En Santa Fe hay que tener Fe

La clausura de la empresa Compañía Argentina de Granos Sociedad Anónima (Cagsa), situada en la localidad de Ricardone, es en alguna medida un grano de arena en el desierto en San Lorenzo…

La clausura de la empresa Compañía Argentina de Granos Sociedad Anónima (Cagsa), situada en la localidad de Ricardone, es en alguna medida un grano de arena en el desierto en San Lorenzo.

La medida además es exigua ya que 30 días no asegura los procesos de manera legal y regular, pero lo que es peor es la evidencia de que la Secretaría de Medio Ambiente provincial conocía todas las irregularidades. No es nuevo que en Santa Fe los organismos del Estado sean complacientes con la falta de apego a las distintas leyes y que los resultados sean al menos sospechados de corrupción por parte de las distintas autoridades.

La planta de acopio de cereales fue clausurada provisoriamente ayer por recomendación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente comprobara numerosas irregularidades relacionadas con la falta de medidas de salud y protección ambiental. En realidad la investigación surge por medio de la propia Defensoría ya que la misma constató el incumplimiento de numerosas normas ambientales de alto riesgo para la salud de los trabajadores y vecinos.
La Defensoría del Pueblo comenzó a trabajar en el caso en agosto de 2012, cuando un mujer de esa localidad santafesina interpuso una queja en la Sede Rosario de la institución donde denunciaba "daño grave a la salud y al ambiente, en forma de intereses simples, difusos, o colectivos, producidos por la emisión de partículas sólidas, semisólidas y pellets de cereal" por parte de la planta de cereales.

Luego de numerosas actuaciones, la Defensoría del Pueblo recibió desde la Secretaría de Ambiente respuesta a sus pedidos de informe. Entre otras cuestiones, la Secretaría informó que la firma "no cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental ni Restringido", ya que éste "se otorga una vez que la empresa cumple con un plan de gestión ambiental aprobado luego de un período de auditorías satisfactorias". En la información remitida a la Defensoría del Pueblo también se da cuenta de numerosas irregularidades y se denuncia el incumplimiento de obras elementales para el cuidado del medio ambiente.

Es por ello que el 7 de marzo al Defensoría recomendó a la Secretaría de Medio Ambiente que "adopte con carácter de urgente todas las medidas de su competencia para que se realice una Auditoría Ambiental" a la cerealera. También exhortó a "que se instruya sumario a los fines de la imposición de las sanciones correspondientes por los incumplimientos a la normativa ambiental vigente".

Dicha inspección fue llevada a cabo el 15 de marzo pasado. De ella participaron agentes de la Secretaría provincial de Medio Ambiente y un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Allí se labró el Acta Serie "A" Número 0412 en la que se indica que "se recorren las instalaciones de la empresa y se constata lo siguiente: 1) Las playas de camiones no cuentan con material pedregullo y no existe mantenimiento; 2) Existen cargas de granos al aire libre y algunas cargas y descargas con cerramiento parcial sin sistema de aspiración; 3) Existe sistema de fumigación con fitosanitarios conectado en carga de camiones; 4) Los sistemas de aireación de silos y ventilación de secadora no se encuentran insonorizados; 5) Las secadoras cuentan con supresión de polvo y una de ellas no posee sistema de recolección de polvo; 6) No se acredita en planta documentación de la gestión de limpieza, residuos sólidos, control de roedores y mediciones de calidad de aire y ruidos molestos; 7) La cortina forestal perimetral existente es parcial; 8) Se observa en distintos lugares de la planta presencia de roedores muertos, envases vacíos de agroquímicos y cargas de granos al aire libre con equipos móviles, con dispersión de material particulado suspendido en aire en sector de celdas; 9) Existen dos tanques de combustible de 20.000 lts. cada uno con sistema de contención antiderrames cercana al área de almacenamiento de agroquímicos; 10) Existe galpón de acopio de envases vacíos y llenos de agroquímicos con sistema de contención de derrames situado al aire libre sin protección".

Esto motiva una nueva Resolución de la Defensoría del Pueblo, la 067, que señala "que, de la inspección realizada, surge que el establecimiento de la localidad de Ricardone continúa incumpliendo la normativa ambiental vigente, existiendo peligro actual e inminente de que, de seguir funcionando en esas condiciones, se causen graves daños al ambiente". En base a ello, el Artículo 2° de la mencionada Resolución recomienda "al Secretario de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe que, atento a la existencia de daño actual e inminente al ambiente, proceda en ejercicio de sus facultades legales a clausurar en forma total o parcial el establecimiento". Y el Artículo 3° dispone "notificar la presente al Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe a los fines de garantizar los derechos de los trabajadores" de la firma, "específicamente la remuneración por sus tareas, para que no se vea afectada la misma por la eventual clausura que se disponga por exclusiva culpa del empleador, que sistemáticamente ha incumplido la normativa ambiental vigente y los Planes de Gestión Ambiental presentados ante la autoridad de aplicación en 2008 y 2011".

Finalmente, y actuando en respuesta al pedido de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Medio Ambiente dispuso la clausura de la planta cerealera. "Es una cerealera que nosotros venimos controlando desde hace un tiempo, han incumplido todo. Hasta ahora ha habido unas cuantas inspecciones y de las inspecciones se han propuesto planes que no fueron aceptados por la Secretaría de Medio Ambiente", explicó Bistoletti al respecto. Al enumerar algunas de las irregularidades detectadas, el Defensor del Pueblo indicó: "Encontraron roedores muertos en varios lugares, encontraron que las playas de camiones no tiene el famoso pedregrullo, que la fumigación con fitosanitarios está conectada a la carga de camiones y que eso hace que el polvillo se escape. Encontraron que una de las secadoras no posee un sistema de recolección de polvo, no se acredita que hagan limpieza de residuos sólidos, control de roedores, calidad del aire. Tienen presencia de envases vacíos de agroquímicos" sin tratar.

En ese sentido, Bistoletti evaluó: "La intención de esta Defensoría es tratar de que la cerealera cumpla, que siga funcionando, que genere puestos de trabajo pero que los vecinos también puedan vivir sanamente, sin ruido, sin polvillo, sin que ese polvillo contenga agrotóxicos. Lo que queremos es que cumplan con la ley como deben hacerlo y por supuesto que sigan generando puestos de trabajo".