Primeras acciones del Gobierno Provincial
El Gobernador Hermes Binner, firmó el Decreto de Autolimitación para el nombramiento de Jueces y un convenio con las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
El Gobernador Hermes Binner, firmó el Decreto de Autolimitación para el nombramiento de Jueces y un convenio con las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
EL GOBERNADOR FIRMÓ EL DECRETO DE AUTOLIMITACIÓN
El Gobernador de la Provincia, Hermes Binner, realizó importantes anuncios en el acto de firma del convenio marco de colaboración y cooperación con el ILANUD para combatir la inseguridad. En la ceremonia desarrollada en el Salón Blanco de la Casa Gris, el flamante mandatario cumplió, a poco más de 24 horas de haber jurado en el cargo, con varios de los temas propuestos durante su campaña.
“Fue firmado el Decreto de Autolimitación”, aseguró Binner, quien también confirmó que se envió a la Legislatura el pliego para que sea tratado el nombramiento de Jorge Barraguirre como Fiscal de Estado.
BINNER ORDENÓ EL RETIRO DE LAS VALLAS DEL FRENTE DE LA CASA GRIS
El gobernador de la provincia, Hermes Binner, ordenó retirar las vallas metálicas que cercaban la Casa de Gobierno desde el mes de abril de 2004 y supervisó personalmente el inicio de la tarea. De esta manera, el flamante mandatario cumplió con la promesa que había realizado al respecto antes de asumir sus funciones.
En diálogo con la prensa, Binner manifestó que el hecho de retirar el vallado es “un símbolo de la democracia, porque si un gobernador y sus funcionarios no pueden estar tranquilos dentro de un despacho, quiere decir que hay cosas que se están haciendo incorrectamente”. En ese sentido, agregó que “tenemos que aspirar a tener un diálogo fluido con la gente para poder solucionar sus problemas y no poner obstáculos que dificulten el contacto cotidiano”.
LA PROVINCIA RECIBIRÁ ASESORAMIENTO DE NACIONES UNIDAS PARA EL ABORDAJE DEL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD
El gobernador de la provincia, Hermes Binner, firmó este mediodía un convenio marco de colaboración y cooperación entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud). Durante el primer acto público de su gestión, llevado a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Binner declaró también huésped de honor al santafesino Elías Carranza, presidente de este instituto.
“Esta es una gran posibilidad para tratar los temas de inseguridad con la fortaleza que el tema requiere”, dijo el gobernador. “Para nosotros es un gran compromiso asumir plenamente este derecho de todos los habitantes de la provincia a tener la seguridad que requieren para poder desarrollar una calidad de vida acorde a lo que nos merecemos“.
A través de este convenio, la provincia se vincula con este instituto de prestigio internacional “para avanzar en la construcción democrática que queremos realizar”, aseguró.
Profundizando en la temática, Binner dijo que “el tema de la seguridad no es un problema de un sector o de un gobierno, es un problema de toda la sociedad. Con esta firma nos colocamos en un camino de diálogo y superación de uno de los grandes problemas de nuestra comunidad y que necesita comenzar a ser solucionado”.
Finalmente, el mandatario destacó que “la preocupación social es urgente y debemos respaldar políticas sociales en educación, salud, vivienda, trabajo, que permitan disminuir el grado de conflictividad social en el que nos encontramos. Este es un problema profundo y que debe ser abordado en su complejidad, por lo tanto lo social es un hecho fundamental, pero también las políticas específicas; tanto de prevención del delito como de tratamiento del delincuente ameritan tener políticas muy claras para defender a la sociedad”.
Profundo cambio institucional
Previamente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, dijo que “Santa Fe se encuentra embarcada en un cambio institucional muy profundo, fundamentalmente desde las áreas de mi ministerio y en lo atinente a la reforma del sistema de enjuiciamiento penal. También se trata lo vinculado a las niñas y niños en conflicto con la ley penal y el régimen de nuestro sistema penitenciario”.
“Estas áreas, a nivel de Naciones Unidas en nuestra región, han sido trabajadas e investigadas fundamentalmente por el Ilanud. Por eso pensamos que con el apoyo que tendremos de este instituto y del gobierno de Costa Rica, que es donde tiene su sede, podremos enriquecer este proceso de cambio, tratando que a la brevedad podamos exhibir un sistema de enjuiciamiento penal y un sistema penitenciario acorde a las exigencias constitucionales y a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Creemos que de esta manera comenzamos a cumplir con esta asignatura que, hasta el día de hoy, está pendiente”, remarcó Superti.
Sobre las acciones concretas a desarrollar, el ministro dijo que “la inseguridad emergente de una serie de circunstancias que, en la medida que se ataquen las causas, el resultado va a ser necesariamente que baje el índice de seguridad”.
