Aeropuertos y Helipuertos cerca de los combustibles pueden ser un negocio peligroso
En 1999 un Boing 737 no logró despegar de Aeroparque y el desastre provocó 65 muertos y 40 heridos, principalmente por el incendio de la pérdida de gas cuando el avión rompió cañerías...
En 1999 un Boing 737 no logró despegar de Aeroparque y el desastre provocó 65 muertos y 40 heridos, principalmente por el incendio de la pérdida de gas cuando el avión rompió cañerías…
El 31 de Agosto de 1999 a las 20:45 hs un Boing 737-204-C, matrícula LV-WRZ, de LAPA (Líneas Aéreas Privadas Argentinas) en el Aeroparque Jorge Newbery no alcanzó a despegar, a pesar de haber logrado las velocidades de rotación de las turbinas y de seguridad de despegue.
Imposibilitado de frenar antes llegar al final de la pista, atrevesó el límite del aeropuerto, cruzó la avenida Costanera Norte y antes de impactar contra el cantero central de la autopista y la maquinaria vial allí estacionada, arrolló un auto Chrysler Neon cuyo combustible se encendió por las chispas del roce sobre el asfalto.
A este fuego se sumó el combustible JP-1 por la rotura de las alas del avión, pero el elemento que más contribuyó a avivar las llamas y propagarlas desde el sector delantero izquierdo del fuselaje al resto del aparato fue el gas proveniente de una planta reguladora ubicada a poca distancia del final de la pista, cuyas válvulas y cañerías habían sido destruidas por la aeronave. El saldo fue de 65 muertos y 40 heridos, el segundo accidente aéreo más luctuoso en la historia de la aviación civil argentina.
INFOSUR ROSARIO · por Victor Barni
La Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil determinó que el capitán Gustavo Weigel y el copiloto Luis Etcheverry, ambos fallecidos en el accidente, habían cometido errores durante el procedimiento de despegue.
Casi 6 Años después (Abril 2005) el piloto y cineasta Enrique Piñeyro llevó al cine la película Whisky Romeo Zulu (WRZ matrícula de la aeronave siniestrada). En el Trailer de la cinta se describe claramente:
“Cuando un avión se cae, la Fuerza Aérea prefiere hablar de un “error” del Piloto, el Fiscal, prefiere investigar las fallas de un Sistema Corrupto…”
Dos años antes que ocurriera el accidente, Piñeyro escribió una carta que fue publicada por el New York Times donde advertía y denunciaba la escasa seguridad en los aeropuertos argentinos y en el control del tráfico aéreo.
– El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), creado por el Decreto 375/1997 del Presidente Carlos Saúl Menem era la autoridad de aplicación en el momento del accidente.
– Desde el 31 de julio de 2001 entró en vigencia el Reglamento General de Uso y Funcionamiento de Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos (REGUFA). Reemplazó al anterior "Manual de Funcionamiento de los Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos" que estaba vigente desde 1998.
– El 15 de marzo de 2007 a través de un decreto, firmado por el presidente Néstor Kirchner, que crea la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y le quita el manejo a la Fuerza Aérea luego del conflicto suscitado con pilotos, controladores y técnicos de las empresas aerocomerciales..
– El 2 de Febrero de 2010, después de 23 meses de duración, el juicio llegó a su fin, absolviendo a 6 de los 8 acusados. Los condenados fueron dos gerentes de operaciones de la empresa, es decir los más cercanos al piloto, cortando la cadena de responsabilidades que llegaba hasta los máximos ejecutivos de la empresa. Frente a esta situación los familiares, las víctimas y allegados se mostraron profundamente consternados y denunciaron manipulaciones que los ex-directivos de la empresa realizaron sobre el sistema legal argentino.
– A partir del 1º de julio del 2009 se disuelve el Comando de Regiones Aéreas, encargado de la totalidad del Control del tráfico aéreo y es reemplazado por un nuevo organismo denominado Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, a cargo del Arq. Julio De Vido
— En noviembre de 2011, tras un conflicto sindical, la Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández, mediante un decreto transfiere las funciones del control del tránsito aéreo nuevamente a la Fuerza Aérea Argentina, militarizando nuevamente al personal que pasa a depender de la Subjefatura del Estado Mayor de la Fuerza Aérea denominándose Dirección General de Control del Tránsito Aéreo, recomendación recibida desde la OACI
No se Aprendió la Lección del Accidente en Aeroparque
El jueves 21 de noviembre de 2012 en una reunión del concejo de Puerto General San Martín el intendente Carlos De Grandis impuso su voluntad de entregar a su amigo el presidente de la Cooperativa de Trabajos Portuarios, uno de los lugares públicos más valiosos por su ubicación, en la confluencia del Arroyo San Lorenzo y el río Paraná y prácticamente el último balcón al río que tenía la ciudad.
