El silencio de un gobierno que incumple su propia ley
Hoy 14 de julio, día Internacional del Chimpancé, el Proyecto Gran Simio vuelve a alzar la voz ante una injusticia que nunca debió producirse: la paralización de la Ley de Grandes Simios. Una ley comprometida por el propio Gobierno, prevista por mandato legal y que, sin embargo, continúa retenida en algún despacho, lejos del debate democrático que merece. Mientras el tiempo pasa, nuestros hermanos evolutivos siguen esperando una protección que ya debería haber llegado.
Esa es la pregunta. Una pregunta sencilla, directa y cada día más incómoda. ¿Qué está esperando el Gobierno de España para llevar al Consejo de Ministros la Ley de Grandes Simios y permitir que comience, de una vez, su tramitación parlamentaria? ¿Qué ocurre detrás de este silencio? ¿Por qué pasan los meses mientras una obligación legal permanece incumplida? ¿Quién frena? ¿Quién teme? ¿Quién calcula? ¿Quién ha decidido que los grandes simios pueden seguir esperando?
Porque conviene empezar por lo esencial: no estamos hablando de una promesa electoral, de una declaración de buenas intenciones ni de una ocurrencia de un grupo de activistas. Estamos hablando de una obligación establecida por una ley aprobada por las Cortes Generales. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, estableció en su Disposición adicional cuarta que el Gobierno debía presentar, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, un proyecto de Ley de Grandes Simios. No decía “cuando sea posible”. No decía “cuando convenga políticamente”. No decía “cuando desaparezca el ruido mediático”. No decía “cuando no haya elecciones cerca”. Decía tres meses.
Y el plazo pasó.Pasó mucho más tiempo, más de tres años. Y hoy seguimos esperando.
La ley está para cumplirla. ¿O acaso solo están obligados a cumplirla los ciudadanos? ¿Puede un Gobierno exigir respeto a las normas mientras él mismo deja dormir una obligación legal que le afecta directamente? ¿Qué ocurriría si cualquier ciudadano decidiera incumplir una disposición legal durante años alegando falta de oportunidad política, exceso de trabajo o inconveniencia mediática? ¿Se le permitiría? ¿Se aceptaría? ¿O se le exigirían responsabilidades?
Pues eso es precisamente lo que debemos preguntar al Gobierno: ¿por qué ustedes pueden incumplir lo que a los demás nos obligan a cumplir?
Imagen de Pedro Pozas Terrados
El Ministerio de Asuntos Sociales ha trabajado en un borrador. Hubo consulta pública previa en 2024. Se han producido reuniones, contactos, anuncios y declaraciones. Incluso se ha utilizado públicamente la denominación de “Ley Jane Goodall”. Pero una ley no existe porque se anuncie. No existe porque se le ponga el nombre de una científica universalmente respetada o se convoquen reuniones. No existe porque se redacten borradores. Una ley existe cuando se impulsa políticamente, se tramita, se debate, se vota y entra en vigor. Todo lo demás puede acabar convertido en propaganda, en fotografía institucional o en una promesa cuidadosamente administrada hasta que ya no quede tiempo material para cumplirla. La consulta pública previa del anteproyecto se abrió en julio de 2024, cuando el retraso respecto al mandato legal ya era evidente.
Y ahí está precisamente nuestra preocupación. El tiempo político corre. La legislatura no es eterna. La tramitación de una ley puede ser larga, especialmente cuando no existe verdadera voluntad de acelerar sus pasos. Cada mes perdido reduce las posibilidades de que una Ley de Grandes Simios llegue a debatirse y aprobarse antes de una eventual disolución de las Cortes. Por eso el silencio ya no puede presentarse como prudencia. El silencio empieza a parecer una estrategia de agotamiento.
¿Se pretende dejar morir la ley por falta de tiempo? ¿Se busca llegar al final de la legislatura diciendo que “se intentó”? ¿Se quiere convertir la llamada Ley Jane Goodall en un compromiso simbólico, arrancado por la presión de los promotores históricos de la Ley de Grandes Simios y de la sociedad civil, pero sin voluntad real de llevarlo hasta el final? ¿Es eso lo que está ocurriendo? ¿Por qué la Dirección General de los Derechos de los Animales calla? ¿Qué motivos hay para despreciar a los que desde hace décadas llevan luchando para que esta ley sea una realidad?
