Es evidente que el conflicto desencadenado en torno al uso de las reservas del BCRA, puede analizarse desde al menos dos puntos de vista, el de la política económica, y el de la política a secas. Y será bueno considerar estos enfoques por separado, para evitar que las ponderaciones de uno condicionen las del otro.
Guillermo Sullings, Economista
Porque desde el punto de vista político, es evidente que estamos ante una nueva arremetida de los sectores “destituyentes” (variante moderna del golpismo reaccionario), que desde el conflicto con el campo en adelante continúan buscando y alentando cualquier posible fisura en el gobierno para avanzar. Estamos hablando de una suerte de alianza entre el poder económico y mediático, con algunos oportunistas de la oposición política, que hoy se rasgan las vestiduras por el destino de las “reservas de los argentinos”, las que no han dudado en vaciar reiteradamente mediante la fuga de capitales. A pesar de esa fuga de capitales fogoneada por estos sectores, la gestión de los Kirchner incrementó las reservas de 8.000 a 48.000 millones de dólares. Y frente a esta nueva arremetida destituyente, es claro que hay que denunciar tales intenciones, plagadas de argumentos hipócritas. Porque la tan mentada independencia del Banco Central que se dice defender, como si se tratara de un baluarte de la democracia y la división de poderes, no es más que la defensa de uno de los pilares del neoliberalismo: el de quitarle al Estado el manejo de su política monetaria y cambiaria, poniéndolo en manos de tecnócratas que tarde o temprano responden a su verdadero amo, el poder financiero internacional.
Y es claro que esta denuncia hacia estos sectores afines al neoliberalismo, debe ser acompañada de una defensa de la estabilidad democrática, respaldando el derecho del Poder Ejecutivo a disponer soberanamente del uso de las reservas, sin pedirle permiso a ningún tecnócrata. Y esta postura debe ser clara y contundente, sin debilitarla con relativismos que le faciliten el juego a los opositores destituyentes.
No obstante, tal posición, no implica que debamos auto-convencernos de que todo lo que hace el gobierno está bien hecho, y aquí entramos en el tema de la ponderación a la política económica.
En primer lugar podemos decir que el gobierno tiene muchas asignaturas pendientes en cuanto a revertir los condicionamientos que dejó el neoliberalismo en Argentina, y uno de ellos es la Carta Orgánica del Banco Central. Esta data de 1991, comienzos de la era menemista, década en la que muchos países de Latinoamérica adecuaron el funcionamiento de sus bancos centrales a los dictados del capital financiero internacional (Chile 1989, Colombia 1991, México 1994, Venezuela 1992), siguiendo los modelos que hasta ese entonces regían en USA, Suiza y Alemania. Con el argumento de que a veces los gobiernos “abusaban” del control de sus políticas monetarias, y el “manejo irresponsable” de la emisión de moneda y política cambiaria generaba procesos inflacionarios, se les quitó a los mismos el control sobre sus propios bancos centrales, otorgando a estos gran autonomía, para que sean manejados por tecnócratas formados en los centros de poder y con fuertes vínculos con sus cuadros. Desde luego que este proceso fue implementado por gobernantes obsecuentes, los mismos que nos endeudaron, los que nos ataron al CIADI, y en algunos casos a los TLC. Pero a esta altura es responsabilidad de los gobiernos actuales revertir esas decisiones, y el gobierno argentino no lo hizo en su justa medida, y hoy tenemos la consecuencia de ello con el desplante de Redrado, al mejor estilo “cobista”.
Por otra parte, la intención de cancelar deuda externa con reservas, merece algún análisis más profundo. Como hemos visto en su momento, la decisión de cancelar con reservas la deuda con el FMI, para liberarse de sus imposiciones, dentro de cierto contexto, fue una decisión acertada. Pero hubiese sido deseable que como consecuencia de esa liberación, el gobierno no se hubiese limitado a ejercitar políticas neokeynesianas, sino que hubiera avanzado además hacia una profunda transformación del sistema tributario y de la legislación de entidades financieras. Hubiese sido deseable que también se hubiesen utilizado parte de las crecientes reservas para resolver definitivamente el desastroso estado de la salud y la educación públicas.
Vale la pena recordar también, que el tema de la deuda externa ha ido sufriendo transformaciones a lo largo de los años. En los 80 la deuda heredada había sido contraída por gobiernos de facto, y los acreedores eran bancos internacionales, y ese era el momento de denunciar la deuda ilegítima y rechazar su pago, conformando un bloque de países deudores en Latinoamérica. Pero se dejó pasar la oportunidad y a través del Plan Brady los bancos se deshicieron de los títulos de deuda, que fueron pasando a manos de ahorristas, fondos de pensión, y en buena parte se convirtieron en los ahorros de los trabajadores afiliados a las AFJP. Simultáneamente los argentinos votaron reiteradas veces a un gobierno que les aseguraba un dólar barato a costa de un creciente endeudamiento. En definitiva, lamentablemente, los gobiernos avalados por la gente legitimaron la deuda actual, a la vez que una parte de los acreedores pasaron a ser también las víctimas de una estafa orquestada previamente. En ese contexto la refinanciación después del default terminó resultando un mal menor provocado por una cadena de circunstancias.
Sin embargo, a la hora de atender a las obligaciones generadas por esa refinanciación, aún está pendiente enjuiciar a quienes se enriquecieron y fueron responsables del endeudamiento original, y obligarlos a que respondan con su patrimonio para cancelar al menos una parte de dicha deuda.
Por otra parte, si bien es real que el uso de reservas de libre disponibilidad para garantizar el cumplimiento de los compromisos con los acreedores, mejorará las posibilidades de las empresas argentinas para obtener crédito a tasas razonables, este argumento sigue siendo condicionado por la lógica de un sistema financiero neoliberal del que quisiéramos salir rápidamente. Mejor sería que los países latinoamericanos, en lugar de colocar nuestras reservas en las cajas de la usura internacional, y después pedirles el favor de que nos presten a tasas razonables, conformemos un fondo para una banca latinoamericana que financie el desarrollo regional con créditos sin interés. Esa es una vieja propuesta humanista hacia la que parecía dirigirse el Banco del Sur, pero que nunca termina de consolidarse.
En síntesis, hay que rechazar la arremetida de la oposición oportunista y destituyente, y hay que pedir que se cambie la Carta Orgánica del Banco Central para que esté al servicio del gobierno elegido por la gente, y no al servicio del poder financiero. Pero también hay que pedir que se utilicen las reservas para financiar el desarrollo y el bienestar de los argentinos, y que de alguna manera la deuda la paguen los que se enriquecieron con el neoliberalismo y la convertibilidad.
Guillermo Sullings – 18/01/2010