Cuando la mentira es la verdad

Exclusivo: a dos años de la detención de Milagro Sala, el mapa de las quince causas

Compartimos nuevamente esta nota de Sabrina Roth / ElCoheteALaLuna.com / publicada en Enero 2018. Exlica muy bien el armado ficticio de causas, pero efectivo al contar Morales con un sequito de jueces y fiscales corrompidos

En los primeros dos años de su detención, Milagro Sala es o fue investigada en quince expedientes penales. Sólo tiene una condena por un escrache con huevos basada en un único testigo, empleado del gobernador Gerardo Morales y que mintió durante el juicio oral por lo menos en ocho oportunidades. En otras cuatro causas fue: absuelta en una, obtuvo falta de mérito en otra y en dos fue sobreseída. Las otras diez causas siguen trámite en distintas instancias judiciales en expedientes con graves problemas de prueba e irregularidades.

De los quince expedientes, Morales impulsó por lo menos seis: uno en forma directa, otro a través de su hijo abogado y cuatro a través del fiscal de Estado Mariano Miranda. En el resto, hay causas promovidas por el juez residual Pablo Pullén Llermanos, la Oficina Anticorrupción y cuatro denuncias por amenazas (inverosímiles), en una de las cuales Milagro Sala fue trasladada de la prisión a tribunales para una indagatoria justo cuando el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas mantenía una reunión en Jujuy con integrantes de los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil preocupados por el avance del estado de excepción en la provincia. Uno de los datos centrales de estos dos años fue el rol del Poder Judicial de la Provincia. Fueron los jueces y fiscales de Jujuy quienes durante sus más de 700 días de detención informaron de cada actuación a la prensa antes que a la defensa de Milagro Sala; elevaron causas a juicio oral que nunca hubiesen podido llegar a esa instancia y, entre otras irregularidades, decidieron sobreseer a personas procesadas después de haber denunciado a la dirigente social.

Hoy se sabe que ese poder judicial se estructuró alrededor del mandato de Morales. Como denunciaron las organizaciones defensoras de los derechos humanos ante los organismos internacionales que intervinieron en la causa, una semana después de asumir Gerardo Morales envió a la Legislatura provincial un proyecto para ampliar el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de cinco a nueve integrantes. En su conformación actual, cuatro supremos son ex diputados provinciales de la UCR. Una de ellas es Clara Langhe de Falcone, conocida como Titina, quien además es la presidente. Otros dos integrantes del STJ son Elizabeth Altamirano y Pablo Baca, que votaron el proyecto de ampliación enviado por el Ejecutivo, al día siguiente renunciaron a sus bancas y esa misma jornada pasaron de ser legisladores a jueces. El dato no es menor no sólo porque habla de la interdependencia del aparato judicial y el Ejecutivo, sino porque además en Jujuy no existe un organismo como el Consejo de la Magistratura. Aquí el máximo tribunal de justicia también es el encargado de juzgar a cualquier funcionario judicial al que se le abra un proceso.Y esa es otra de las razones por las que es uno de los poderes que se encuentra blindado.

El Cohete a la Luna presenta en esta edición un documento exclusivo con el mapa de las 15 causas de Milagro. Contiene los hechos por los que se la persigue y los datos que en todos los casos —de modo invariable— licúan cada acusación.

