empresas y gobierno
En junio de 2019, el gobierno ecuatoriano emitió un comunicado de prensa en el que aseguró: “Ecuador no es, ni será receptor de basura de ningún país del mundo”. Era su respuesta a una denuncia periodística sobre los flujos globales de residuos plásticos que se incluyeron al país como el único latinoamericano en la lista de los 13 mayores receptores de estos residuos por parte de Estados Unidos.
Pero los datos más recientes, publicados en febrero de 2022 por la Alianza Basura Cero de Ecuador, en coordinación con GAIA, muestran lo contrario: entre 2018 y enero de 2022, Ecuador importó 48.473 toneladas de desechos plásticos que entraron al país en transporte marítimo; de ellas, 27.338 toneladas (57 por ciento) provinieron de Estados Unidos, convirtiéndose así en el tercer país de América Latina que más desechos importó de dicho país.
Las investigadoras a cargo de ese estudio: María Fernanda Solíz Torres, de la Universidad Simón Bolívar, en Quito, y la periodista de investigación, Susana Morán Gómez, integrantes de la Alianza Basura Cero de Ecuador, reportan en su informe que el 75 por ciento de los desechos plásticos que entraron al país por la partida arancelaria 3915 lo hicieron bajo la denominación “desperdicios plásticos”, clasificación ambigua que impide conocer con mayor detalle el tipo de deseo que ingresa al Ecuador.
“El gobierno ha negado constantemente que Ecuador importe desechos plásticos. En realidad, lo que dice es que el Estado no importa, sino que lo hacen empresas ecuatorianas recicladas en su gran mayoría”, expresa Morán Gómez a SciDev.Net .
Esa es la esencia del problema, porque las empresas recicladoras “consideran que están haciendo un trabajo a favor del ambiente al recuperar desechos o incluso importarlos para sus procesos productivos, y en eso coinciden con el Estado. Entonces el gobierno los ampara muchísimo”, explica Morán.
En su libro La partida 3915. Importación de desechos plásticos en Ecuador, publicado en 2021, Fernanda Solíz expone que en 2020 el gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, puso “candado a los datos relacionados con las empresas que exportan desechos”, usando el pretexto de que se trató de información personal que debió solicitarse a cada empresa.
Asi que Soliz lo hizo. Junto con Susana Morán, contactaron a las 13 empresas recicladoras más importantes del país en busca de información sobre el tipo y volumen de sus importaciones de plásticos. La mayoría de la información de las compañías se negó a dar.
Las pocas que hicieron confirmaron varias inconsistencias sobre la importación de plásticos. Un ejemplo son las tuberías para riego que se usan en la industria agrícola de Estados Unidos, y que trae la principal importadora de plásticos del país.
“Los directivos reconocieron que este tipo de desechos agrícolas vienen muy sucios al Ecuador. Por ejemplo, si ellos importan 10 kilos, 5 kilos son de tierra, porque las tuberías de riego están en la tierra y los agricultores norteamericanos no se dan el trabajo de lavar las tuberías para mandarlas a países subdesarrollados como Ecuador. Entonces acá, los empresarios traen estas tuberías plásticas sucias y las lavan con nuestros propios recursos naturales”, subraya Morán.
“Para los empresarios es mucho más sencillo importar que promover prácticas de reciclaje o de fortalecimiento de los recicladores de base”.
En una respuesta por escrito a SciDev.Net, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador afirma que, con base en la Ley de Plásticos de un solo uso, la importación de residuos plásticos está prohibida. Sin embargo, existe una “dispensa temporal”, cuyo mecanismo de ejecución fue publicado el 3 de octubre de 2022.
Esta dispensa permite importar residuos plásticos siempre que se cumplan tres requisitos: “1. Cuando el fin solamente sea el aprovechamiento; 2. Cuando exista la capacidad técnica y tecnológica para el aprovechamiento y con ello se garantice la adecuada gestión ambiental, y 3. Hasta satisfacer la demanda nacional, priorizando que se haya agotado la disponibilidad efectiva de los residuos plásticos generados en el país”.
De acuerdo con la investigación de la Alianza Basura Cero de Ecuador, estos requisitos no se han venido cumpliendo pues estas empresas aseguran que importan plásticos para sus propios procesos productivos cuando, según varias entidades ecuatorianas, más del 90 por ciento de los residuos se entierran.
La ironía parece obvia: las empresas importan plásticos para reciclar cuando en el país hay un exceso de plásticos que no se reciclan.
“Para los empresarios es mucho más sencillo importar que promover prácticas de reciclaje o de fortalecimiento de los recicladores de base que existen en la ciudad”, dice Morán.
Los vínculos entre gobierno y empresas también impactan en las revisiones en aduana. Las investigadoresas destacan que en 2021 el gobierno ecuatoriano hizo algunas inspecciones, pero sin mucho éxito porque, por un lado, las hicieron en traslados por tierra, cuando el 94 por ciento de las importaciones de residuos plásticos suceden por mar. Y, por otro lado, fueron esfuerzos aislados que se suspendieron debido a la presión de las empresas.
“A la fecha no existe ningún informe, al menos público, de que se han hecho esas inspecciones y de que, efectivamente, se haya verificado que todo lo que importaron fue usado en sus cadenas de producción por las empresas”, señala Morán.
Argentina y Chile: diferentes residuos, patrones similares
A pesar de que México y Ecuador, además de El Salvador, del que todavía no se tienen muchos datos, han sido los recipientes emergentes de los residuos plásticos de Estados Unidos, eso no significa que no haya señales similares en otros países.