Y debemos formular más preguntas, aunque molesten. ¿Tiene miedo el Gobierno a presentar ahora una Ley de Grandes Simios por temor a las burlas, a los titulares fáciles o al ruido mediático en un momento marcado por graves escándalos políticos y denuncias de corrupción? ¿Teme alguien que, “con la que está cayendo”, hablar de derechos y protección de grandes simios pueda ser utilizado como arma arrojadiza? Si fuera así, sería gravísimo. Porque significaría que la protección de seres extraordinariamente vulnerables queda subordinada al cálculo de imagen, al miedo al meme, al titular oportunista o a la estrategia electoral.
Fotografía Pedro Pozas Tderrados
Y si no es eso, entonces expliquen qué es.
¿Qué papel está desempeñando la Dirección General de Derechos de los Animales? ¿Está impulsando realmente la ley con toda la determinación necesaria o existen resistencias internas? ¿Por qué quienes llevamos décadas promoviendo una legislación específica para los grandes simios hemos encontrado tantas dificultades, tantos silencios y tantas barreras? ¿Por qué un movimiento que ha sostenido esta reivindicación durante más de veinte años ha tenido que pelear cada paso como si estuviera pidiendo un favor y no exigiendo el cumplimiento de un mandato legal?
Preguntar no es acusar sin pruebas. Pero cuando una obligación legal permanece incumplida durante tanto tiempo, preguntar es una obligación democrática.
¿Quién está retrasando la ley? ¿Dónde está detenida? ¿Qué informe falta? ¿Qué trámite concreto impide su avance? ¿Quién tiene ahora mismo la capacidad política de desbloquearla? ¿En qué fecha exacta se prevé elevarla al Consejo de Ministros? ¿Existe realmente voluntad de aprobarla durante esta legislatura?
Queremos respuestas. No más frases vacías. No más “estamos trabajando”. No más “próximamente”. No más fotografías ni homenajes. No más nombres ilustres utilizados para vestir una iniciativa que puede terminar en un cajón.
Y hay otra cuestión que no puede silenciarse. Desde el Proyecto Gran Simio llevan más de dos décadas defendiendo la necesidad de una ley específica. Han impulsado el debate social y político junto con la Fundación Animals Guadians, han presentado propuestas, se han reunido con responsables públicos y han insistido una y otra vez en algo que la ciencia lleva años mostrando: los grandes simios son seres de extraordinaria complejidad cognitiva, emocional y social. No son objetos. No son mercancías. No son piezas intercambiables de colecciones zoológicas. Son individuos con memoria, vínculos familiares, capacidad de aprendizaje, tradiciones y culturas.
Y precisamente porque consideran insuficiente el camino seguido por el Gobierno, se dio un paso más. El 20 de mayo de 2026 fue registrada en el Congreso una proposición de ley alternativa con el respaldo de Podemos y Alianza Verde, impulsada desde la sociedad civil por quienes no aceptaron que la futura regulación se limite a gestionar la cautividad en lugar de avanzar hacia una protección real. La existencia de esa iniciativa alternativa está documentada públicamente. Se intentó que otras formaciones políticas de unieran. Pero el silencio una vez más fue la respuesta de políticos que deberían estar al servicio del ciudadano.
Tampoco queremos engañarnos. Una proposición registrada no garantiza un debate. Puede quedar bloqueada, aplazada, sepultada por los tiempos parlamentarios o morir con el final de la legislatura. Y entonces tendremos dos caminos abiertos sobre el papel y ninguno culminado en la realidad. El borrador gubernamental esperando. La proposición alternativa esperando. Y los grandes simios, como siempre, esperando y olvidados.
Infografía de Pedro Pozas Terrados
¿Qué nos pasa con ellos?
¿Qué nos ocurre como sociedad para despreciar de esta manera los derechos más elementales de seres tan cercanos evolutivamente a nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que compartimos con chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes una historia evolutiva profunda? ¿Por qué seguimos actuando como si fueran simples recursos bajo nuestra administración? ¿Por qué nos incomoda tanto hablar de sus derechos básicos, de su vida, de su libertad, de su integridad física y psicológica?
Compartimos ancestros comunes. Compartimos estructuras emocionales. Compartimos capacidades cognitivas y comportamientos sociales complejos. Ellos crean alianzas, resuelven conflictos, utilizan herramientas, transmiten conocimientos, cuidan a sus crías, sufren pérdidas, recuerdan, aprenden y desarrollan culturas. Y, sin embargo, cuando llega el momento de reconocer jurídicamente una protección especial, aparecen las excusas, los retrasos, las cautelas infinitas y los silencios.