	Lo que dicen	Lo que es
1. Huevos	En 2009, Gerardo Morales acusó a Milagro Sala como autora de un escrache con huevos realizado en el edificio de Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En diciembre de 2016 los jueces Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz la condenaron a 3 años de prisión en suspenso por daño agravado por la rotura de 7 vidrios. El 22 de junio de 2017, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal —que garantizó la impunidad de Carlos Pedro Blaquier, acusado de ser cómplice civil de la dictadura—, rechazó los recursos de la defensa y revocó la prescripción del delito de amenaza, como solicitó Morales. El TOF de Jujuy tiene pendiente la resolución del expediente desde julio de 2017.	Durante el juicio oral realizado en diciembre de 2016 no se pudo probar que los autores del escrache hayan tenido alguna relación con la dirigente social ni con la organización Tupac Amaru. El fallo se basó un único testigo de cargo: René Cochinillo Arellano, quien ocultó ser empleado de Gerardo Morales y que, tal como reveló en una nota Horacio Verbitsky, recibió en los meses previos al juicio al menos un millón de pesos. De ellos, 822.000 pesos de origen desconocido y el resto en los sueldos pagados por los gobiernos de la provincia de Jujuy y el municipio de San Salvador, a él, a uno de sus hijos, Freddy Santiago Arellano, y a las parejas de ambos, Cristina Noemí Chauque y Soledad Seña.
2. Bombachas	En 2014 Milagro Sala fue acusada de amenazar a dos policías a los que supuestamente les dijo que iba a poner una bomba y hacerlos volar.	El 7 de diciembre de 2017 fue absuelta por el Tribunal Oral de Jujuy. Durante el debate, ni los denunciantes ni los testigos pudieron probar la veracidad de la acusación.
3. Acampe I	El 14 de diciembre de 2015, las organizaciones sociales iniciaron un acampe frente a la Casa de Gobierno en demanda de la continuidad de 20.000 puestos de trabajo de cooperativas de viviendas. Presentaron pedidos formales de audiencias el 24 y 30 de noviembre y otro cuando Morales asumió. El gobernador sólo respondió a través de los medios que no discutía nada con mafiosos. El 15 de diciembre, Milagro Sala, Emilio Cayo, Germán Noro y Alberto Cardozo fueron denunciados penalmente por el fiscal de Estado Mariano Miranda por instigación a cometer delito y sedición. El fiscal Darío Osinaga Gallagher instruyó actuaciones pero no los imputó al considerar que no había delito. El 12 de enero, Osinaga fue denunciado penalmente por el gobierno. En la causa, el gobierno afirmó que Milagro Sala desafiaba el orden democrático y al Estado de derecho e impulsó el desalojo de la protesta. El 16 de enero, a pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, el juez Raúl Eduardo Gutiérrez ordenó la detención de Milagro Sala e inmediatamente presentó un pedido de licencia. El impresionante operativo de detención con despliegue de las fuerzas de seguridad fue encabezado por el ministro de seguridad Ekel Meyer en compañía del secretario de seguridad, el coronel Guillermo Siri. Desde entonces, Milagro Sala se encuentra privada de su libertad.	A dos años del inicio de la causa, el único movimiento que tuvo el expediente fue el pedido del fiscal para que se dicte el sobreseimiento de todos los imputados menos de Milagro. Emilio Cayo se fotografió con Morales apenas detuvieron a la dirigente social. A los pocos meses German Noro pasó de integrar el bloque del partido que conduce la dirigente social a integrar el bloque del vicegobernador Carlos Haquim. Alberto Cardozo permanece detenido en una causa en la que en realidad fue víctima de una balacera.
4. Acampe II	En forma paralela a la causa penal, se llevó adelante una contravencional por el acampe. El 29 de diciembre de 2016, el juez contravencional Matías Ustarez Carrillo condenó a Milagro Sala y a la Tupac Amaru, sancionó a la persona jurídica de la Organización Barrial Túpac Amaru a pagar la multa máxima de 3.780 pesos y dispuso la clausura de la sede por tres meses. Y condenó a Milagro Sala a pagar la misma pena económica y a una inhabilitación especial para formar parte de sociedades jurídicas y asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas por tres años y tres meses. Una decisión que buscó proscribir a la dirigente por un tiempo superior al mandato pendiente de Morales. El 6 de enero de 2017, el juez Isidoro Arzud Cruz declaró la nulidad del juicio contravencional al entender que Milagro Sala fue juzgada por un Código que entró en vigencia después del comienzo del acampe, el 1 de enero de 2016. Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Juzgado Contravencional para anular la nulidad de Arzud Cruz.	La única condenada del juicio fue Milagro Sala y la Tupac a pesar de que más de 20 organizaciones sociales participaron y decidieron el acampe. El juicio implicó una doble persecución penal dado que existía una causa penal abierta por los mismos hechos, tal como lo determinaba el propio Código Contravencional de la provincia: en su artículo quinto señala que «cuando un hecho fuere sancionado por el Código Penal y el presente, será competente para su juzgamiento el juez competente para entender en el delito». Por último, el juez contravencional Ustarez Carrillo en realidad era un funcionario administrativo designado en el cargo en enero de 2016 por la administración de Gerardo Morales.
