La asistencia del Gobierno a jubilados para hacer frente a la inflación se ve desbordada por la suba de precios.
Hay 1,4 millones de personas que no alcanzan a compensar la trepada del IPC a pesar de los bonos, mientras que 1,2 millones no cobran adicionales y en el último año y medio perdieron 17 puntos de poder adquisitivo. Por qué es urgente cambiar la meta fiscal con el FMI.
La aceleración inflacionaria cada vez más grave que padece la economía nacional es otra razón de peso para cambiar de manera urgente la meta fiscal del acuerdo con el FMI. Las políticas de compensación de ingresos del Gobierno para mantener a flote el poder adquisitivo de sectores populares resultan desbordadas con tanta inflación. La clave, obviamente, es detener esa dinámica del IPC, pero mientras tanto es esencial ampliar la asistencia a la ciudadanía y para ello se requiere de un aumento del gasto público.
Esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, anunciaron el incremento de jubilaciones, asignaciones y pensiones para junio, en función de la ley de movilidad.
El alza será del 21 por ciento (20,92), contra una inflación que en este trimestre (abril-junio) se ubicará entre 5 y 6 puntos por arriba de ese nivel. Para compensarlo, el Gobierno mantendrá y ampliará los bonos que cobran aquellos que ganan el haber mínimo, con suplementos de 15 mil pesos en junio, 17 mil en julio y 20 mil en agosto. También habrá adicionales para quienes perciben hasta dos haberes mínimos, de manera decreciente hasta 5 mil pesos.
Esa estrategia tiene efectividad plena para neutralizar el alza del IPC solo en el primer grupo, los jubilados de la mínima, que son el 65 por ciento del total, unas 4,8 millones de personas. En su caso, contando el aumento de junio y los bonos, en el último año sus ingresos escalarán 130 por ciento, en tanto que el IPC quedaría levemente por debajo de esa cifra.
De ahí en más, la medida va perdiendo impacto entre quienes perciben hasta dos haberes mínimos, que son casi otro 20 por ciento de jubilados, 1,4 millones de personas. El 16 por ciento restante, 1,2 millones, no cobran ningún bono y su situación se ha ido agravando al mismo ritmo que trepa el índice de precios al consumidor.
Los casos
La jubilación mínima a partir de junio será de 70.983 pesos, a lo que se suman los bonos citados anteriormente. Pero aquellos que cobran más de dos haberes mínimos, es decir más de 142 mil pesos mensuales, seguirán sin asistencia del Estado y sufrirán una grave erosión de su poder adquisitivo. En 2022, este amplio sector de jubilados soportó una caída de ingresos de 11 puntos en términos reales. La inflación el año pasado fue del 94,8 por ciento, pero la movilidad previsional otorgó incrementos de solo el 72,5 por ciento.
En el primer semestre de este año, la situación sería incluso más grave. El aumento de jubilaciones por la movilidad fue del 17,04 por ciento en marzo, contra una inflación del 21,7 por ciento en el primer trimestre. Para el período abril-junio la recomposición de haberes anunciada esta semana es del 20,92 por ciento, en tanto que la inflación proyectada para el período era del 23,5 por ciento según la encuesta de expectativas de mercado del Banco Central. Este último número seguramente será corregido al alza porque las consultoras y especialistas habían estimado una inflación del 7,5 por ciento en abril, pero este viernes se conoció que fue casi un punto más alta, con 8,4 por ciento.
Por lo tanto, la distancia entre el aumento de la movilidad y la inflación se hace cada vez más amplia y la pérdida de poder adquisitivo para los jubilados que no cobran bonos es peor. En el primer semestre se ubicará en no menos de 5 puntos y podría llegar a 6 o 7 puntos si la inflación se mantiene en los niveles del mes pasado. Por lo tanto, en un año y medio estos jubilados perderán 17 o 18 puntos en sus haberes en términos reales.
