Cuando los monstruos hablan (Reedición)

El genocida Jorge Rafael Videla entrevistado por el periodista español Ricardo Angoso y la revista Cambio. Expone su versión de la historia argentina, su interpretación de las atrocidades cometidas y sus justificaciones argumentativas de las violencias perpetradas. ¿Acto de fe, libertad de expresión o apologismo?

Enfrentado al postulado de Memoria, Verdad y Justicia que enarbola el gobierno argentino de la mano de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como del conjunto de organismos de Derechos Humanos de la Argentina, el exgeneral Videla cuestiona lo que él considera una disparidad revanchista en los juicios a los que se ha sometido a cientos de militares y policías por los hechos cometidos en los momentos previos y durante la dictadura que él presidió entre 1976 y 1981.

La Argentina vivió bajo las dictaduras de Onganía, de Levingston y Lanusse entre 1966 y 1973, año en el que el peronismo recuperó el poder tras ganar las elecciones. Perón, proscrito durante años, volvió al país y se encontró un país de extremismos. El guerrillerismo asomaba con el aliento esperanzador llegado de Cuba y la política obligada a ser vivida en la clandestinidad se expuso a viva voz. Pero las oligarquías acostumbradas a la mano dura tardaron muy poco tiempo en exigir nuevamente un golpe de estado, ya que tras la muerte de Perón, el gobierno de su mujer, Isabel era un desastre.

El siniestro exjefe del ejército sostiene que hubo una guerra entre la subversión y las instituciones nacionales e históricas del país. Relato que no se sostiene si examinamos el plan sistemático de exterminio llevado a cabo por las fuerzas armadas y que pretende justificar su brutalidad en las acciones de grupos armados como Montoneros, la FAP o el ERP.

Sus declaraciones victimistas, que intentan legitimar su accionar y desacreditar a la justicia argentina parecieran formar parte de la cruzada española para la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco. Tras sacarse de en medio al juez Baltasar Garzón, la nueva misión es acallar las voces que insisten en conocer la verdad sobre los hechos ocurridos durante los 40 años que duró la cruel dictadura y poder reconocer a las víctimas e investigar las culpabilidades correspondientes.

España no quiere pasar la página de su historia, parece preferir continuar escribiendo el presente en páginas manchadas de sangre. El frágil equilibrio de un país construido con una guerra civil y que fuerza a sus ciudadanos a sostener una mentira identitaria que dista mucho de la reconciliación necesaria para poder albergar sentimientos tan opuestos en el seno de una misma nación.

Ni olvido, ni perdón fue la militancia anamnésica que sostuvieron durante décadas las Madres de Plaza de Mayo, mientras los gobiernos elegidos por el pueblo luego de promover los juicios a la Junta, dictaban leyes de impunidad para los militares (Ley de Obediencia Debida y Ley de Punto Final), así como indultos que dejaron en la calle a los represores. La sensación de esos primeros años de los 90 en los que fueron liberados los máximos responsables del terrorismo de estado era que en poco tiempo, esos militares serían homenajeados y terminarían siendo considerados héroes.

Fueron años de desatada impunidad. El hecho de que se discutiera sobre un posible monumento a Videla provocaba una contradicción visceral en la cultura argentina, que veía como los vencedores por la vía de la violencia, seguían venciendo a través de la democracia. Esos empresarios que sostuvieron el golpe de estado y que se enriquecieron durante los años del Proceso de reorganización nacional, como fue autodenominada la dictadura, seguían teniendo el poder y seguían adueñándose de todo lo que tuviera valor en la Argentina.

En la entrevista con Ricardo Angoso, el exdictador confiesa esa colaboración empresarial, dirigida por el Ministro de Economía de la Junta militar, José Alfredo Martínez de Hoz y también expresa su agradecimiento con la Iglesia Católica, que sostuviera espiritualmente a los macabros asesinos y les sirviera de confesores y, así como también demostrara la justicia, de informadores.

Estas palabras permiten expresar, aún con mayor firmeza, la denominación de Golpe cívico militar y que abren nuevas líneas de investigación para juzgar también a los cómplices e instigadores civiles del genocidio cometido contra el pueblo argentino.

Esos son términos omnipresentes en toda discusión sobre las responsabilidades, las causas y los costos de la última dictadura argentina. Y son términos que en boca de ciertas personas tienen un peso u otro, tienen un sentido u otro y tiene una dirección u otra.

Cuando Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini o Tati Almeida, íconos de la lucha contra la impunidad y el olvido hablan de revancha, es en sentido negativo, en oposición a esa búsqueda de revancha de la que son acusadas por los represores argentinos.
Del mismo modo que cuando estos últimos hablan de reconciliación, en realidad están refiriéndose a ser exonerados de los cargos en su contra, ya que jamás han dado muestras de arrepentimiento, concordia o pacificación, insistiendo en nombrar a los desaparecidos como terroristas, subversivos o epítetos más soeces.

La reconciliación requiere conocer la verdad, necesita tener memoria y se sustenta en la justicia. Mientras los hechos aberrantes siguen siendo impunes no puede alcanzarse el estadio de la reconciliación, al que se accederá una vez desmenuzadas y sometidas al conocimiento público todas las barbaridades cometidas y aceptando que hubo conductas reprobables. No son sólo las víctimas las que deben reconciliarse para poder continuar su vida sin el peso del infortunio sobre sus espaldas, sino también es necesaria la aceptación del victimario de su accionar absolutamente erróneo y una suerte de pretensión redentora.

Esta suerte de equilibrio moral daría lugar a una reconciliación social, donde podrían convivir en igualdad de condiciones, las víctimas del terrorismo y los exterroristas que repudian y se avergüenzan de sus actos terroristas.

Finalmente, la justicia es el estamento bisagra de toda esta discusión. Los acuerdos sociales que permiten legitimar un sistema judicial de condenas y castigos articulan los parámetros de lo abominable y lo correcto, de lo justo y lo injusto.

Es la justicia la que repara, la que resulta un paliativo para la víctima, pero también para la sociedad que ampara a esa víctima y le permite recomponerse en la protección del colectivo. Incluso ampara al victimario, ya que dispone de una condena que lo evita del salvajismo vengativo que podría generar una sociedad menos civilizada, además de proporcionarle las herramientas para comprender cuáles son las conductas intolerables por el conjunto, permitiéndola al victimario reflexionar y poder entender lo torcido de su conducta. Algo que parece, aún, muy lejos de alcanzar el sanguinario Jorge Rafael Videla.

Es interesante descubrir en la entrevista que el formateo ideológico recibido por los genocidas latinoamericanos en la Escuela de la Américas por el ejército de los Estados Unidos sigue vigente y los que fueran enemigos a comienzos de la década del 70, lo siguen siendo en la actualidad. Cuba, Siria y Libia eran señalados por el excomandante en jefe del ejército argentino como los lugares de entrenamiento de la guerrilla subversiva. Cuatro décadas después el Pentágono sigue llevando a cabo su vendetta ideológica.