5 Asociación Ilícita	El 26 de enero de 2016, apenas unas horas después de haber sido excarcelada en la causa del acampe y sin recuperar su libertad, el juez Gastón Mercau detuvo a Milagro Sala por asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado. La imputación alcanzó también a Marcia Sagardia y a Mabel Balconte, una diputada provincial que asumió con el voto de la Túpac Amaru y poco después de la detención de Milagro aprobó todos los proyectos impulsados por la Alianza Cambiemos. El expediente se inició el viernes 15 de enero de 2016 entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche durante la feria judicial y en el despacho de la fiscal Liliana Fernández de Montiel. Ese día se presentaron en forma “espontánea” siete cooperativistas a denunciar a la dirigente social con declaraciones prácticamente idénticas.	La acusación fiscal no contiene datos de la supuesta extorsión ni elementos de la época en la que habrían sucedido los hechos. Sin embargo, la fiscal impulsó la causa por fraude y asociación ilícita; Mercau la procesó y la Cámara de Apelaciones confirmó la imputación en una resolución en la que sostuvo que Milagro Sala era «culpable» de los delitos por los que se la persigue aún cuando no se produjo el juicio oral. A pesar de sostener que Milagro «se robó todo» como dice el gobernador en cada una de sus declaraciones públicas, en estos dos años la justicia no encontró un solo peso de los supuestos millones robados.
6. Pibes Villeros	El expediente de «Asociación ilícita» se unificó con la causa llamada “Pibes Villeros”, que se abrió a partir de la difusión de un video en el que integrantes de la organización barrial retiran dinero en bolsos desde el Banco Nación. Esta causa también se acumuló con otro expediente vinculado con cooperativas de la ciudad de Palpalá por el que está detenida la dirigente Graciela López.	Las imágenes del banco que se difundieron en las pantallas de televisión como si fuesen un robo, en realidad eran parte de un trámite legal. Los cooperativas fueron a cobrar un cheque de la municipalidad de San Salvador de Jujuy tras la firma de un convenio de mejoramiento habitacional. El único hecho ilegal de la escena fue, en realidad, la difusión de las grabaciones registradas por las cámaras de la entidad bancaria.
7. Tentativa de homicidio	El 27 de octubre de 2007 dos bandas habrían intentado matar con un arma de fuego a Alberto Cardozo en el Barrio San Francisco de Alava. En el enfrentamiento fue herida una niña de 11 años. Por los hechos fueron procesados Fabián Ávila y Jorge Rafael Páes por lesiones culposas y abuso de armas. El procesamiento fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Jujuy. Ávila fue detenido en la vía pública, pero Páes permaneció prófugo hasta mediados de febrero de 2016. Lo capturaron en Salta y lo trasladaron a la provincia. En el expediente, cinco testigos —tres de ellos policías—, declararon haber visto a Páes bajar del auto y disparar contra Cardozo junto a Ávila. Pese a esto, el juez Pablo Pullen Llermanos toma indagatoria a Páes y acusa a Milagro Sala de haber enviado a Paés y a Ávila a dispararle a Cardozo. Inmediatamente, Paés recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y más tarde el magistrado ordena su sobreseimiento.	Fabián Ávila denunció al juez Pullén Llermanos en el marco de un hábeas corpus por extorsión: le dijo que acusara a Milagro Sala. Con estos elementos, el juez fue recusado por la defensa de la dirigente social. Como respuesta, Pullén Llermanos impuso una multa de 40.000l pesos a los defensores Paula Álvarez Carreras y Luis Paz por considerar que actuaron en forma maliciosa. Acusó a los abogados de usar el testimonio de una persona privada de la libertad que había estado prófuga. El argumento fue llamativo porque el propio juez decidió creerle a Paés —prófugo varios años más que Ávila— y en el marco de una declaración indagatoria en la que le asiste el derecho de no decir la verdad. Alberto Cardozo fue la víctima del ataque, pero resultó detenido en el marco de esta causa. Su esposa, Analía Tolaba, también denunció que a su marido lo torturaron y extorsionaron para que acuse a Milagro Sala como instigadora del hecho. Tolaba presentó la denuncia ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país en mayo de 2017.
