El defensor del pueblo de la Nación (ombudsman), Eduardo Mondino, comenzó a investigar las negociaciones que lleva adelante el Estado con la concesionaria del puente a Victoria para que se retomen los trabajos. Ya pidió toda la documentación referida a la obra y de lo actuado en materia contractual. Sin embargo, el funcionario se mostró partidario de que la obra se termine y que el Estado ponga los fondos que faltan, más allá de que la obligación es de la empresa. «Hay que priorizar el interés de la comunidad, y es que la ruta se habilite, después habrá que discutir qué tarifa se va a pagar», aseguró Mondino.
El Centro de Ingenieros de Rosario pidió a la Defensoría que investigue una serie de irregularidades en la renegociación. Creen que la prórroga en el plazo de terminación y la posibilidad de que el gobierno garantice los fondos para concluir la obra es un «fabuloso negocio» armado para Puentes del Litoral.
Mondino confirmó que la documentación presentada por el Centro es suficientes para encarar una investigación. Ya se solicitó al Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) los balances, certificados de obra, financiamiento (externo e interno), deuda con contratistas y actas de Obras Públicas de la Nación. Es que a los asesores del ombudsman esta última repartición no les garantiza «trasparencia».
Los ingenieros cuestionaron el acta en la que se prorroga el plazo de terminación de la obra por seis meses más, «sin exigir a la empresa nada a cambio».
Visto el contexto en que se plantea el conflicto, la prioridad para Mondino es que se termine la obra. Y cree que el camino para lograrlo es que el Estado ponga el dinero necesario para completar el 9 % de los trabajos que faltan a través del Fondo Vial, que se recauda con el impuesto al gasoil y que durante este año va a repartir unos 1.100 millones de pesos a las concesionarias viales.
«No es lógico que los concesionarios viales se hayan llevado cerca de 4 mil millones de pesos y no haya fondos para terminar un puente que está casi listo», apuntó.
La empresa paró los trabajos al no poder contar con un crédito externo para la obra. Fue a la renegociación del contrato y pidió un subsidio. Ya logró extender el plazo de finalización y ahora va por los dineros que faltan. Es un hecho que los fondos saldrán del Estado, mediante un crédito a su favor empresa o por adelantos de futuros subsidios para rebajar el peaje.
«Al terminarse la conexión, hay que discutir la tarifa ya que la ecuación económica será distinta y, entre otros ítems, dependerá del nivel de inversión que haya hecho el privado», dijo el ombudsman.
Uno de sus asesores acotó que para lograrlo habrá que juntar «la calidad y honestidad de los funcionarios y el activismo de la gente para una negociación justa».