“Entre las múltiples causas –continuó–, además de la exclusión social, que es una de las más importantes, se encuentra también la función que deben cumplir los establecimientos en la ejecución de la pena para evitar la reincidencia, y para evitar que ese tiempo en lugar de capitalizarse para mejorar a la persona, termine siendo, paradojalmente, algo que la coloca en situaciones más delicadas respecto al respeto de la ley”.
“También es muy importante el sistema judicial”, remarcó Superti, “porque en la medida que la impunidad se establece como un patrón, pareciera que baja el respeto a las normas. Para mejorar todo esto no solo se necesitan leyes, sino también un alto grado de capacitación de los operadores judiciales y de los operadores penitenciarios”, explicó.
Por último, el funcionario remarcó que “este convenio plantea la firma de otros convenios de intercambio, de experiencias y de capacitación. En la medida en que trabajemos en la capacitación de los operadores de todos estos sistemas, estamos convencidos que va a redundar en un índice menor de inseguridad. Creemos que ésta es la manera de abordarla siendo respetuosos, en esta tarea, de los derechos humanos de todos”.
Más acciones y mejores políticas
A su turno, el presidente del Ilanud, Elías Carranza, expresó “un gran entusiasmo y alegría por poder participar y colaborar con lo que quiere hacer el gobierno de nuestra provincia”.
“El Ilanud es uno de los cuatro institutos regionales que hay en las Naciones Unidas en esta materia: hay uno para Europa, otro para el Lejano Oriente, otro para África y uno para América Latina y el Caribe, este último con asiento en San José de Costa Rica”, comentó.
El Ilanud “promueve una justicia penal e instituciones del sistema penitenciario acordes con los instrumentos internacionales consensuados por la comunidad internacional”, explicó su presidente.
Respecto de la problemática a abordar, Carranza comentó que “desde mediados de la década de los ’80, desde México hasta la Argentina y Chile, hay en general, como tendencia y con algunas variantes, un aumento de la criminalidad. Esto se correlaciona directamente con una mayor inequidad en la distribución del ingreso. Está comprobado y publicado, es una correlación matemática”.
“En este marco, hay también sobrecarga laboral, sobrecarga penitenciaria. Además, en todos los países desde 1992 hasta 2007 hubo un crecimiento aceleradísimo de las tasas presos, lo que genera hacinamiento en la población penitenciaria con estallidos de muertes como los que conocemos”, agregó.
Carranza aseguró, además, que “Argentina y Brasil son los países que más aceleradamente aumentaron la tasa penitenciaria. Argentina casi triplicó su tasa, que en 1992 era de más de 60 presos por 100 mil habitantes, y ahora va por alrededor de los 170 cada 100 mil. Igual Brasil, y la mayoría de los países duplicaron esta tasa”.
“Sólo con políticas de mayor encierro y justicia penal no se resuelve el problema”, aseguró el santafesino. “Hay que hacer una justicia penal lo más sensata posible. Severa en los casos que corresponda, pero también muchas políticas sociales que reduzcan la brecha de la inequidad y que logren sociedades equitativas. Esto hay que hacerlo conjuntamente. No es una u otra, son ambas”.
“Y en eso nuestro Instituto puede colaborar con acciones concretas –confirmó–: estamos invitando al gobierno de la provincia mediante un programa de nuestro instituto a enviar un funcionario penitenciario a un programa de sida en cárceles que hay en Costa Rica. Estamos programando con los ministros, para abril, traer un taller penitenciario de capacitación en el que participen expertos de los países que tienen los mejores sistemas de justicia penal en el mundo, para el que vendrá el director del Sistema de Seguridad Penitenciaria de Suecia, entre otros”, anticipó Carranza.
Finalmente, el funcionario del ILANUD, comentó que “algo que pudimos comprobar en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza y a nivel nacional, es que a diferencia de otros países de la región, los sistemas penitenciarios en Argentina, por lo general, tienen una alta relación numérica presos-funcionarios, más o menos de 2 a 1 en estos lugares que nombré, que equivale a la relación que hay en los países de Europa occidental y Canadá, que son los países donde los sistemas penitenciarios funcionan mejor”.
Presentes
Del acto participaron también la vicegobernadora de la Provincia, Griselda Tessio; el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca; el ministro de Economía, Ángel Sciara; y el senador provincial por el departamento Rosario, Juan Carlos Zabalza.
También estuvieron el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantard; el rector de la Universidad Católica de Santa Fe, presbítero Gerardo Galetto; el presidente del Colegio de Abogados, Hugo Serafino; el padre Javier González Grenón, en representación del arzobispado de Santa Fe; el Jefe de Policía de la provincia, Daniel Cáceres; el subdirector del Servicio Penitenciario de la provincia, Walter Rossini; Martín Bettinelli, en representación de los Padres del Dolor; entre otras autoridades.
