El juez comercial porteño Javier Cosentino envió fuerzas federales a la refinería que Oil Combustibles posee en la localidad santafesina de San Lorenzo para “mantener la seguridad” ante los riegos ambientales que supone la paralización de la planta, informaron fuentes gremiales.
La llegada de gendarmes e integrantes de la Prefectura Naval al predio de San Lorenzo alertó a los trabajadores de Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, que creyeron se trataba de la “ocupación” del predio por parte de las fuerzas federales.
“Se armó un revuelo bárbaro, pero fue una mala comunicación, o a destiempo”, dijo el secretario de asuntos legales del Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), Héctor Brizuela.
El dirigente señaló que el arribo de las fuerzas federales obedeció a un oficio de Cosentino, en cuyo juzgado comercial se tramita el concurso preventivo de Oil, para “mantener la seguridad” de la refinería.
El juez “está tomando dimensión de la gravedad de tener eso parado”, dijo Brizuela, quien la semana pasada presentó un amparo ambiental en la justicia federal de Rosario al advertir sobre los riesgos para el medio ambiente que supone la paralización de la planta.
Un grupo de gendarmes desembarcó en la planta de la refinería mientras que prefectos lo hicieron en los muelles del puerto que posee la planta concursada de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza.
Mientras tanto, el juez Cosentino debe resolver los diferentes planteos sobre la continuidad de la petrolera o su quiebra. En tanto, la Afip sugirió al magistrado que el camino más conveniente es la declaración de la quiebra.
El organismo “no advierte otra opción que la quiebra directa como el modo menos perjudicial y dilatorio para lograr la preservación del patrimonio de la empresa”, señala el escrito presentado en el expediente.
Por su parte, un grupo de trabajadores referenciados en el Supeh –uno de los dos sindicatos con representación en Oil- presentó al juez un planteo para que se habilite la instancia de salvataje (cram down) y le pidió que otorgue la continuidad productiva en cabeza de una cooperativa de trabajo, alternativa prevista en la ley de Quiebras.
Finalmente, los ex administradores del fondo OP Investements, encabezado por Ignacio Rosner, también le solicitaron al juez que habilite el cram down con el fin de presentar una propuesta para volver a poner en funcionamiento la refinería.
En el expediente, la Afip le reclama a López y De Souza unos 8 mil millones de pesos –que actualizados con intereses llegarían a cerca de los 20 mil– retenidos de forma indebida por el Impuesto a las Transferencias de Combustible (ITC), que la empresa debía girar al fisco.
Ambos empresarios están procesados por el delito de “retención indebida” y ayer la Afip presentó una demanda civil por “daños y perjuicios” para que afronten con su patrimonio el daño producido al Estado.
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