En Argentina, por ejemplo, la Alianza Basura Cero obtuvo datos de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos (DNSyPQ) que muestran un aumento considerable de las importaciones de residuos de PET (el único tipo de residuo plástico que informan): en 2011- 2015 se importaron 200 toneladas de residuos de PET, mientras que en 2016-2020 fueron 1.864 toneladas.
La mayoría proviene de Estados Unidos y Brasil, y son importadas por empresas de empaques como Tetra Pak, Petropack, Dupont y Dak Americas.
No hay datos sobre aumentos en las importaciones de otros residuos plásticos, pero Cecilia Bianco, ingeniera y coordinadora del área de Tóxicos en la organización Taller Ecologista, en Argentina, plantea que el patrón es el mismo que Ecuador: el país importa residuos que abundan en el país.
“Es injusto importar residuos de papel, cartón, plásticos, cuando los hay en abundancia. Sólo que hay que gestionarlos debidamente. Los residuos sólidos urbanos son propiedad de los municipios y comunas, pero se reciclan sólo el 10 por ciento”, dice a SciDev.Net .
“Y esta es una realidad en todo Latinoamérica: la ausencia de gestión es la que habilita la importación”, indica Bianco. Las importaciones seguirán “si no hay una legislación clara que prohíba el ingreso de residuos” y sin que “exista una aduana que lo controle”.
Por su parte, en Chile ocurre algo paradójico: Las organizaciones chilenas que abogan por una mejor gestión de los residuos están más preocupadas por las exportaciones que las importaciones de residuos plásticos.
El informe más reciente de la Alianza Basura Cero en Chile, publicado en junio de 2022, advierte que de 2015-2017 a 2018-2020 las exportaciones de estos materiales disminuyeron en 5 mil toneladas.
Esto, dice el documento, “abre dudas preocupantes sobre el destino final de estos residuos”, porque si esos residuos no salieron del país y tampoco fueron reciclados dado que la tasa de reciclaje no aumentó, “¿Dónde terminaron? ¿Rellenos sanitarios, vertederos, ríos, lagos, playas, se incineraron?”.
“Nuestra hipótesis es que se están disponiendo en vertederos”, comenta a SciDev.Net Matías Roa, ingeniero de transportes y analista de datos de la Alianza en Chile. “Por ahora no tenemos más que los datos, pero el siguiente paso de la investigación es averiguar dónde están esos residuos”.
Aunque no da cifras, el informe de la Interpol del 2020 revela que Chile es uno de los países en los que la disposición ilegal de residuos en vertederos, así como su incineración, aumentó desde 2018.
Roa dice que si bien la importación de residuos plásticos desde Estados Unidos hacia Chile es mínima por ahora, está detonando cambios en su gestión. “Se vuelve un terreno fértil para la inversión privada para implementar nuevos sistemas de gestión de residuos, como por ejemplo la incineración o la ‘valorización de residuos’”.
Incluso, dice Roa, en Chile han alcanzado los permisos para que las empresas cementeras puedan disponer de los residuos, lo que está propiciando nuevas discusiones sobre cómo las sustancias contaminantes producto de la incineración pueden afectar la salud de las comunidades y los ecosistemas que están cerca de las incineradoras.
“Son lógicas comerciales sin sentido, en las que países del norte venden una imagen y un camino hacia el futuro, mientras, por detrás, en su patio trasero, tienen todo desordenado, sucio, contaminado”.
La solución
Aunque las organizaciones de la sociedad civil están haciendo esfuerzos importantes para visibilizar la importación de residuos plásticos de Estados Unidos a América Latina, su trabajo no ha impactado en las políticas públicas y en obligar a los gobiernos a respetar la Enmienda de Desechos Plásticos del Convenio de Basilea.
“Me llama la atención el desconocimiento de las autoridades de este comercio transfronterizo, cuando ellos podrían estar a la vanguardia de estos fenómenos internacionales”, reconoce Susana Morán.
“La lógica colonialista es lo que define bastante bien lo que estamos viviendo los países latinoamericanos”, apunta el chileno Matías Roa.
“Son lógicas comerciales sin sentido, en las que países del norte venden una imagen y un camino hacia el futuro, mientras, por detrás, en su patio trasero tienen todo desordenado, sucio, contaminado. Y, tristemente, nosotros somos parte de ese patio trasero sucio”, añade.
Para él, como para muchas de las personas que están monitoreando estos traslados de residuos plásticos en los últimos tres años, la solución está en el nivel sociopolítico. “Lo mejor que podemos hacer es exponer estos temas, educar al respecto y lograr incidencia a nivel político”, dice Roa.
Susana Morán pone el foco en la esencia del problema o, mejor dicho, en su solución: el mundo sigue pensando a dónde llevar los plásticos, en lugar de pensar cómo dejar de consumirlos.
Para ella, “fue un descubrimiento saber que existe un movimiento, un comercio internacional de desechos plásticos, cuando lo que lo que deberíamos propender, como sociedades en general, es disminuir el consumo de este tipo de productos”. Y, sobre todo, “exigir que las empresas que los producen sean responsables con su entorno”.
Nota:
Para este reportaje se solicitaron entrevistas con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de México, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta a dicha solicitud. También se entrevistaron con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador; la entrevista fue negada, pero enviaron por escrito respuestas a las temáticas planteadas para la entrevista.
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*Aleida Rueda está graduada en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es co-fundadora de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
Fuente: PRESSENZA.COM