8. Luca Arias	Luca Arias y Juan Carlos Maidana de la Corriente Clasista y Combativa denunciaron haber sufrido lesiones el 3 de julio de 2006 en el Ministerio de Infraestructura de la provincia mientras esperaban al ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini. La causa quedó a cargo del Juez de instrucción Marcelo Gutiérrez y se caratuló como lesiones agravadas por el número de personas. En la denuncia que dio inicio a las actuaciones, Milagro Sala fue mencionada como una de las personas que se encontraba en el lugar y los integrantes de la Tupac Amaru fueron señalados como quienes habrían realizado las agresiones. Esas personas nunca fueron identificadas. En el año 2009, se dictó la prescripción de la causa por al transcurso del tiempo. El 9 de marzo de 2016, Juan Carlos Maidana —que estaba privado de su libertad desde 2009 por un delito común—, presentó una nota ante el Juzgado Residual a cargo de Pablo Pullen Llermanos a fin de conocer el resultado de la causa de 2006. Maidana jamás se había presentado como querellante. Sin embargo, a partir de esa “inquietud” que surgió diez años después de los hechos, el juez ordenó desarchivar las actuaciones y emitió una resolución de nulidad respecto de la prescripción. De esa forma reactivó la investigación en 2016. Y acusó a Milagro Sala de ser coautora de lesiones gravísimas a Luca Arias. La causa sigue en trámite y Milagro es la única imputada. Durante el último año, la dirigente fue acusada como autora de agresiones sobre Luca Arias que supuestamente condujeron a su muerte ocurrida el 23 de abril del 2007, a diez meses de los hechos. Desde el diario Clarín, el periodista Gabriel Levinas definió la acusación de la agresión sugiriendo que habría terminado con la muerte de quien era además yerno del dirigente Carlos «Perro» Santillán.	La denuncia del diario Clarín fue desmentida por Luciana Santillán, esposa de Luca Arias e hija del dirigente de la CCC. El certificado de defunción de Luca señala que murió por una leucemia y no por los golpes. Como consecuencia de la nota, también el Partido Revolucionario Comunista emitió un documento para aclarar que Luca Arias no pertenecía ni al PCR ni a la CCC de donde fue expulsado el 1 de junio de 2006. En el comunicado también señalan que Juan Maidana nunca perteneció a la CCC. Y dicen que «luego de estos hechos, Luca Arias participó activamente en su movimiento, incluyendo en estas actividades viajes personales fuera de la provincia de Jujuy» y que «luego de un viaje a Buenos Aires fue internado repentinamente por una enfermedad en una clínica privada, donde fue atendido y después de varios días falleció el 23 de abril del 2007, a 10 meses de la agresión».
