El emporio defaulteado por maniobras fraudulentas de sus propios dueños salió a fogonear que no tiene plata y es inminente el cierre definitivo.
El sindicato SOEA convino frenar conflictividad por tres meses. Es en contexto de agotamiento de tiempos para que la Corte santafesina resuelva entre homologar acuerdo de acreedores o cramdown. Intereses varios e intento de aprovechamiento electoral.
El emporio Vicentin, defaulteado por sus propios dueños con maniobras fraudulentas, dejó trascender en los últimos días que ya no dispone de dinero para pagarle a sus empleados por, entre otras cosas y según la versión de los directivos, caídas de contratos a fasón de sus plantas. Ese augurio apocalíptico fue planteado en el marco del acotamiento de plazos para que la Justicia decida entre homologar el acuerdo de acreedores con altas quitas que propuso la firma o el cramdown que impulsan algunos de ellos para quedarse con los activos. Así, se abrió un potencial conflicto gremial que este martes quedó en suspenso a partir de una negociación con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA).
El gremio aceptó un acuerdo temporal para garantizar salarios y evitar despidos, pero rechazó el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) presentado por la empresa ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.
La negociación implica un intento de evitar conflictos y es válida para los meses de enero, febrero y marzo. El acuerdo establece que los salarios de los trabajadores se mantendrán idénticos durante ese trimestre, pero con una modificación temporal en su estructura: una parte equivalente al salario mínimo, vital y móvil será remunerativa y el resto no remunerativa. Eso le permitirá a Vicentin reducir sus costos laborales en un intento por ganar tiempo mientras se resuelven sus problemas judiciales y financieros.
Para los trabajadores mayores de 60 años, se convino que continúen percibiendo sus salarios normales y habituales sin modificaciones. Además, se estableció un cronograma para el pago de la gratificación anual extraordinaria, que será abonada en cuotas: el 50% restante de la primera cuota se pagará el 5 de febrero y la segunda cuota se abonará en dos partes iguales el 21 de febrero y el 5 de marzo.
El SOEA dejó claro que este acuerdo es estrictamente temporal y que, en caso de incumplimiento por parte de la empresa, el convenio quedará sin efecto. Además, destacaron que ningún otro derecho o beneficio de los trabajadores será modificado.
Los directivos de Vicentin, que dejó una deuda de alrededor de 1.500 millones de dólares, salieron los últimos días a agitar el fantasma de cierre definitivo de todas las unidades productivas que quedan en marcha. “Nuestro límite es la caja, es decir, si tenemos fondos pagamos, de lo contrario, no. Es muy importante entenderlo. La caja no es fruto del pensamiento mágico. La caja existe o no. Pero (esta vez) no la tenemos”, sostuvo por ejemplo, ante el diario La Nación, el director independiente de la empresa, Estanislao Bougain.
Fue luego de la última protesta sindical tras el anuncio del pago de un bono en dos cuotas. Después, fue el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis para abonar aún más la idea de una quiebra inminente.
La mediática abogada alistada sucesivamente en varios espacios políticos Florencia Arietto se sumó al conflicto aceitero y amenazó al líder de los Aceiteros de San Lorenzo: «Si vuelve a bloquear va en cana», publicó al mismo tiempo que se adjudicó se la representante legal de Vicentín. Algunos tomaron la amenaza como un mero intento de Arietto de posicionarse en el año electoral.
La abogada del gremio le respondió: «No te he visto en ninguna audiencia de Vicentín ni en el concurso de acreedores» a la que, en otros tiempos, fue letrada del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos.
Arietto había salido a cruzar en las redes sociales al secretario General de los Aceiteros de San Lorenzo, Daniel Succi: «Avísenle a Succi que yo soy la abogada de Vicentín. Que si vuelve a bloquear va en cana», alardeó sin más. Y en tren de provocación, aunque con casi nulo efecto, siguió: «Si quiere referencias mías que llame a Moyano y Acuña. Bloquear es delito y Vicentin necesita que la Corte Suprema de Santa Fe le homologue el acuerdo y poder trabajar«.
Ahí, se alineó con el deseo de los directivos del emporio: que el máximo tribunal de la provincia le de el visto bueno para pagar lo que debe en largo plazo y con altas quita de las acreencias.
Acuerdo de acreedores o cramdown
El grupo inversor Cima SA, junto a una alianza de acreedores granarios de la agroexportadora, compraron la deuda que el emporio nacido en el norte santafesino tiene con bancos internacionales para así transformarse en un jugador decisivo sobre el futuro del holding: contra el concurso de acreedores con quitas de hasta el 80% y largos plazos para los pequeños y medianos perjudicados que plantea el directorio de la firma caída en desgracia, impulsan el esquema de cramdown, es decir la adquisición de activos para reflotar los negocios y cobrarse las acreencias en mejores términos. La decisión sobre si se ratifica el concurso o se va al cramdown está en manos de la Corte Suprema de Santa Fe.
Cima SA es la que aparece como la compradora de las acreencias de los bancos extranjeros a través de un esquema de captación de inversores mediante sociedades offshore y la promesa de tentadoras tasas de retorno. Es una alyc (Agente de Liquidación y Compensación) que preside Esteban Nofal. El grupo empresario informó en un comunicado que adquirió un conjunto de créditos que según los montos verificados en el marco del concurso suman un total nominal de 447.194.396,91 dólares. Sin embargo, no explicitó el desembolso efectivo realizado.
Vicentin, en su plan de concurso, les había propuesto a esos bancos devolverles el 30% de la deuda impaga, lo que en total suma unos 135 millones de dólares. Fuentes del mercado estiman que Cima SA compró esas acreencias a 11 centavos por dólar nominal, lo que da unos 70 millones de dólares. A los inversores, les prometió que obtendrían un retorno cercano al 100% en dos o tres años.
Cima no operó sola este camino, que se negocia desde hace dos años. “Cima ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cramdown. Es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso capital humano de la compañía”, admite el texto del grupo inversor.
El grupo liderado por Mariano Grassi es el segundo acreedor comercial de Vicentin detrás de la cooperativa ACA. Grassi es titular de Commodities SA, el que recurrió a la Corte, y uno de los impulsores del cramdown como “propuesta superadora”.
El Ciudadano