En el orden del día, al final de la lista de temas a ser tratados, bien pasado el mediodía, lo que hace complicado la presencia de vecinos, estaba el Proyecto PRESENTADO POR DE GRANDIS el 10 de Octubre pidiendo la autorización para a firmar un contrato con la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada presidida por Hermes Juárez. Es de hacer notar que esa sesión del concejo incluyó una incongruencia manifiesta: la declaración de interés municipal de la Feria Permanente del Puerto a sabiendas que no tendría lugar físico para ser realizada, ya que en el mismo acto se tomaría la decisión de entregar también el galpón de exposiciones con este proyecto del Intendente.
La importancia del bien público a transferir ameritaba una consulta pública popular: "Ya basta de vender calles y ahora el puerto municipal a precio vil para ser explotado por una empresa a la que sólo le importa la ganancia económica y no la gente, igual que al intendente", expresó Irene Schmidt, junto a Alfonso Míñoz Darío Galbán, Rubén Gramajo, Gabriel Gómez y otros representantes Humanistas de la ciudad.
Ya desde mediados de los años 90 los concejales puertenses avalaron con sus votos la entrega de calles públicas, cambiaron la calificación de uso del suelo (siempre de residencial a industrial, claro está), modificando en forma duradera el hábitat de cientos de puertenses, muchos de quienes tuvieron que mudarse, en reuniones de amigos tan poco llamativas como quien se junta a ver un partido de fútbol por televisión, comer una pizza y tomar un porrón.
En el año 1996 se entrego más del 80% del distrito al uso industrial y ahora en 2014, a casi 20 años y demostrado que la politica no ha cambiado en nada, se entrega el 100% de la costa al río a las empresas con la concesión de 30 años del puerto municipal y parte del parque Almirante Brown.
"En el proyecto no sólo se concesiona el puerto por 30 años sino que además le estaríamos pagando a Juárez 3,5 millones con dinero de todos los puertenses para hacer obras que luego se descontarían del canon” la describía Jorge Ru, concejal opositor. Es decir, se trató una vez más de una reunión casi íntima de amigos, y para amigos.
En una ciudad rodeada de paredones y tapiales construidos con posterioridad al asentamiento de los vecinos, el nuevo despojo hizo que no pocos puertenses se manifestaran y además un grupo de vecinos realizó una presentación judicial invocando la Ley 10.000 de Intereses Difusos ante el Juzgado Civil y Comercial de San Lorenzo, a cargo de la jueza Gladys Silvia López, ya que entre otras cosas la ocupación de este espacio público choca con lo dispuesto por el art. 41 de la Constitución Nacional y con la Ley General de Medio Ambiente de la provincia. El 7 de diciembre de 2012 alrededor de 200 personas se manifestaron en un abrazo al predio objeto de la entrega.
Tres semanas más tarde, el 27/12/2012 la jueza Gladys López resolvió que la Ley 10.000 no es el medio idóneo para dirimir cuestiones políticas, administrativas o de mérito y oportunidad de las decisiones en tanto de ellas no surjan amenazas o lesiones a derechos titulados por la misma. Eso sí dejó bien claro que las cuestiones técnicas y medioambientales quedaban “en cabeza” de dos autoridades: una nacional, la ANAC, y la otra provincial, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe haciendo referencia al art. 3 del decreto 101/03 que reglamenta la ley provincial de medio ambiente N° 11.717.
El traspaso de la ANAC desde el Ministerio de Planeamiento (De Vido) al Ministerio de Transporte (Radazzo) se produjo el 6 de junio de 2012 no obstante lo cual en diciembre de 2013 la Cooperativa de Trabajos Portuarios obtuvo la habilitación definitiva para su helipuerto.
La confirmación la efectuó el Director de Aeródromos, Juan Carlos González, después de la inspección cuya constancia tiene fecha 18 de diciembre de 2013. Según reporta La Capital González ha tenido pocas oportunidades de habilitar helipuertos privados con la inversión de éste, y algo muy importante: está consciente de la ubicación geográfica del mismo: dijo “que está emplazado en zona acuática”.
Preguntas: ¿No vio que a menos de 100 metros descargan gas enormes buques y no sabe que pocos cientos de metros hacia el sur está la playa de tanques de almacenamiento de Exxon? ¿Conoce bien los requerimientos del formulario ANAC para habilitación de helipuertos?
Luego de perder el último espacio respetuoso al río en una pomposa fiesta con muchos invitados de importancia política y empresarial, ¿nos daremos cuenta algún día de parte de quien están los políticos? ¿Veremos realmente quién es el monstruo detrás de este gran teatro de títeres movidos por los tentáculos de la ambición desmedida?