Tal vez el verdadero problema no sean ellos. Tal vez el problema seamos nosotros.
Un país que se considera moderno no puede aprobar una ley en 2023 ordenando al Gobierno presentar en tres meses una Ley de Grandes Simios y después permitir que el mandato se diluya durante años. Eso no es una anécdota administrativa. Es un fracaso político y una quiebra de credibilidad institucional y democrática.
Fotografía de Jeff McCurry/Proyecto Gran Simio
Por eso exigimos transparencia. Exigimos un calendario. Exigimos saber dónde está la ley. Exigimos conocer qué obstáculos concretos impiden su elevación al Consejo de Ministros y saber quién asume la responsabilidad política de este retraso. Exigimos que el ministro competente explique públicamente si existe voluntad real de culminar la tramitación. Y exigimos que se deje de jugar con el tiempo, porque el tiempo parlamentario también puede utilizarse como una forma silenciosa de enterrar una iniciativa.
La llamada Ley Jane Goodall no puede convertirse en una lápida sobre una promesa incumplida.
No utilicen el nombre de Jane Goodall para anunciar lo que después no se atreven a tramitar. No utilicen a los grandes simios para construir titulares. No utilicen a la sociedad civil para aparentar participación mientras las decisiones reales permanecen inmóviles. No nos digan que tengamos paciencia. La paciencia terminó hace mucho tiempo. La Ley 7/2023 habló de tres meses. Han pasado años. Y seguimos esperando. Así que volvemos a preguntar, públicamente y sin rodeos:
¿Qué están esperando? ¿Quién frena la Ley de Grandes Simios? ¿Qué intereses existen detrás de este silencio? ¿Quién teme que se debata? ¿Quién prefiere que termine la legislatura? ¿Quién espera que el tiempo haga el trabajo sucio y convierta una obligación legal en otra promesa olvidada?
Y, sobre todo: ¿Quién va a asumir la responsabilidad si la legislatura termina y la Ley de Grandes Simios vuelve a quedar enterrada? Porque esta vez no podrán decir que no lo sabían. No podrán decir que no había mandato legal y que no existía un borrador. No podrán decir que no había propuestas, ni decir que la sociedad civil guardó silencio. Nosotros no vamos a callar.
Llevamos más de veinte años defendiendo a nuestros hermanos evolutivos y seguiremos haciéndolo frente a gobiernos, ministerios, direcciones generales, intereses zoológicos, cálculos electorales y silencios administrativos.
La ley está para cumplirla. Y si el Gobierno exige a los ciudadanos que cumplan la ley, debe empezar por cumplirla él mismo. Los grandes simios no pueden votar. No financian campañas electorales ni controlan medios de comunicación. No ocupan consejos de administración ni presionan ministerios. Solo tienen su vida, sus familias, sus culturas, sus bosques y a quienes hemos decidido no permanecer callados y defenderlos.
Fotografía de Pedro Pozas Terrados
Y por eso, precisamente por eso, nuestra voz será cada vez más fuerte. ¿Dónde está la Ley de Grandes Simios? ¿Quién la está frenando? ¿Y cuánto tiempo más piensa el Gobierno seguir incumpliendo su propia ley? Al final los responsables serán públicos y la historia juzgara su ineptitud, su falta de empatía, su ausencia de dignidad y su responsabilidad de haber sido actores principales en el genocidio de nuestros hermanos evolutivos.
Que el 14 de julio, día del chimpancé y de todos los grandes simios, sea una reivindicación a la dignidad de los seres humanos y que cada uno asuma su grave responsabilidad ante las decisiones de poner muros a los derechos de nuestros hermanos evolutivos. Que hoy sea el día en que la verdad y la democracia triunfen, frente a los intereses económicos de explotación o el incumplimiento de la ley de los que tienen responsabilidad de administrarla o de esos puestos políticos que sólo velan por sus sillones e ignoran a la sociedad civil.
Los grandes simios necesitan el respeto y libertad de quienes comparten con ellos un mismo camino evolutivo, un mismo ancestro común y pertenecen a nuestra propia familia de los homínidos. Desconocer esto, es echar tierra a su propia persona, es negar la evidencia científica, es poner una venda al conocimiento de la verdad y la dignidad de la propia historia de la humanidad.
Por: Pedro Pozas Terrados | Nota Original