En esta situación se encuentran, como se dijo más arriba, aquellos que ganarán más de 142 mil pesos mensuales desde junio, hasta la jubilación máxima fijada en 477.347 pesos desde ese mes. Como se observa, no son sectores privilegiados que puedan asimilar la caída de sus ingresos con facilidad.
Un poco menos sustancial es la pérdida de poder adquisitivo para los jubilados que cobran entre una y dos jubilaciones mínimas, ya que reciben un proporcional de los bonos de compensación, pero igualmente sus ingresos quedan por debajo de la inflación. Por ejemplo, aquellos que ganan solo 5 mil pesos más que la mínima, es decir 76 mil pesos mensuales, con el aumento de junio más el bono igualmente perderán frente al IPC, ya que en el semestre tendrán un aumento del 42,9 por ciento y la inflación apunta a superar el 50 por ciento.
Las fórmulas
La fórmula para los aumentos jubilatorios aprobada durante este gobierno, de todos modos, resulta mejor que la anterior, sancionada en el gobierno de Juntos por el Cambio. Con el sistema que se impuso cuando Mauricio Macri era presidente, los haberes previsionales hubieran aumentado 239,9 por ciento entre 2021 y el primer semestre de este año. En cambio, con la fórmula actual el incremento llegará a 272,8 por ciento.
La comparación fue realizada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). «Con la nueva ley, la jubilación mínima llegará a 70.983 pesos en junio. Con la ley anterior, la movilidad hubiese sumado 64.644 pesos, es decir, 6338 pesos menos«, señala el estudio.
«Asimismo, la jubilación media alcanzará, con la nueva ley, 109.531 pesos en junio, y hubiese sumado 95.914 pesos con la anterior, es decir,
una diferencia de 13.616 pesos«, agrega.
Finalmente, el CEPA advierte que «en la serie acumulada de diferencias desde inicio de 2021 (aplicación de la nueva
ley) a la fecha, los jubilados hubiesen recibido con la antigua ley 83.243 pesos menos
en el caso de la jubilación mínima y 156.386 pesos menos en el caso de la jubilación media».
En la gestión de Macri, las jubilaciones perdieron 19,5 por ciento en forma generalizada y el PAMI dejó de entregar medicamentos gratis, como ocurría en la etapa anterior, con Cristina Fernández de Kirchner. La actual administración recuperó esta última política, y también el plan de inclusión con la nueva moratoria, pero no pudo evitar que un tercio de los jubilados siguieran perdiendo poder de compra y dos tercios apenas mejoraran contra la catástrofe de 2018 y 2019.
El debate
Hernán Letcher, al frente del CEPA, advierte que «con los niveles de inflación que tenemos, ningún esquema de compensación parece suficiente, que es lo mismo que les pasa a los trabajadores activos». «La limitación fiscal que impone el acuerdo con el FMI es parte del problema», agrega.
Para Miguel Fernández Pastor, experto en materia previsional y ex funcionario de la Anses, «el problema de los bonos es que tarde o temprano van a dar lugar a nuevos juicios como Badaro», en referencia al reclamo que hicieron miles de jubilados durante el gobierno de Néstor Kirchner cuando todavía no se había aprobado la ley de movilidad y la Corte Suprema ordenó compensar a quienes no habían recibido los aumentos por decreto. También destaca que al no quedar incorporados a los haberes, los adicionales podrán ser removidos por el próximo gobierno solo evitando su renovación.
Por su parte, Federico Bobrovsky, abogado previsionalista, entiende que «el sistema jubilatorio no está divorciado de lo que ocurre en la economía real, por eso es tan importante fortalecer las políticas productivas que generan empleo». «El achatamiento de la pirámide salarial le facilita la tarea a los sectores neoliberales que buscan ese esquema, con tasas de sustitución bajas para la mayoría y esquemas de aportes privatizados para unos pocos», concluye.
Por David Cufré. Página|12
