La sequía pegó y pega muy fuerte.
Según informes especializados, es la más prolongada en la historia de nuestro país. Las lluvias recientes trajeron cierto alivio, pero el daño hecho es irreversible.
En el trigo ya pueden ponderarse las pérdidas: fue la peor cosecha de los últimos siete años. En el maíz, soja y demás cultivos es un final cuantitativo aún abierto.
La ganadería no le fue a la saga en cuanto al perjuicio, hubo mortandad de animales y liquidación de existencias. Con las lluvias crece el pasto y viene una natural retracción de la oferta vacuna. Esto ya impactó en los precios del mostrador. La hacienda en pie tuvo aumentos del orden del 40%. Hay que puntualizar que esta sequía se da en un contexto donde “el campo” tuvo sus mejores años en décadas; tal como lo demuestran los índices de compra de maquinarias y camionetas.
Cuando se analiza la emergencia climática hay dos cuestiones que no pueden obviarse:
a) La falta de lluvia no es una maldición bíblica, es una resultante de la deforestación que se hace para sembrar o poner ganado. Si se deforesta, hay sequía y/o inundaciones: es una consecuencia directa de nuestro modelo agropecuario. Argentina es uno de los países que más deforesta en el mundo. La depredación ambiental tiene como característica que su accionar es local, pero sus efectos son globales. Se talan bosques en el NEA y en el NOA y lo sufrimos todos/as. Quienes deforestan -ver la lista que publicó Greenpeace https://greenpeace.org.ar/pdf/2020/Denunciados%20por%20Greenpeace%20por%20deforestaci%C3%B3n%20en%20Argentina%20%281%29.pdf?_ga=2.171900064.1436835530.1601469599-188330025.1601469599 – no deberían acceder a ningún tipo de beneficios del Estado. Estos depredadores son defendidos por las sociedades rurales, en especial las de Salta y Tucuman.
b) Después de cada desastre climático se produce un agudo proceso de concentración económica-productiva. El productor más grande, que tiene espalda para bancar, sale más grande; y el más chico quiebra o se va de la actividad. Por eso necesitamos una intervención inteligente del Estado , orientada a fortalecer al pequeño y no a “todos por igual” como pretende la Mesa de Enlace, a partir de un universalismo tramposo.
Tanto a nivel nacional (Ley 26.509) como a nivel provincial (Ley 11.297 de Santa Fe, o Ley 10.390 de la Provincia de Buenos Aires) existen legislación que regula y prevé cómo, cuándo y dónde debe declararse la emergencia y/o desastre agropecuario, a partir de lo cual el Estado está habilitado a concurrir en ayuda de los productores afectados.
Toda la legislación habla de productores en general, pero no determina qué se entiende por productor. Tremendo “detalle”: EL detalle. Se debe definir con precisión quién es el sujeto agrario al que queremos proteger y promover.
En esa definición el tamaño es el factor clave. Es en este nivel de imprecisión por donde se nos escabulle el latifundio. Porque productor es tanto Adecoagro -que trabaja 380.000 hectáreas- o MSU -que siembra 200.000-, como Juan Chacarero que cultiva 50 hectáreas, o Jose Hortelano que planta 1 hectárea de tomate en tierra alquilada. Es más que obvio que no son iguales ni se les puede ayudar a todos. Hay que diferenciar: no se debe tratar como iguales a los que son estructuralmente diferentes.
Esa nebulosa legislativa, idea de la que hablaba Scalabrini Ortiz, permite que se cuelen las asimetrías más injustas; y transforma en inocuos los fondos asignados para financiar emergencias y /o desastres agropecuarios. El tema es definir con claridad a quién ayudar, y salir de ese “socialismo de mercado” de que “el campo somos todos”. A quién va la plata es una decisión política; y el gran productor no lo necesita ni merece.
Además del tamaño, otra cuestión fundamental es NO confundir rentista rural con productor genuino. El rentista NO es productor. El rentismo es lo que predomina en cuanto a la forma contractual con que se encara la producción agraria.
Según Matias Lestani, ex vice ministro de agricultura (gestión Dominguez) y asesor técnico de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), el 70% de la producción se hace sobre tierras alquiladas. Es decir, no la trabajan sus dueños aunque funjan de chacareros.
Argentina padece (sììì, padece!!!) una agricultura de tres pisos: dueño de la tierra, contratista y pool o mega productor. Esta estructura nociva genera desarraigo, abandono rural y concentración de tierras y rentas.
No se puede tratar como iguales a productores de sofá, que a productores genuinos.
No es política pública virtuosa la que mide con la misma vara al que trabaja que al que no. Los rentistas agrarios no trabajan. Cómo puede ser que no se distinga al que arriesga, del que espera sentado la renta! Imposible de explicar seriamente.
Un gobierno que se precie de nacional y popular debe tener muy en cuenta estos criterios de selección en la ayuda con dineros públicos; y defender al auténtico productor. que no siempre es el dueño de la tierra. Los movimientos populares deben desterrar de su política agraria la falsa universalidad, que pregona la Mesa de Enlace, con la que pretende co-gobernar . No se puede hablar alegremente de “el campo” y de “productores en general” hay que saber diferenciar para poder ser justos: eso se llama DISCRIMINACIÓN POSITIVA.
La ayuda debe dirigirse a los pequeños y medianos productores “genuinos».
Allí deben ponerse los recursos, para que la TIERRA no se siga concentrando. Si la apuesta es por una agricultura de rostro humano, diversificada, que genere ARRAIGO, con más y menos productores, el camino es la segmentación de las políticas públicas. Un gobierno es más progresista cuanto más diferencia a sus productores por la magnitud de sus explotaciones.