9. Megacausa Fellner	El expediente acusa a Milagro Sala de conformar una asociación ilícita con el ex gobernador Eduardo Fellner para cometer diversos hechos de defraudación a la administración pública. Entre los imputados también hay funcionarios del Ministerio de Planificación Federal como José López y Germán Nivello. Y cuatro intendentes de la provincia de Jujuy. La causa no tiene requerimiento de juicio y se encuentra en la primera etapa.	“La idea de que Milagro sea jefa de una asociación ilícita integrada por el gobernador, ministros e intendentes es bastante gráfica de la ridiculez de la acusación», señalaron sus defensores que exigen el pase de la causa a la órbita federal porque 1) la acusación involucra a funcionarios federales por hechos en el ejercicio de su función; 2) se trata de fondos federales enviados, supuestamente, como consecuencia de acciones previamente diseñadas para ser apropiados y 3) la provincia de Jujuy nunca rindió la ejecución de los fondos federales enviados y le causó un perjuicio económico a la Nación.
10. Secuestro de un bebé	En 2016 Pablo Pullen Llermanos inició una nueva causa contra Milagro Sala. En este caso le imputó el delito de «privación ilegítima de la libertad agravado por el fin y por el número de intervinientes en grado de tentativa, en calidad de determinadora directa». Bajo esta figura, la acusó de enviar a otras personas a secuestrar a un bebé.	Ante la evidente falta de pruebas para sostener la acusación, en noviembre de ese mismo año se vio obligado a dictar la falta de mérito.

11-13 Amenazas	En marzo de 2017, Milagro Sala se autolesionó en el penal del Alto Comedero. Ese día le avisaron que iban a imputarla en otras tres nuevas causas: en este caso de amenazas. En todas ellas, la acusaban de haber enviado a personas a amenazar a testigos de las causas. El Ministerio Público de la Acusación anunció las nuevas denuncias en conferencia de prensa.	Todos los hechos ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2016, es decir cuando Milagro Sala llevaba más de once meses detenida. A dos de los denunciantes ni siquiera los conocía y tampoco eran testigos de ninguna causa en su contra.
11. Amenazas I	Rosario del Valle Cari denunció que el 30 de diciembre de 2016 a las 2 de la mañana cuatro desconocidos se presentaron en su domicilio, apedrearon su vivienda, la insultaron y la amenazaron. Todo habría ocurrido un día después de contar en un programa de radio que en 2012 fue despojada de su casa en el barrio de la Túpac Amaru por órdenes de Milagro Sala.	Milagro Sala declaró no conocer a la denunciante ni haber escuchado nunca de ella. Por otra parte y según la denuncia, al momento de los gritos y amenazas no hubo una sola mención a Milagro Sala. Por último, ni siquiera existe una causa judicial del hecho de 2012.
12. Amenazas II	Otra denuncia acusa a Milagro Sala de haber persuadido a dos personas de sexo masculino con identidad a establecer a presentarse en el domicilio de Marta del Valle Gaite, a quien le habrían dicho que iban a matarla si no «cerraba el pico». Los supuestos hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2016 alrededor de la 1.30 de la mañana. Según Gaite, los dos hombres se presentaron a bordo de una camioneta marca Toyota Hilux que estacionó frente a su domicilio en el barrio Belgrano. Ella abrió la puerta al escuchar el gruñido de su perro y pensar que se trataba de un conocido. Dijo que las dos personas le apuntaron con un dedo, la insultaron y le advirtieron que le dijera a sus hijas que cerraran el pico. Al retirarse las personas le dijeron: “Este es un mensajito de la Flaca».	Al igual que el primer caso, Milagro Sala no conoce a la denunciante. El expediente tampoco tiene una sola prueba para acreditar las amenazas ni la participación de Milagro.
13. Amenazas III	La última denuncia de esta serie, acusa a Milagro Sala de haber inducido a Sebastián Sequeiros y a Mónica Cerdas a presentarse en el domicilio de Natalia Bazán para anunciarle que querían causarle la muerte y otros males. El hecho habría ocurrido el 25 de septiembre de 2016 alrededor de las 19 horas, cuando Bazán se encontraba con sus hijos en la puerta de su casa, en el barrio de la Tupac Amaru. Allí ella estaba lavando el auto con su pareja Miguel Sandro Enríquez. En ese contexto, sus vecinos Sequeiros y Cerdas habrían formulado las amenazas. Al ratificar su denuncia el 30 de enero de 2017, Bazán señaló que los denunciados “mantienen contacto con Analía Robles, mano derecha de Milagro”.	Milagro Sala negó los hechos. Y agregó en su defensa que desde que está detenida han aparecido por lo menos treinta personas a las que se acusa de ser su mano derecha. En este expediente el fiscal Osinaga Gallagher presentó el requerimiento de elevación a juicio pero el juez Jorge Zurueta declaró la nulidad de las indagatorias y del requerimiento del fiscal. Osinaga apeló. El fiscal de Cámara Miguel Lemir declaró desierto el recurso y devolvió el expediente al magistrado de primera instancia.
14. Amenazas en el penal	Este expediente comenzó en abril de 2017. Milagro Sala fue acusada de haber cometido amenazas reiteradas en el penal de Alto Comedero en el contexto de un enfrentamiento entre dos grupos de internas, entre las que no había ninguna vinculada con las integrantes de la Túpac Amaru allí detenidas. En ese supuesto enfrentamiento, Milagro habría amenazado a una detenida. Pese a que las amenazas no pudieron ser probadas, la causa fue elevada a juicio oral.	La defensa de Milagro Sala apeló la decisión y presentó un recurso ante la Cámara de Casación. En el expediente no se describen cuáles son las supuestas amenazas y son más los testigos que dicen que no existieron que quienes dicen lo contrario. Pero uno de los datos centrales de este expediente es que Milagro Sala fue trasladada al juzgado para ser notificada de esta causa el mismo día que estaba en Jujuy el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y recibía a sectores de la sociedad civil para escuchar la situación de violaciones a los derechos humanos en la provincia.
15. Lavado de activos	El 4 de enero de 2018 se desarrollaron 21 allanamientos en forma simultánea. Uno de ellos por cuarta vez en la que fue la residencia habitual de Milagro Sala hasta el momento de su detención. Los allanamientos se hicieron en el marco de una causa que se inició en febrero de 2017, pero no se conoció hasta el día del operativo casi un año después. La causa está en manos del juez Isidoro Cruz y del fiscal Diego Cussel que impulsó el pedido de allanamientos pocos días después del sobreseimiento del juicio de las bombachas. La orden incluyó un pedido de excavación alrededor del Dique La Ciénaga. El encargado de llevar adelante los operativos fue el fiscal de feria Darío Osinaga.	Los operativos se hicieron durante la feria judicial sin que exista detenidos en la causa ni que medie urgencia necesaria para estos procedimientos, tal como exige una acordada del Superior Tribunal de Justicia para el período de feria judicial. Pese a que las noticias de televisión difundieron que se hicieron 21 allanamientos a propiedades vinculadas con la dirigente social, sólo hubo uno: la casa de Cuyaya. Allí solo secuestraron boletas de luz, de teléfono y dos motocicletas sin valor comercial. Los medios también hablaron de más de 20 vehículos de alta gama que relacionaron con Milagro. Sin embargo, el auto de la diputada del Parlasur es un Smart que siempre estuvo en su declaración jurada y fue secuestrado en enero de 2016. Y el auto de su marido Raúl Noro fue secuestrado a mediados de ese año. La mayoría de los inmuebles y autos secuestrados pertenecen en realidad al empresario Guillermo Fiad, cuyo único vinculo con Milagro Sala es haber sido contratado en algunas ocasiones para realizar movimientos de suelo en la construcción de viviendas. El supuesto contador Diego Matus que apareció vinculado a la Tupac en realidad no era contador si no arquitecto, es familiar de Fiad y no tiene vínculos con ningún integrante de la organización.